Hugo Páez
En diciembre 1978, una multitud se congregó frente al Banco de Omran, en Teherán. El banco era propiedad de Mohamed Reza Pahlevi, el Sha de Irán. A las pocas semanas, la Revolución Islámica del Ayatola Jomeini obligó a la huída del tirano.
Treinta y ocho años después, el priista César Duarte Jáquez deja la gubernatura de Chihuahua, y entre sus maletas lleva el Banco Progreso Chihuahua, creado por el mismo gobernador y su secretario de Finanzas en el 2014, dos años antes de la llegada de Javier Corral Jurado.
La victoria del gobernador de Chihuahua es inversamente proporcional a la dispersión del gobierno federal, a la miopía producto de la soberbia que le inyectó octanaje a la Caravana por la Dignidad, y obligó a un arreglo de última hora.
Evidentemente este arreglo de última hora logrado por el titular de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, con el compromiso de entrega de 900 millones pesos al astado y la garantía de extradición de Duarte Jáquez, horas antes de la conclusión final de la marcha, exhibe un ríspido juego de fuerzas internas en el gobierno de Enrique Peña Nieto que pudo evitar el halo de victoria de Corral Jurado
La línea de tiempo en la impunidad de Duarte Jáquez se conoció desde su toma de posesión, exhibió una especie de climax en el 2014 con la creación del Banco Progreso, pero el 1 de junio del 2016 un protagonista que ahora dirige el PRI, fue cómplice de una maniobra que raya en la delincuencia electoral.
Cuatro días antes de las elecciones para gobernador, alcaldes y diputados, el 1 de junio del 2016, el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, actual presidente del PRI, firmó un convenio con César Duarte para bajar las tarifas eléctricas de un 50% a un 70%, retroactivo a mayo, lo que significa un costo de 266 millones de pesos. Es evidente el uso electoral de la dependencia federal. El delito quedó impune, el ex director de la CFE recibió el báculo del PRI como premio.
Pero lo inocultable empezó en el 2014, en el gobierno federal nadie quiso ver el evidente desfalco de Duarte Jáquez, denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades ante la PGR de Jesús Murillo Karam desde el 14 de septiembre de ese año, por el abogado Jaime García Chávez.
La denuncia incluyó al secretario de hacienda de Chihuahua Jaime Ramón Herrera Corral, vinculado a proceso y detenido el año pasado. Pero dos años antes de dejar la gubernatura, se presentó evidencia a través de un fideicomiso en Banorte construído por César Duarte y su esposa Olga Gómez Fong, contrato que dio paso al Banco Progreso de Chihuahua. Entre los oídos ‘sordos’ estaban los del Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong.
En ese entonces, en entrevista con Denise Maerker en el programa Punto de Partida de Televisa, Duarte dijo: "Lo firmé, no lo leí, a lo macho que no lo leí (el contrato con Banorte)". De ese grado el cinismo, de esos niveles la impunidad que pesa como una lápida al candidato del PRI José Meade Kuribreña.
La historia del insistente reclamo de Corral Jurado está llena de impunes abusos del ex gobernador y del ex Secretario General Adjunto del PRI Alejandro Gutiérrez, detenido y en breve trasladado al penal federal de Ciudad Juárez.
Al final del día, la Marcha de la Dignidad que trazó su último tramo del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, cumplió sus objetivos gracias a los yerros del gobierno federal.
La soberbia como mala consejera.
