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jueves, 30 de octubre de 2014

Criminalizar Ayotzinapa, estrategia fallida

Hugo Páez

Ayer se despertaron los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa con la información de que sus hijos eran narcotraficantes, horas antes de la cita en Los Pinos con Enrique Peña Nieto y funcionarios, en una evidente estrategia mediática para “bajarlos”.
Lo mismo le pasó a Andrés Manuel López Obrador el domingo, antes del mitin de MORENA en el Zócalo. Se levantó de la cama, con la novedad, también publicada en primera plana del periódico Reforma, de que el diputado perredista Oscar Díaz Bello, lo ligaban con el entonces candidato a la alcaldía de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Demasiada precisión para ser tiros al aire.
Al margen de los logros periodísticos, se descubre la mano detrás del golpe mediático que de botepronto beneficia al gobierno federal. No hay otra forma de interpretar la “oportunidad de la información”, que en otras hojas viejas del calendario, aniquilaron sin fundamento las aspiraciones políticas de Arturo Zamora a la gubernatura de Jalisco y las de Manuel Añorve a la de Guerrero.
No imagino más que humildad y orgullo en el grupo de familiares de Ayotzinapa, en todos los sentidos. Es una zona y una escuela que sobreviven en la pobreza brutal, extrema.
Tampoco los imagino totalmente exentos de cierta influencia del crimen organizado, como le pasa a miles en cientos de comunidades del país, donde la supervivencia exige, cuando menos, la complicidad implícita de la no denuncia.
Dicho en otras palabras: nadie se quiere morir por soplón.
Y no es necesario ser especialista para seguir la huella de la filtración de la declaración de Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, publicada ayer como nota principal del periódico Reforma.
¿Era necesario filtrar la información para humillar a los padres, en preparación de la cita con Enrique Peña Nieto, el gobernador de Guerrero Rogelio Ortega y funcionarios federales..?
Las publicaciones de ayer y el domingo son hojas de partitura de la misma orquesta. La que construyó a la figura del mal en los esposos José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, con muertes y desapariciones que parecen un guión de sobradisimo terror, a menos que ninguno de los dos tuviera el mínimo sentido común sobre el alud que les caería encima. Extraño porque les atribuyen un gran de olfato político.
Pero en este drama hay que preguntarse quién tiene la capacidad de transportar, ocultar y someter a 43 personas predispuestas a enfrentarse. Quien puede manipular la información, y filtrar a discreción y conveniencia las declaraciones de los presuntos implicados.
Sorprende la declaración de Miguel Ángel Osorio Chong, al afirmar que le dijo al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero que mantuviera vigilado al alcalde José Luis Abarca, para evitar su huída. Y remata con el señalamiento del carácter local del caso.
Extraña porque es de imaginarse al titular de Gobernación, con una Secretaría super reforzada como proyecto sexenal, que pueda echar mano de diferentes áreas de inteligencia y operación de diversas instituciones, para evitar la fuga de un presunto responsable de la masacre y la desaparición de estudiantes.
Hablo del CISEN, la PF, y la colaboración de áreas de inteligencia de la la Secretaría de la Defensa y la Marina. Los que salen en formación en conferencia de prensa, cuando atrapan a un super capo.
Suena raro escuchar: “Le encargue a Aguirre Rivero que lo vigilara…” ¿No habría que dar por hecho una posible complicidad entre el gobernador y el alcalde del mismo estado, y el mismo partido..? Además, con qué instrumentos jurídicos podría evitar el gobernador la huída, si la federación tardó tres semanas en encontrar elementos para hacerlo responsable.
A más de un mes de los hechos en Iguala, la ruta parece más compleja, menos creíble, y para colmo de males, llegó al ánimo del Papa Francisco. Sus declaraciones tienen eco mundial y pondrá a México en el mapa de la barbarie y la injusticia.

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martes, 28 de octubre de 2014

PRI el mismo error de Fox con López Obrador

Hugo Páez

La declaración de César Camacho del domingo tiene sentido, como lo tuvo en su momento la postura de Vicente Fox Quezada, vía PGR de Rafael Macedo de la Concha, en el caso de El Encino. Pero el Procurador terminó por renunciar y encumbró en el victimario a Andrés Manuel López Obrador.
En esos tiempos, casi le cuesta un infarto en la tribuna de San Lázaro al diputado panistas Juan de Dios Castro en el juicio de desafuero, y un desgaste brutal a la que sería, a la postre, la titular de la PGR Marisela Morales, en ese tiempo a cargo de los delitos de funcionarios públicos.
Hasta el cansancio, Manuel Espino Barrientos desde la presidencia del PAN trató de convencer a Fox y a Marta Sahagún, el poder tras el trono, pero se dio cuenta que desde el pedestal de Los Pinos se pierde perspectiva, y el guanajuatense decidió ir con todo. No pudo.
Fue la oportunidad de oro para Andrés Manuel López Obrador como precandidato, apostado en la Jefatura de Gobierno del DF, la prueba está en que en el 2006 fue cuando más se acercó a la presidencia, y hasta había decidido despachar en Palacio Nacional. De ese tamaño el delirio.
No obstante, Andrés Manuel sabe que cuando es presa atrae más reflectores de los medios de comunicación, y prende la intensidad entre sus seguidores, y de esos indecisos que se cuentan por millones y se mantienen inconformes permanentemente  con el gobierno federal.
Pero a diferencia del Encino, donde hubo desacato a una orden del juez, la relación del líder de MORENA con el alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, desde que era candidato, no probará que es imputable a algún tipo de delito.
Así que, la estampida priista del domingo, con César Camacho Quiroz, Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones a la cabeza, más el coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, puede ser el “Peje Moment” esperado para construir el nuevo victimario de MORENA para el 2015 y el 2018.
Por otro lado, no es usual ver una formación priista en ofensiva, como la del domingo, y, a diferencia del gobierno de Fox y de Felipe Calderón Hinojosa, la prueba de la contundencia de las decisiones de Enrique Peña Nieto las vive la líder del magisterio Elba Esther Gordillo.
En este caso se trata de calidades morales incomparables en la percepción pública, sea cual sea la realidad. La percepción lo es todo y la prueba está en el vacío que le hizo el gremio magisterial a Gordillo, a diferencia de la permanencia de López Obrador. En el 2012 obtuvo alrededor de un millón de votos más que en el 2006, y consolida MORENA con la profunda crisis que atraviesa el PRD y la división de la izquierda.
Todo indica que en verdad Andrés Manuel si fue advertido por el diputado perredista Oscar Díaz Bello sobre los nexos de José Luis Abarca con el crimen organizado de Guerrero, pero estas historias en boca de los adversarios abundan, y en todo caso, habría que tener un equipo profesional de investigación para filtrar la verdad de la exageración interesada.
¿Hasta dónde quiere llegar el PRI con esto..? ni ellos saben con precisión, pero él que si sabe a donde puede hacerlo, es Andrés Manuel López Obrador. Ya lo hizo.

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jueves, 23 de octubre de 2014

La PGR y la Tele descubren a la pareja del mal, como en La Dictadura Perfecta

Hugo Páez

Pensé que era un mal sueño, pero no. Ayer la televisión nacional y la PGR reeditaron una de las escenas centrales de la pésima película La Dictadura Perfecta, donde una pareja del mal, en un primer capítulo, era la culpable de las desapariciones. Después de 26 días, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, capitalizaron los males de Guerrero.
Prepárese porque este capítulo de la televida nacional apunta a dos culpables, hay que dar respuesta, ante la deseperanza de encontrar vivos a los normalistas, y tal vez ni siquiera encontrar nada. Habrá que darle un final de televisión ante la frustración de las autoridades, con fondo de pantalla verde para escenarios virtuales, encarnado en la pareja del mal y como respuesta a la enorme protesta que se gesta por la ineficiencia de los tres niveles de gobierno.
Ahora entiendo la Comisión de la Verdad como exigencia de la sociedad civil organizada. Juan Ramón de la Fuente, María Elena Morera, Roy Campos, Alejandro Martí, Josefina Ricaño de Nava, Isabel Miranda de Wallace, y una docena de personalidades, entre líderes de la sociedad civil y otros denominados intelectuales, no confían en que Enrique Peña Nieto llegue a la verdad en el caso Iguala ni en el de Tlatlaya. No hay otra forma de explicar la propuesta de una Comisión de la Verdad Ciudadana, cuando la investigación fue atraída por la autoridad federal.
Los dos hechos mantienen vivo el fuego y al país en tensión que escala cada vez más las protestas violentas. En el primero fueron asesinados 3 normalistas y desaparecidos otros 43, en el segundo el Ejército ejecutó a 15 civiles, según un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Platique ayer con el vicepresidente de la Cámara de Senadores, Arturo Zamora, me dice que el camino menos traumático es la renuncia de Ángel Aguirre Rivero, la pidió el martes junto al senador del PAN Héctor Larios. Los dos hablan por el sentir de sus grupos parlamentarios.
Zamora comenta que casos como el de Guerrero justifican la figura de Revocación de Mandato, que no se debe ligar a alguna votación, como es el caso de otro tipo de consulta popular. El argumento es claro, la desaparición de poderes, como lo pidió Acción Nacional en el Senado, implica la desaparición del Congreso y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero en Guerrero los dos funcionan, el cuestionado es el gobernador, por lo tanto, dos de tres poderes en funciones complican o imposibilitan la base argumental para la desaparición de poderes.
Otra opción es la licencia del gobernador, la salida más protectora para sus intereses, con la que conservaría el fuero constitucional.
Pero la renuncia es el coro más nutrido.
Desde el primer momento fue un reclamo de la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera -lo publicamos en este espacio-, razones no le faltan, la ONG que preside insistió una y otra vez sobre las terribles condiciones de inseguridad de Guerrero y la estupidez del gobernador al desdeñar con soberbia majadera las recomendaciones de las asociaciones civiles en la aplicación de mecanismos de control de confianza a las policías y a los funcionarios de los dos niveles de gobierno.
Lo que no entiendo es la selectividad.
Los líderes sociales y grupos parlamentarios en Senado y Diputados, piden la renuncia del Gobernador y no la del Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, y a la vez, los primeros, meten en el mismo crisol de la Comisión de la Verdad Ciudadana los casos Iguala y Tlatlaya.
Pero hasta que no se encuentren a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, la ejecución del Ejército es una muestra mayor de barbarie, se trata de una institución que tradicionalmente tiene el respaldo de los ciudadano, en consecuencia, el daño a la confianza de la misma es brutal.
Pero ayer vimos el inicio de un nuevo capítulo del drama Guerrero, que parece sacado de la mala película La Dictadura Perfecta. Después de 26 días de del viernes trágico en Iguala, el gobierno federal decide enfocar el “mal” del estado en la pareja del alcalde y su esposa, José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa, como figuras centrales, cuando señalamos desde un principio en este espacio, los nexos de los Abarca, los Pineda con Lázaro Mazón y el crimen organizado. Nada que descubrir, era un secreto a voces.
Para darle credibilidad al resultado de la investigación de la PGR, las cámaras de televisión en el noticiero nocturno presentaron ayer reportajes del “bunker” donde vivían los ahora prófugos José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, reforzadas con videos de archivo de la pareja y gráficas tridimensionales.
Espero no salirme de esta película antes del final, como lo hice de La Dictadura Perfecta, que terminó en una especie de boudeville y catarsis con una mala sátira política y de la televisión nacional, con palomitas, refresco y risas vengadoras del público.

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martes, 21 de octubre de 2014

El precio de los muchachos

Hugo Páez

Imposible evitar comparaciones.
Aun cuando se trate de delincuentes en un extremo, y de 43 estudiantes desaparecidos en el otro. Pero ofrecer un millón y medio de pesos por información que lleve al paradero de los normalistas de Ayotzinapa, contrasta brutalmente con las recompensas millonarias para localizar, por ejemplo, a Servando Gómez “La Tuta”, 30 millones; Ismael Zambada García “El Mayo”, 30 millones; y en el más barato de los casos, la PGR ofrece 15 millones de pesos por cada uno de los secuestradores: Mario Alberto Bayardo y Oscar Morales Alvarado.
Desproporcionado, cuando la tensión del país está en vilo por el caso Iguala. Debe haber una explicación del razonamiento que los llevó a la cifra, y entender por qué el gobierno federal está dispuesto a pagar 15 o 30 millones de pesos en la búsqueda de cada uno de los presuntos criminales, y sólo 1.5 por cada estudiante desaparecido.
La torpeza no puede ser una opción en estos momentos en que imaginamos a todo el aparato de inteligencia militar, policiaca, CISEN y de seguridad nacional, concentrado en la crisis más fuerte del gobierno de Enrique Peña Nieto, sin importar que la línea de corresponsabilidad directa va desde el alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, hasta el gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero.
El resultado está en la imagen de los rostros de familiares hundidos en la desesperanza, al salir de la reunión con funcionarios de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong y la Procuraduría de Jesús Murillo Karam.
Esos rostros son una muestra más de la pesada maquinaria del Estado que permite, hasta el momento, el absurdo de sustituir al alcalde prófugo de Iguala, con el hermano del despedido Secretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón, y mantiene a su hermana Fabiola en la Secretaría de Desarrollo Social municipal.
Lázaro Mazón es acusado de fuertes ligas con Abarca y los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, todos vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos.   
Si eso permite la operación política, no habrá luz al final del túnel, si acaso, 43 velas encendidas de luto nacional.



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jueves, 16 de octubre de 2014

De nuevo el cuento del Plan Maestro contra Peña Nieto

Hugo Páez


Como en toda serie de eventos de sucesión inmediata, y que terminan por afectar la imagen del gobierno central, empieza a emerger la tesis del Plan Maestro contra Enrique Peña Nieto.
El punto de partida es el discurso de la ONU en su gira por Estados Unidos. En Nueva York fue el reclamo de medios internacionales al cuestionarle la masacre de 22 personas en Tlatlaya Estado de México, por elementos del Ejército, entidad origen del presidente de la república.
Los promotores de la tesis hablan de la ausencia de un “leitmotiv” creíble en Iguala. De lo extraño que suena que un momento de furia, el alcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, dieran la orden de asesinar a los normalistas, en su propio territorio, sin reparar en las implicaciones inmediatas al ser cabeza del gobierno local.
Y también de la dudosa escena de un grupo de policías de Cocula Guerrero entregando 43 estudiantes de Ayotzinapa al grupo criminal Guerreros Unidos ¿cual es el propósito?
De este abrevadero se alimenta la tesis del Plan Maestro contra Peña Nieto, contra la imagen de México, y, a partir de ahí, seguirá la tesis del Estado Fallido.
Los mismos argumentos de finales del 2013 en la crisis de Michoacán. Esta vez el movimiento efervece en los estudiantes como víctimas de la barbarie del Estado Mexicano, y escala de la Normal Rural de Ayotzinapa, a la UNAM, a la Universidad Metropolitana, e instituciones particulares como el ITAM y la Ibero.
Voy más por el oportunismo político que aprovecha la mecánica del desmadre y la incompetencia de todos los niveles de autoridad, de un estado en el que, por más reformas de primer mundo, sus herramientas de tercer mundo lo atan a una realidad que pensamos ya superada.
Con los resultados de la entrada en escena de la Procuraduría General de la República difícilmente se verá a Jesús Murillo Karam como un Fiscal General transexenal, alejado de intereses partidistas y con la autonomía que muestran sus pares en las democracias liberales.
Iguala mantiene en jaque al Estado Mexicano. Cada vez es más irrelevante la permanencia de Ángel Aguirre Rivero en el gobierno de Guerrero. Enrique Peña Nieto se ve obligado a salir casi a diario a dar confianza en el discurso para garantizar justicia, de que atrapará a los responsables materiales e intelectuales, sin embargo, los responsables materiales e intelectuales en el caso Tlatlaya, se quedaron en un teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional, de 13 militares consignados, de los cuales sólo cuatro soldados son acusados de homicidio por la PGR.
Las presiones obligaron ir más arriba, se abrió una investigación contra el general de brigada José Luis Sánchez León por su presunta participación en la muerte de las 22 personas, y en ese juego de apariencias, el general fue removido como comandante de la 22 zona militar al proyectarse el escándalo a niveles internacionales.
Parte de ese oportunismo, no de un Plan Maestro, es lo que llevó a Martín Esparza y al Sindicato Mexicano de Electricistas a lograr, según sus palabras que son tomadas con mucha reserva, a la recontratación de 14 mil trabajadores que no aceptaron su liquidación. El SME utilizó la ruta de los alumnos del Politécnico para llegar a la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong. De concretarse el acuerdo en momentos en que el gobierno federal no quiere más problemas, parece a contracorriente de las reformas estructurales.
¿Que dimensiones alcanzará la protesta estudiantil..? En esta atmósfera que se presta al chantaje, parece no tener límite. No son ni las condiciones ni el argumento del 1DMx, en la toma de protesta de Peña Nieto en diciembre del 2012.
Esta vez la violencia de los estudiantes mostrada en Chilpancingo, la autopista del Sol, y ayer contra el edificio de la PGR en paseo de la Reforma, trae bajo el brazo una aparente justificación que dista mucho del econtronazo de grupos anarquistas contra granaderos, afuera del Congreso.
Seguramente crecerá la provocación con el propósito de llegar a la represión. Ya no está pendiente ese falso muerto que desde la tribuna de San Lázaro proclamó el diputado Ricardo Monreal en el cambio de poderes de Felipe Calderón Hinojosa a Enrique Peña Nieto, ahora son tres asesinados por la autoridad en Iguala y 43 desaparecidos, un coctail Molotov con el PAN de agregado pidiendo la desaparición de poderes en Guerrero, y un PRD al que ya no le importa inmolar a Ángel Aguirre Rivero para salvar lo que se pueda, en el periodo electoral del 2015.

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martes, 14 de octubre de 2014

Alentar esperanzas, la estrategia infame de Aguirre Rivero

Alentar esperanzas, la estrategia infame de Aguirre Rivero


Hugo Páez


En otras condiciones, ausentes de carga política, la Fiscalía de Guerrero o la Procuraduría General de la República habrían llamado a los familiares de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa a identificar los cuerpos encontrados en las diez fosas de Iguala.
Pero en una maniobra perversa para ganar tiempo, el gobernador Ángel Aguirre Rivero centra su discurso en alentar esperanzas que hunden en un estado de tortura a los familiares de los 43 estudiantes.
La crónica de la infamia describe el traslado de un grupo de familiares a la iglesia de Tepecoacuilco. El rumor llegó con puntos y comas con la descripción de otro hallazgo, esta vez los cuerpos fueron “ahorcados” y depositados en la iglesia. Una mentira que abona al coraje y al encono social.
Brutal la tensión a la que son sometidos los familiares de los normalistas para alargar lo inevitable, con la esperanza de calmar ánimos. Pero ocurre lo contrario, las protestas en Chilpancingo estuvieron cerca de un brote de insurrección, con ataques al Congreso del Estado, al Palacio de Gobierno y al Ayuntamiento, además del apoyo de maestros y alumnos de Michoacán que se trasladan a la capital de Guerrero, sumado al paro anunciado por la UNAM y la Universidad Metropolitana del DF, las próximas 48 horas.
Pero los datos hablan de elementos suficientes para involucrar a los deudos en la identificación de cuerpos, desde la declaración de los policías municipales de Iguala, de la fuga del alcalde José Luis Abarca Velázquez y los nexos de los hermanos de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa con el cártel de los Guerreros Unidos.
De los hechos del 26 de septiembre en Iguala, al sábado 4 de octubre que se encontraron las primeras seis fosas, pasaron ocho días y se pudo involucrar a los familiares, quienes son los indicados para reconocer algún elemento que ayude a la identificación.
Pero tuvo que pasar una semana más, hasta el sábado 11 de octubre, para que el Procurador Jesús Murillo Karam y el gobernador Aguirre Rivero instalaran el Comité de Atención a Víctimas del caso Iguala.
A partir de lo ocurrido ayer en Chilpancingo los escenarios son caóticos: si se identifica a los estudiantes con los cuerpos de las fosas de Iguala, crecerán los disturbios y el gobierno federal tendrá que probar que ese “Tope hasta donde tope” de Enrique Peña Mieto, es en serio, o las protestas serán terribles.
Si se mantiene la tesis de los desaparecidos, el problema se alargará peligrosamente hasta contaminar otros estados. La comunidad internacional tiene un ojo puesto en la “Barbarie mexicana”, como lo describió un comunicado de diplomáticos de la Unión Europea en nuestro país, el domingo.
No es la primera vez que se quiere ocultar la barbarie. Pasó en Tlatlaya Estado de México, tres meses atrás, con el asesinato de 21 personas por miembros del Ejército, y en noviembre del 2010, con la muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey, también por militares, en un tiroteo en la avenida Eugenio Garza Sada en Monterrey Nuevo León.
Los cuerpos fueron ocultados durante horas. La Sedena filtró información malintencionada haciéndolos pasar por delincuentes, además de “perder” las credenciales del Tec, que hasta el momento no aparecen. La presión de alumnos, institución, y padres de familia, obligó a presentar los cuerpos y la identificación de los padres.
Pero Guerrero, al igual que otras ocho entidades, elegirán gobernador el próximo año. Nada más perverso que los intereses electorales ¿hasta donde se manipulará la crisis..? Esa es otra historia de terror.





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jueves, 9 de octubre de 2014

Crimen Organizado, la coartada de los gobernadores

Crimen Organizado, la coartada de los gobernadores

Hugo Páez

Nada mejor para un proyecto electoral que un adversario debilitado, en caída libre, capaz de contaminar al candidato más acreditado de su partido.
Así se ve Ángel Heladio Aguirre Rivero en Guerrero. Un gobernador sin músculo es un estorbo, para su partido el PRD, y para Armando Ríos Piter, que había ganado la empatía de Los Pinos. Una hazaña que podría bajar la guerra sucia en su contra a la hora de la verdad. El espaldarazo fue sellado en su intervención en el Plan Nuevo Guerrero, junto a Enrique Peña Nieto el 7 de noviembre del 2013, a dos meses de la devastación del huracán Manuel. Eso le ganó el mote de “Achichincle de Peña” de Andrés Manuel López Obrador.
Pero las condiciones cambian, y de nuevo aparece el crimen organizado como la coartada favorita de los gobernadores. Y ahora, todo lo que huela a la tribu perredista “Los Chuchos”, será asociado a la masacre de estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero, escándalo que alcanzó alturas internacionales ayer con el plantón permanente de normalistas y el magisterio estatal en Chilpancingo, la Pista del Sol, ciudades de otros estados y otros países.
A unas horas del banderazo de la temporada electoral, la izquierda tendrá que replantear su estrategia en su segundo bastión, y con ello el adiós a una parte importante del financiamiento que alcanzaba a llegaba a otras latitudes.
Por eso el perdón de Carlos Navarrete en Iguala. De ese tamaño es la emergencia que quedó medida en la sorpresiva reacción de manifestantes del Zócalo del DF contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que no importó a la muchedumbre que hubiera jugado las contras a Los Chuchos en la contienda interna. Es una muestra de que la furia no distingue matices y empieza a meter a toda la izquierda en el mismo crisol.
Todo es política. La impensable barbarie en Iguala destapó una cadena de complicidades que vivió el martes el clímax del espectáculo en el mea culpa de Carlos Navarrete, en el lugar de la tragedia: pidió perdón por equivocarse con el candidato José Luis Abarca Velázquez, prófugo y ahora investigado por la PGR como una de las cabezas del grupo criminal Guerreros Unidos y las líneas con el cártel de los Beltrán Leyva que pueden tocar el más alto nivel en el estado.
El gobierno federal estudia la posibilidad de un Comisionado Federal, pero compartiría responsabilidades, que no es lo mismo que la intervención federal como lo hace la PGR y las fuerzas federales en Guerrero. Caso contrario al de Michoacán, donde el gobernador priista arriesgaba al partido.
En estos momentos sería incomprensible el voto ciudadano a la izquierda, fueron los que insacularon al alcalde y a funcionarios ligados al crimen organizado, pero si la crisis aumenta, y el Congreso del Estado y el gobierno federal permiten la permanencia de Ángel Aguirre, sin al menos un proconsul, se verá como una perversión con fines electorales.
La sociedad criminal del alcalde impuesto por Los Chuchos era tan evidente, que a 48 horas de los hechos, desde el 29 de septiembre (http://goo.gl/XZ9HJE), en esta editorial escribí sobre la participación de los hermanos de María de los Ángeles Pineda en la matanza y la simulación de una acción criminal, ajena a los policías municipales de su esposo José Luis Abarca. Era vox populi en Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
El proyecto electoral de José Luis Abarca y su esposa, captado en eventos con Armando Ríos Piter y Lázaro Monzón, es la delicia de todo opositor electoral.
Es un hecho que los cárteles y organizaciones criminales diversificadas, como entes abstractos, no existen sin la tolerancia de los gobiernos estatales y municipales, y en este orden jerárquico, la mayor responsabilidad se carga al gobierno del estado. Es una realidad que laceró a Felipe Calderón Hinojosa, y que tardó un año y medio en reconocer el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Miguel Ángel Osorio Chong, desde la titularidad de la Secretaría de Gobernación, reforzada con la ex Secretaría de Seguridad Pública, se quejó amargamente de la falta de compromisos de los gobernadores, en el combate al crimen organizado.
Nada nuevo, ya lo comentamos aquí hace más de un año, el 25 de junio del 2013, en una columna titulada “Gobernadores en su Paraiso” (http://goo.gl/kF7kqa). Algo tendrá que hacer el Estado Mexicano contra ese cáncer, que por más peligroso, no deja de ser un negocio tan redituable, que sobran los tiradores a las gubernaturas, de cualquier estado.


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martes, 7 de octubre de 2014

Navarrete y Aguirre Rivero se juega Guerrero y financiamiento del PRD

Hugo Páez


A unas horas de que Rodrigo Archundia Barrientos y Tomás Zerón de Lucio, titulares de la SEIDO y de la Agencia de Investigación de PGR, anunciaran la atracción de la matanza de Iguala a nivel federal, el fiscal del Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, se adelantó el domingo por la tarde a cualquier fallo de la federación al atribuir el asesinato de estudiantes levantados y los que cayeron en la plaza de Iguala, al grupo del crimen organizado Guerreros Unidos.
El Fiscal tuvo conocimiento de las sospechas y líneas de investigación de PGR que ubican a Mario y Salomón Pineda Villas, hermanos de María de los Ángeles Pineda Villas, esposa del alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, como parte de la estructura del grupo delictivo Guerreros Unidos.
La intención de Iñaki Blanco fue sobreponer la verdad oficial del gobernador Ángel Aguirre Rivero sobre la investigación federal, ante el evidente motivo político de la masacre atribuida al alcalde, su esposa y al director de Seguridad Pública, como parte del grupo perredista Los Chuchos, al gobernador Aguirre Rivero, el ex senador Lázaro Monzón y al senador Armando Ríos Piter, precandidato al gobierno del estado.
Evidentemente Carlos Navarrete, como nuevo presidente del PRD sesionará hoy en Iguala, en defensa del territorio político y el financiamiento de Guerrero que recibe el partido. Las frecuentes reuniones plenarias de diputados y senadores son a cargo del gobierno del estado, amén de campañas políticas en otros estados.
La crisis y el enfrentamiento con la federación son brutales. Desde el martes 30 de septiembre Ángel Aguirre Rivero tuvo conocimiento del hallazgo de fosas con cuerpos de posibles normalistas asesinados, sin embargo no informó hasta el jueves 2 de octubre, y casualmente el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su primo Francisco Salgado Valladares, director de Seguridad Pública, huyeron el miércoles 1 de octubre.
Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón investigarán en sitio. Enrique Peña Nieto pidió al gobernador asumir su responsabilidad, pero no esperó respuesta, ante la evidente manipulación de evidencias y protección a funcionarios ligados al crimen organizado.
Para encender la flama, ayer a las 7 de la noche líderes del magisterio sesionaron en la Secretaría de Educación de Guerrero en Chilpancingo, y acordaron un plantón permanente a partir de las 10 de la mañana en la capital del estado, hasta la renuncia del gobernador Aguirre Rivero, en protesta por la masacre de estudiantes de la Normal Rural.
El lunes 29 de septiembre publiqué en esta editorial (http://goo.gl/2v2Rrr)  “En un intento de disfrazar el error y achacarlo al crimen organizado, civiles encapuchados y policías aterrorizaron en varios puntos de Iguala con disparos al aire y persecuciones falsas…”
“La violencia brutal tuvo origen el viernes por la tarde, en el informe de labores (de la titular del DIF), parecido más a una gran campaña política para su esposa y candidata a la alcaldía, con grupos musicales y verbena. Al evento llegó un contingente de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la familia de María de los Ángeles Pineda montó en cólera y ahí iniciaron los disparos contra los jóvenes…”
“Los hechos se suman a un historial de horror en el estado, con el asesinato del Síndico Justino Carvajal, sobrino de Félix Salgado Macedonio, y el regidor Arturo Hernández Carmona. Los dos críticos del alcalde de Iguala José Luis Abarca”.

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