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lunes, 3 de julio de 2017

Luis María Aguilar puede despejar dudas sobre 500 órdenes para espiar

Hugo Páez
    
Cientos de órdenes de jueces federales especializados en intervención de comunicaciones, debieron emitirse a la PGR, el CISEN y la Sedena, por el Consejo de la Judicatura Federal de Luis María Aguilar.
Los registros, con folio, fecha, y dependencia solicitantes, pueden despejar importantes dudas sobre el uso del software Pegasus, aún cuando se omitan algunos nombres por secrecía de nombres, eso lo decidirá el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y la autonomía de conducción del CJF.
El sistema de espionaje fue adquirido por la PGR de Jesús Murillo Karam, el 29 de octubre del 2014, a travéz de la empresa Grupo Tech Bull SA de CV, con capacidad para 500 objetivos de manera simultánea.
Y para aclarar interrogantes sobre el presunto espionaje a periodistas, activistas de derechos humanos, políticos y ONG´s, la Judicatura podría informar si los nombres de los quejosos fueron incluídos por la dependencia identificadas como usuarios: la de Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade (PGR), Eugenio Imaz Gispert (CISEN) y Salvador Cienfuegos Zepeda (Sedena).
Las especificaciones técnicas del paquete, inducen a que al menos 500 órdenes judiciales debieron ser ‘obsequiadas’ -como se usa en la jerga- para explotar en su mínima expresión los 500 ‘objetivos simultáneos’, a un costo de 32 millones de dólares (592 millones de pesos), esto es, más de un millón de pesos, por objetivo.
Eso sí el uso simultáneo fue de una ronda de objetivos, en cambio, si calculamos que la ronda varió cinco veces de nombre, estamos hablando de 2 mil quinientas órdenes judiciales.
En aras de la transparencia, la PGR, el CISEN y la Sedena también podrían informar el registro de las órdenes emitidas por los jueces a sus dependencias.
Cualquier estructura administrativa que elabore una adquisición de 500 posiciones simultáneas, debe tener capacidad para utilizarla más de una vez.
Esto es, la capacidad del malwere Pegasus que ‘infecta’ teléfonos, correos, mensajería y es capaz escuchar y grabar por cámara y micrófono de los dispositivos electrónicos, alcanzaría para monitorear constantemente a más de 15 cabecillas del crimen organizado en el mapa delictivo, en cada uno de los 31 estados y la CDMX, al mismo tiempo.
Todo un proyecto robusto si tomamos en cuenta que en el 2014 la PGR informó que tenía una lista de 122 delincuentes ‘más buscados’.
Han pasado 28 meses desde marzo del 2015, fecha en que se terminó de implementar el software y la capacitación de 25 elementos de la PGR, entre ellos a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a cargo de Tomás Zerón de Lucio, heredado por Murillo Karam a Arely Gómez, quien designó a Christian Noé Ramírez Gutiérrez para el manejo del malware.
El 14 de septiembre del 2016, Zerón de Lucio renunció a la AIC agobiado por el dudoso manejo del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. A partir de la fecha tomó posesión nada menos que de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional.
Según el informe de Citizen Lab, en diciembre de 2015, un mes después de la entrega del sistema Pegasus, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), recibió dos mensajes intrusivos de SMS.
En febrero de 2016, los otros activistas y periodistas empezaron a recibir mensajes análogos con enlaces a Pegasus: Alexandra Zapata del Imco, Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro Pro; Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor; Simón Barquera, del Instituto de Salud Pública, y los periodistas Carlos Loret de Mola, Sebastián Barragán, Rafael Cabrera y Salvador Camarena. Carmen Aristegui y su hijo recibió mensajes en 2014 y 2015, antes de la implementación. Posteriormente, la diputada del PAN Brenda Velázquez Valdez presentó una denuncia por espionaje a periodistas, además de Ricardo Anaya Cortés y Fernando Rodríguez Doval.
El sentido común dice que ninguna dependencia federal solicitó orden judicial para espiar a estos ciudadanos, pero habrá que descartarlo mediante peticiones de información a las dependencias acusadas y al Consejo de la Judicatura Federal. Y de existir esas órdenes, bajo qué criterios fue la solicitud de la orden, y el del juez para obsequiarla.
El espionaje no es ilegal si existe orden de un juez calificado. En el caso de Pegasus hablamos quizá de miles de órdenes solicitadas y obsequiadas por la institución de Luis María Aguilar. ¿Existen..? una pregunta fácil de responder.
   
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