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martes, 11 de julio de 2017

El PRI no deja ir al México de antes, Eugenio impune y sin problemas

Hugo Páez

   

Eugenio pertenece al club.
En esa membresía de tres colores patrios, si mantienes la continuidad y no pierdes la gubernatura de tu partido, estás del otro lado y tienes garantizada la impunidad.
Eso pasa con el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores. Lo busca la justicia de Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, transmisión ilegal de dinero y defraudación bancaria, pero NO el gobierno mexicano.
Eugenio ganó la gubernatura para el candidato del PRI Egidio Torre Cantú, y NO tiene cargo alguno que amerite solicitud de orden de aprehensión, de los procuradores con gran nexo partidista: Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade.
Se pasea con una amplia sonrisa, sin problemas en este país, pero NO puede poner un pie en Estados Unidos, bajo riesgo de correr la misma suerte que el ex Fiscal de Nayarit Edgar Veytia, detenido en San Diego por tráfico de cocaína, heroína y mariguana, protegido del gobernador Roberto Sandoval, y sin ningún cargo en México.
A Eugenio le espera una orden de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas en Corpus Christi.
En el 2009, en el penúltimo año como gobernador de Tamaulipas, la SEIDO de PGR investigó sus vínculos con el Cartel del Golfo y el de los Zetas, una faena cuesta arriba, cuando se tiene el control del estado y la ‘autonomía’ construida para resguardar todas las pillerías, y hacer imposible la rendición de cuentas, sobre todo cuando no hay transición de partido en el gobierno.
El 20 de abril comenté en este espacio en la columna “Sin transición NO hay rendición de cuentas de gobernadores” (http://ow.ly/OmgA30dvzEN), es el caso del ahijado y sucesor de Tomás Yarrington Ruvalcaba, y el de muchos otros.
En esta lógica, nunca sabremos si Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México y Rubén Moreira en Coahuila -en caso de no anularse la elección-, se mantuvieron al margen de corrupción, desvío de recursos, tráfico de influencias, nexos con el crimen organizado, y todas las marranadas que brotaron y siguen brotando en las administraciones de Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
¿Acaso alguien espera que Alfredo del Mazo Maza y Miguel Riquelme Solís investiguen a fondo a Eruviel y Moreira..?
La nueva frase preferida del priismo para justificar las trapacerías, es: “Eso era en el México de antes”.
Con Eugenio, y la desanimada acción federal contra César Duarte, más lo que viene en los estados sin transición, comprobamos que: el México de antes, sigue en el México de hoy. Punto.
No hay más que ver las resistencias contra la autonomía y operación del Sistema Nacional de Corrupción, y la indefinición del Fiscal Anticorrupción en el Senado, bajo la presidencia del Verde Pablo Escudero Morales, y el control de las bancadas de Emilio Gamboa Patrón y César Camacho Solís en Diputados, para entender que en realidad se trata de un juego dilatorio para mantenernos en “El México de antes”, el que más les acomoda, en el México de hoy.
   
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lunes, 3 de julio de 2017

Luis María Aguilar puede despejar dudas sobre 500 órdenes para espiar

Hugo Páez
    
Cientos de órdenes de jueces federales especializados en intervención de comunicaciones, debieron emitirse a la PGR, el CISEN y la Sedena, por el Consejo de la Judicatura Federal de Luis María Aguilar.
Los registros, con folio, fecha, y dependencia solicitantes, pueden despejar importantes dudas sobre el uso del software Pegasus, aún cuando se omitan algunos nombres por secrecía de nombres, eso lo decidirá el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y la autonomía de conducción del CJF.
El sistema de espionaje fue adquirido por la PGR de Jesús Murillo Karam, el 29 de octubre del 2014, a travéz de la empresa Grupo Tech Bull SA de CV, con capacidad para 500 objetivos de manera simultánea.
Y para aclarar interrogantes sobre el presunto espionaje a periodistas, activistas de derechos humanos, políticos y ONG´s, la Judicatura podría informar si los nombres de los quejosos fueron incluídos por la dependencia identificadas como usuarios: la de Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade (PGR), Eugenio Imaz Gispert (CISEN) y Salvador Cienfuegos Zepeda (Sedena).
Las especificaciones técnicas del paquete, inducen a que al menos 500 órdenes judiciales debieron ser ‘obsequiadas’ -como se usa en la jerga- para explotar en su mínima expresión los 500 ‘objetivos simultáneos’, a un costo de 32 millones de dólares (592 millones de pesos), esto es, más de un millón de pesos, por objetivo.
Eso sí el uso simultáneo fue de una ronda de objetivos, en cambio, si calculamos que la ronda varió cinco veces de nombre, estamos hablando de 2 mil quinientas órdenes judiciales.
En aras de la transparencia, la PGR, el CISEN y la Sedena también podrían informar el registro de las órdenes emitidas por los jueces a sus dependencias.
Cualquier estructura administrativa que elabore una adquisición de 500 posiciones simultáneas, debe tener capacidad para utilizarla más de una vez.
Esto es, la capacidad del malwere Pegasus que ‘infecta’ teléfonos, correos, mensajería y es capaz escuchar y grabar por cámara y micrófono de los dispositivos electrónicos, alcanzaría para monitorear constantemente a más de 15 cabecillas del crimen organizado en el mapa delictivo, en cada uno de los 31 estados y la CDMX, al mismo tiempo.
Todo un proyecto robusto si tomamos en cuenta que en el 2014 la PGR informó que tenía una lista de 122 delincuentes ‘más buscados’.
Han pasado 28 meses desde marzo del 2015, fecha en que se terminó de implementar el software y la capacitación de 25 elementos de la PGR, entre ellos a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a cargo de Tomás Zerón de Lucio, heredado por Murillo Karam a Arely Gómez, quien designó a Christian Noé Ramírez Gutiérrez para el manejo del malware.
El 14 de septiembre del 2016, Zerón de Lucio renunció a la AIC agobiado por el dudoso manejo del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. A partir de la fecha tomó posesión nada menos que de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional.
Según el informe de Citizen Lab, en diciembre de 2015, un mes después de la entrega del sistema Pegasus, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), recibió dos mensajes intrusivos de SMS.
En febrero de 2016, los otros activistas y periodistas empezaron a recibir mensajes análogos con enlaces a Pegasus: Alexandra Zapata del Imco, Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro Pro; Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor; Simón Barquera, del Instituto de Salud Pública, y los periodistas Carlos Loret de Mola, Sebastián Barragán, Rafael Cabrera y Salvador Camarena. Carmen Aristegui y su hijo recibió mensajes en 2014 y 2015, antes de la implementación. Posteriormente, la diputada del PAN Brenda Velázquez Valdez presentó una denuncia por espionaje a periodistas, además de Ricardo Anaya Cortés y Fernando Rodríguez Doval.
El sentido común dice que ninguna dependencia federal solicitó orden judicial para espiar a estos ciudadanos, pero habrá que descartarlo mediante peticiones de información a las dependencias acusadas y al Consejo de la Judicatura Federal. Y de existir esas órdenes, bajo qué criterios fue la solicitud de la orden, y el del juez para obsequiarla.
El espionaje no es ilegal si existe orden de un juez calificado. En el caso de Pegasus hablamos quizá de miles de órdenes solicitadas y obsequiadas por la institución de Luis María Aguilar. ¿Existen..? una pregunta fácil de responder.
   
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jueves, 24 de septiembre de 2015

Padres de 43 de Ayotzinapa llegan divididos con Peña Nieto

Hugo Páez

Divididos en dos bloques por pugnas internas llegarán hoy al Museo Tecnológico de la CFE los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre del 2014 a la segunda reunión con Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Arely Gómez y Roberto Campa Cifrián.
Los desencuentros aumentaron por el protagonismo de Felipe de la Cruz y Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas de desaparición forzada, y la sospecha de apoyos de asesores “expertos” de Venezuela y Cuba.
La estrategia de Vidulfo y de la Cruz encaminada a levantar el movimiento muy apagado antes del reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que invalida las conclusiones de la investigación del ex procurador Jesús Murillo Karam y el titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio, provocó mayores tensiones entre los padres.
En la división se agruparon los menos radicales, los que evitan la bandera política y centran el esfuerzo en exigir la verdad de los hechos y en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos en Iguala y Cocula.
Vidulfo y de la Cruz decidieron de organizar una búsqueda exhaustiva durante 43 horas de los estudiantes desaparecidos, sin informar al segundo grupo que estaba de acuerdo con el ayuno de 43 horas continuas.
Fuentes de inteligencia comentan a esta columna que en el caldo de cultivo aparecen voces extranjeras que hablan al oído de las cabezas del movimiento para tensar la situación al extremo.
En este escenario se dio el martes la provocación en la carretera de Tixtla y el traslado de cerca de 500 jóvenes a Chilpancingo para destrozar las oficinas de la Fiscalía de Guerrero. La templanza de las Fuerzas Federales se mantuvo para evitar a una nueva víctima del movimiento.
Una tragedia rebasaría fronteras en beneficio de los radicales y seguramente llamaría la atención del Papa Francisco de visita en Estados Unidos hasta el próximo domingo.
El 12 de noviembre del 2014 Jorge Bergoglio expresó su dolor por los normalistas de Ayotzinapa durante la audiencia pública en la Plaza de San Pedro en la Santa Sede,con esa referencia en las últimas horas las madres de normalistas buscan un encuentro con el Papa en el marco del Encuentro de las Familias.
Esa “asesoría” extranjera que presuntamente aceptaron las cabezas del movimiento aprovecha situaciones con potencial de crisis extrema. El 25 de febrero del 2010 comenté en esta columna (http://goo.gl/h1Eck9)  la aparición de venezolanos en el periodo preelectoral del 2006 que aumento potencia con la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la república.
No hay datos o información alguna de que el candidato del PRD pidiera o aceptara esos apoyos, de hecho la aparición de esas células bolivarianas le hizo daño y López Obrador negó públicamente algún acercamiento con Hugo Chávez. Pero ahí estuvieron al acecho.
El proselitismo fue evidente, las células de Venezuela siguieron en operación en la UNAM organizados por Guadalupe Carrasco “La Pita”, de hecho viajaron a Caracas para afianzar proyectos. El mismo grupo de donde salió Lucía Morett Álvarez a un campamento terrorista de las FARC de Colombia atacado en Sucumbío, frontera con Ecuador el 1 de marzo del 2008, en el que resultó herida Morett y repatriada a México, con un saldo de 25 muertos.
El rector José Narro Robles dejó pasar al grupo financiado y promovido por el entonces embajador venezolano en México Roy Chaderton, actualmente representante del gobierno de Nicolás Maduro en la OEA.
En agosto del 2012 un grupo identificado como Padres de las Víctimas de Sucumbíos protestó frente a la embajada de Ecuador en México en repudio por la contratación del general colombiano Oscar Naranjo Trujillo como asesor de seguridad de Enrique Peña Nieto.
Hoy será un día decisivo en la crisis de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Los acuerdos con Enrique Peña Nieto o la ausencia de ellos marcarán el futuro de un movimiento con una fuerte tendencia a incidir en la vida política de México en la que aparecen nuevos actores que prenderán alertas de seguridad nacional.
La esperanza está en los padres con auténtico reclamo de justicia, esos que con valentía rechazan convertirse en bandera de radicalismos y pretexto para la violencia, a pesar de las enormes presiones en su contra.
Esperemos que prevalezca la cordura, la razón y el compromiso de Peña Nieto para encontrar la verdad, no la histórica, no la que trata de convencer a todos. La simple y llana verdad, caiga quien caiga.
   
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martes, 8 de septiembre de 2015

PGR punto crítico de cinco sexenios, 14 procuradores y el remate en Ayotzinapa

Hugo Páez


Fortalecer a las personas y no a las instituciones es una tendencia de los gobiernos federales que no pueden erradicar el amiguismo. La Procuraduría General de la República es una prueba fehaciente de ello, en los últimos cinco sexenios -27 años- la duración promedio del procurador es menor a dos años, por lo tanto, la probabilidad de error al nombrar al próximo Fiscal General de la Nación por un periodo de nueve años será enorme, en una institución construida como una maquinaria insidiosa que logra sobrevivir a los intentos de limpieza, y termina por enfadar o contaminar a la cabeza
Los defensores de la iniciativa dirán que se trata de evitar las recurrencias de PGR y de no errar el perfil, que el propósito es designar a una personalidad honorable, profesional y autónoma, pero desde el momento en que el Senado elija al grupo de 10 nombres y los envíe al Ejecutivo para que regrese una terna y el Legislativo designe, surgirán dudas sobre los elegidos o el “inducido” que mantendrá el cargo durante nueve años.
Los desatinos son brutales.
El Informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa de nuevo ponen en tela de juicio la actuación de la Procuraduría. En las prisas por dar carpetazo a la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Jesús Murillo Karam tomó la bandera de una verdad más sospechosa que histórica, cualquier experto en cremaciones, no a modo, dirá que la tesis de la incineración de decenas de cadáveres reducidos a cenizas, en condiciones de campo abierto, sin tecnología, presenta dificultades tremendas. Ese punto débil que cualquier asesor en la materia hubiera echado abajo metió en otra crisis al gobierno federal.
En el otro caso insignia en el actual gobierno, la PGR y el subprocurador Alfredo Castillo Cervantes se aferraron a culpar a Elba Esther Gordillo de lavado de dinero, un delito muy difícil de probar, aquí lo señalamos en tiempo y forma mediante consulta de un experto. La PGR y determinó agregar el delito de delincuencia organizada.
La paradoja electoral de los últimos años es: si los ciudadanos perdieron la confianza en los partidos, y la credibilidad del Ejecutivo está en crisis, fue el caso de Jaime Rodríguez “El Bronco” en Nuevo León, el estado más importante el 7 de junio, de qué forma podría surgir un Fiscal con la confianza ciudadana.
En los cinco sexenios la PGR pasó por 14 nombramientos. Enrique Peña Nieto lleva dos procuradores en tres años con resultados sumamente cuestionados. Carlos Salinas de Gortari nombró a cinco: Enrique Álvarez del Castillo, Ignacio Morales Lechuga, Jorge Carpizo MacGregor, Diego Valadés Ríos y Humberto Benítez Treviño.
Ernesto Zedillo Ponce de León a Antonio Lozano Gracia y Jorge Madrazo Cuéllar; Vicente Fox Quezada a Rafael Macedo de la Concha y Francisco Javier Cabeza de Vaca; Felipe Calderón Hinojosa a Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez; y Peña Nieto a Murillo Karam y hasta el momento a Arely Gómez González.
Los presidentes buscaron cabezas fuertes, no fortalecer a la Institución. Entiendo que el propósito de la Fiscalía General de la República es fortalecer la autonomía de gestión, pero nos van a enquistar a un tipo por nueve años, con altísima probabilidad de responder a intereses específicos. Bajo esta perspectiva es de repensar en periodos más cortos, y que el propósito transexenal lo determine la reelección.

   
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martes, 10 de febrero de 2015

La ciencia contra la paciencia del Procurador

Hugo Páez

A quien le importan las conjeturas pseudo científicas de la Procuraduría General de la República en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, frente al rigor de la Antropología Forense..?
Las dos visiones, los dos objetivos: el científico y el de la autoridad de seguridad pública, mantienen enfrentadas a la opinión pública por dos razones: Primera, el gobierno federal cumple un propósito político, sustentado en principios legales, que no necesariamente están soportados por procesos estrictamente científicos.
Segunda, el rigor de la Antropología Forense no tiene plazos de conclusión, y, en una diversidad de casos como el de Cocula, la contaminación de los sitios, la falta de pruebas concluyentes y la manipulación de objetos y circunstancias, no coinciden con la conclusión que presentaron Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio. Así fue expuesto el viernes en un documento con siete inconsistencias por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Para la PGR el caso cierra una etapa de conclusiones con una verdad histórica basada en declaraciones y elementos probatorios que no tienen el aval del EAAF.
Si persiste la molestia en la autoridad y el gobierno federal por diferencias con los Antropólogos Forenses, pues que lástima. La verdad histórica antes de Johannes Kepler, durante cientos de años, era que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra, después del científico alemán prevalece la verdad científica de los planetas orbitando el Sol.
La certeza legal de la PGR concluye que los restos del basurero de Cocula, trasladados al río de la entidad en bolsas -algunos de los cuales fueron depositados en el caudal- corresponden a los estudiantes presuntamente ejecutados y calcinados, esa  es la conclusión oficial de la Procuraduría, no del estudio científico, ni tampoco de un juez.
El estudio forense siembra dudas que reclama Murillo Karam, pero el rigor científico no tiene nada que ver con las prisas del Estado Mexicano ni con la molestia de ver postergado el carpetazo final.
Y si eso permite que los padres de las víctimas de Ayotzinapa y grupos aprovechados mantengan vivo el movimiento y todo lo que implica, inclusive lucro político, económico y más, pues que lástima, la Antropología Forense no certifica la postura de PGR, y probablemente nunca lo haga, simplemente no hay datos concluyentes.
El gobierno federal está presionado por el calendario electoral y el por factor de riesgo que implica mantener abierto el caso Ayotzinapa, así es, y no habrá forma de darle certeza científica. Murillo y Zerón tendrán que vivir con eso, con la verdad oficial plagada de dudas.

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martes, 2 de diciembre de 2014

Es legal, ese es el problema, esa es la coartada del abuso

Hugo Páez


Un golpe al sentido común y al intelecto al presenciar a un grupo en franca violencia con bombas molotov, agresiones físicas y acciones clasificadas como homicidio en grado de tentativa el 20 de noviembre, para recibir disculpas implícitas en la liberación de un juez.
Conocemos la faena: la autoridad integra mal o a medias el expediente acusatorio, aún cuando existan evidencias, testigos y videograbaciones.
Esa autoridad antepone su supervivencia política sobre la ley y el Estado de Derecho. El juez no tiene más que sentenciar en base a las intencionadas malechuras del Ministerio Público y sanseacabó. Los ciudadanos espectadores una y otra vez somos totalmente burlados por el vaudeville escenificado por gobierno y violentos.
Más leyes es más de esa burla ¿Fueron necesarias ayer en el el bloqueo al aeropuerto de Oaxaca? ¿En el incendio de patrullas? ¿En el vandalismo y la violación al derecho de millones..?
La historia de esta “locura legal” violentó toda lógica al ver primero el libre transitar de Amado Yáñez por el fraude de Oceanografía, aún cuando juren que no tocó PEMEX, se sirvió de él y posteriormente fue beneficiado por ese Estado de Derecho y la desfachatez de quien le asignó el arraigo en una de sus casas de playa en Acapulco.
Todo dentro de la legalidad.
La Ceteg en Guerrero y la Sección 22 de la CNTE puede joder la economía de miles en Acapulco y Oaxaca, ahora con el pretexto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, antes con la reforma educativa. Antes se trató de las absurdas posiciones solidarias con otras organizaciones, hasta doblar a la autoridad, por dinero y beneficios, que más.
Todo dentro de esta legalidad administrada por el Estado.
El contratista Armando Hinojosa Cantú puede resultar beneficiado por licitaciones multimillonarias en el Estado de México y el gobierno federal, y a la par ser el proveedor de una residencia para la esposa de Enrique Peña Nieto, sin violar la legalidad.
La muy probable negligencia médica en la operación de Miguel Mancera dejó impune al cuerpo médico del hospital ABC, ante la responsabilidad civil del Jefe de Gobierno a someterlos a la ley por llevarlo al borde de la muerte en una cirugía cardiovascular.
No sabremos si hubo o no acción criminal, se perdió en el umbral de la legalidad.    
Florence Cassez ríe desde la Torre Eiffel en París después de ser sentenciada a 90 años por secuestro en México, rebajados a 60, puesta en libertad por presiones y una campaña mediática alimentada por los odios contra Genaro García Luna.
Tendrá que esconder su conducta patológica durante mucho tiempo, la legalidad de la libertad se basó en la violación al Debido Proceso, y el entonces presidente francés Nicolás Sarkozy que defendió esa ilegalidad hasta convertirla en legalidad, por conveniencia política, de nuevo ve reconstruído su futuro con el regreso al Elíseo.
Escucho a Miguel Ángel Osorio Chong, explica la libertad de los once acusados de homicidio en grado de tentativa basado en el Código Penal del DF, ese que fue moldeado por las bancadas de izquierda en la Asamblea Legislativa desde Marcelo Ebrard hasta Miguel Mancera bajo el timón de Manuel Granados. El Código recibió un maquillaje de burla para mantener esa legalidad que se erige como el principal problema de los demás, de los ciudadanos que pervieven en la vida cotidiana.  
 Estamos indefensos ante las decisiones que convierten a los absurdos en legalidad para beneficio político. No se trata de defensoría de derechos humanos, o de libertades corporativas de competitividad, como en los casos de corrupción. Esta locura “legal” tiene autores y beneficiarios, y de víctima a usted y a mi.

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martes, 21 de octubre de 2014

El precio de los muchachos

Hugo Páez

Imposible evitar comparaciones.
Aun cuando se trate de delincuentes en un extremo, y de 43 estudiantes desaparecidos en el otro. Pero ofrecer un millón y medio de pesos por información que lleve al paradero de los normalistas de Ayotzinapa, contrasta brutalmente con las recompensas millonarias para localizar, por ejemplo, a Servando Gómez “La Tuta”, 30 millones; Ismael Zambada García “El Mayo”, 30 millones; y en el más barato de los casos, la PGR ofrece 15 millones de pesos por cada uno de los secuestradores: Mario Alberto Bayardo y Oscar Morales Alvarado.
Desproporcionado, cuando la tensión del país está en vilo por el caso Iguala. Debe haber una explicación del razonamiento que los llevó a la cifra, y entender por qué el gobierno federal está dispuesto a pagar 15 o 30 millones de pesos en la búsqueda de cada uno de los presuntos criminales, y sólo 1.5 por cada estudiante desaparecido.
La torpeza no puede ser una opción en estos momentos en que imaginamos a todo el aparato de inteligencia militar, policiaca, CISEN y de seguridad nacional, concentrado en la crisis más fuerte del gobierno de Enrique Peña Nieto, sin importar que la línea de corresponsabilidad directa va desde el alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, hasta el gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero.
El resultado está en la imagen de los rostros de familiares hundidos en la desesperanza, al salir de la reunión con funcionarios de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong y la Procuraduría de Jesús Murillo Karam.
Esos rostros son una muestra más de la pesada maquinaria del Estado que permite, hasta el momento, el absurdo de sustituir al alcalde prófugo de Iguala, con el hermano del despedido Secretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón, y mantiene a su hermana Fabiola en la Secretaría de Desarrollo Social municipal.
Lázaro Mazón es acusado de fuertes ligas con Abarca y los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, todos vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos.   
Si eso permite la operación política, no habrá luz al final del túnel, si acaso, 43 velas encendidas de luto nacional.



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jueves, 16 de octubre de 2014

De nuevo el cuento del Plan Maestro contra Peña Nieto

Hugo Páez


Como en toda serie de eventos de sucesión inmediata, y que terminan por afectar la imagen del gobierno central, empieza a emerger la tesis del Plan Maestro contra Enrique Peña Nieto.
El punto de partida es el discurso de la ONU en su gira por Estados Unidos. En Nueva York fue el reclamo de medios internacionales al cuestionarle la masacre de 22 personas en Tlatlaya Estado de México, por elementos del Ejército, entidad origen del presidente de la república.
Los promotores de la tesis hablan de la ausencia de un “leitmotiv” creíble en Iguala. De lo extraño que suena que un momento de furia, el alcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, dieran la orden de asesinar a los normalistas, en su propio territorio, sin reparar en las implicaciones inmediatas al ser cabeza del gobierno local.
Y también de la dudosa escena de un grupo de policías de Cocula Guerrero entregando 43 estudiantes de Ayotzinapa al grupo criminal Guerreros Unidos ¿cual es el propósito?
De este abrevadero se alimenta la tesis del Plan Maestro contra Peña Nieto, contra la imagen de México, y, a partir de ahí, seguirá la tesis del Estado Fallido.
Los mismos argumentos de finales del 2013 en la crisis de Michoacán. Esta vez el movimiento efervece en los estudiantes como víctimas de la barbarie del Estado Mexicano, y escala de la Normal Rural de Ayotzinapa, a la UNAM, a la Universidad Metropolitana, e instituciones particulares como el ITAM y la Ibero.
Voy más por el oportunismo político que aprovecha la mecánica del desmadre y la incompetencia de todos los niveles de autoridad, de un estado en el que, por más reformas de primer mundo, sus herramientas de tercer mundo lo atan a una realidad que pensamos ya superada.
Con los resultados de la entrada en escena de la Procuraduría General de la República difícilmente se verá a Jesús Murillo Karam como un Fiscal General transexenal, alejado de intereses partidistas y con la autonomía que muestran sus pares en las democracias liberales.
Iguala mantiene en jaque al Estado Mexicano. Cada vez es más irrelevante la permanencia de Ángel Aguirre Rivero en el gobierno de Guerrero. Enrique Peña Nieto se ve obligado a salir casi a diario a dar confianza en el discurso para garantizar justicia, de que atrapará a los responsables materiales e intelectuales, sin embargo, los responsables materiales e intelectuales en el caso Tlatlaya, se quedaron en un teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional, de 13 militares consignados, de los cuales sólo cuatro soldados son acusados de homicidio por la PGR.
Las presiones obligaron ir más arriba, se abrió una investigación contra el general de brigada José Luis Sánchez León por su presunta participación en la muerte de las 22 personas, y en ese juego de apariencias, el general fue removido como comandante de la 22 zona militar al proyectarse el escándalo a niveles internacionales.
Parte de ese oportunismo, no de un Plan Maestro, es lo que llevó a Martín Esparza y al Sindicato Mexicano de Electricistas a lograr, según sus palabras que son tomadas con mucha reserva, a la recontratación de 14 mil trabajadores que no aceptaron su liquidación. El SME utilizó la ruta de los alumnos del Politécnico para llegar a la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong. De concretarse el acuerdo en momentos en que el gobierno federal no quiere más problemas, parece a contracorriente de las reformas estructurales.
¿Que dimensiones alcanzará la protesta estudiantil..? En esta atmósfera que se presta al chantaje, parece no tener límite. No son ni las condiciones ni el argumento del 1DMx, en la toma de protesta de Peña Nieto en diciembre del 2012.
Esta vez la violencia de los estudiantes mostrada en Chilpancingo, la autopista del Sol, y ayer contra el edificio de la PGR en paseo de la Reforma, trae bajo el brazo una aparente justificación que dista mucho del econtronazo de grupos anarquistas contra granaderos, afuera del Congreso.
Seguramente crecerá la provocación con el propósito de llegar a la represión. Ya no está pendiente ese falso muerto que desde la tribuna de San Lázaro proclamó el diputado Ricardo Monreal en el cambio de poderes de Felipe Calderón Hinojosa a Enrique Peña Nieto, ahora son tres asesinados por la autoridad en Iguala y 43 desaparecidos, un coctail Molotov con el PAN de agregado pidiendo la desaparición de poderes en Guerrero, y un PRD al que ya no le importa inmolar a Ángel Aguirre Rivero para salvar lo que se pueda, en el periodo electoral del 2015.

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