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jueves, 28 de febrero de 2013

A Germán le da “envidia de la buena”, lo que debe darle es pena

Hugo Páez

El ejemplo es brutal para el panismo.
No les bastó el fracaso del primer sexenio, el de Vicente Fox, para embarcar la educación en la modernidad. Felipe Calderón continuó en la tolerancia total de las corruptelas conocidas y terminó por ser rehén de Elba Esther Gordillo.
La rendición de cuentas no llegó como lo está demostrando el nuevo gobierno, los “peces gordos” de Pancho Barrio nunca cayeron. Por eso suenan huecas las palabras de Germán Martínez Cázarez al declarar ayer que le dio “envidia de la buena” la detención de la lideresa vitalicia del magisterio.
Huecas porque desde la jura de Calderón como Presidente de la República, hasta finales del 2007, Germán fue Secretario de la Función Pública y no logró una rendición de cuentas de este nivel, y cuando arremetió sin fundamento contra una decena de alcaldes michoacanos derivando en arraigos por supuestos nexos con el crimen organizado, con el tiempo y una pésima jugada del entonces Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al pasarlos del penal de Nayarit al de Michoacán, fueron liberados.
Imposible entender una trama tan compleja como la que explicó el subprocurador Alfredo Castillo, en la que se involucran decenas de cuentas bancarias, rutas de transferencia y logística de gastos, sin aterrizarla en años de operación constante.
Así de increíble se antoja la declaración del ex Secretario de Hacienda Ernesto Cordero sobre el desconocimiento de estos movimientos, igual se aplica a su sucesor José Meade Kuribeña, promovido a Secretario de Relaciones Exteriores de Enrique Peña Nieto.
No hay nada nuevo, la sospecha sobre los recursos indebidos gravitan alrededor de conocidos personajes, no solo de Elba Esther, sin embargo, el “quién sigue” dirá si el proceder de la Procuraduría General de la República tuvo fines estrictamente políticos, fue un ajuste de cuentas entre viejos amigos, o se trata de la transparencia y el desmantelamiento de los poderes fácticos, como prometió Enrique Peña Nieto en el Pacto por México.
La precisión de la detención de Gordillo en el calendario de la Reforma Educativa indica lo primero. ¿Por qué no detenerla días antes de la promulgación de la Reforma..? Pero habrá que darle por el momento el beneficio de la duda.
El martes 11 de diciembre escribí en esta columna con el título “Podrá Chuayffet lo no que hicieron Josefina y Lujambio”, comenté: Uno de los grandes fracasos de Vicente Fox y Felipe Calderón fue la relación de complicidad con Elba Esther Gordillo. La líder del magisterio desgastó su relación con el PRI hasta construir su propio partido y ser expulsada.
Explicar el fracaso de la educación pública a partir de los 12 años de los gobiernos del PAN es una mentira insidiosa, pero es imperdonable que en la transición no se aprovechara la disposición ciudadana y los nuevos tiempos para sentar las bases de una reconstrucción de la educación que llevará largos años, sobre todo en capacitación, y sustitución de maestros y equipamiento necesario para las nuevas generaciones.
El primer Secretario de Educación del panismo, Reyes Tamez Guerra, no hizo nada, la relación con Elba Esther Gordillo fue mas tersa que la de Josefina Vázquez Mota, sin embargo, coronó el final del sexenio con el fracaso de la Enciclomedia.
Josefina jamás logró convencer a Felipe Calderón de tomar medidas para revolucionar la educación ya que habría que pasar sobre los intereses de la líder vitalicia del magisterio, convertida en una complicada aliada del panismo en elecciones locales, estatales y federales.
Los enfrentamientos fueron tan evidentes que ni siquiera los discursos oficiales de las dos partes quedaban al margen de los ataques. En la campaña presidencial Josefina atacó a Elba en publicidad espectacular y la líder de los maestros se burló de ella en la derrota con la frase “Gracias por participar”, al concluir la campaña Gordillo regresó el golpe con otros espectaculares en los que se leía: ADIOS JOSEFINA, Gracias por Participar.
Calderón dejó crecer el enfrentamiento y a Alonso Lujambio se le presentó la oportunidad de buscar la candidatura presidencial al presenciar la campaña contra la precandidata mejor posicionada. Mientras, el desastre educativo continuaba intacto, ni siquiera lograron imponer una evaluación real a los maestros.
José ángel Córdova Villalobos llegó por default la SEP en el 2012 como premio de consolación después de la derrota en la interna al gobierno de Guanajuato por Miguel Márquez y el gobernador Juan Manuel Oliva. Elba Esther se consolidó como enemigo del PAN en la campaña presidencial, pero las cuotas exigidas a Enrique Peña Nieto a cambio de apoyos reventaron la alianza, no obstante, la separación le dio libertad de movimiento sin tener que caminar con el cuidado que reclamaría un aliado.
Aun cuando Lucila Garfias, coordinadora del PANAL en la Cámara de Diputados y el ex candidato Gabriel Quadri aplaudan y “hagan suya” la iniciativa de reforma que presentaron el Secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet y el presidente Enrique Peña Nieto, pisar cayos va a ser inevitable, Gordillo no comparte el poder, y el avance de la evaluación a los maestros y la depuración de la planta docente necesariamente provocará grandes malestares en el millón y medio de maestros acostumbrados a vivir con sus propias reglas.
En este escenario el Choque es inminente, a menos que se trate de otra simulación.
Así fue, el martes se dio el choque. La foto mas famosa en lo que va del sexenio, y posiblemente de todo este, será el rostro afligido de Elba Esther Gordillo tras las rejas del reclusorio Oriente en el DF.
Una foto que no lograron Fox ni Calderón y los deja en su justa dimensión, como evidencia mas, del porque regresaron al PRI a Los Pinos.

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martes, 26 de febrero de 2013

¿Qué demostró Pablo Escudero en el juicio al IFAI..?

Hugo Páez

La naturaleza del tribunal que sentó ayer en el banquillo de los acusados a los cinco Comisionados del IFAI es un ejemplo que los ciudadanos deberíamos pedir aplicar en sentido la inverso a legisladores con el propósito de reportar gastos, viáticos, viajes y su justificación, traducida en productividad parlamentaria.
Me refiero al comentario del senador del Verde Ecologista Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, al cuestionar a la Comisionada María Elena Pérez-Jaen sobre un viaje a Macao de tres días, del cual escribió un reporte de 8 líneas que entregó a la citada Comisión del Congreso.
La transparencia entre funcionarios y todos los organismos que reciben recursos públicos, no solo es saludable, debería ser una obligación estricta, no la actual que cumple a medias, cobijada por la misma burocracia que los origina mediante esquemas diseñados para mantener la opacidad. No lo expongo en lo personal, cito a la senadora del Estado de México Laura Rojas: “Me encantan los senadores pidiendo cuentas sobre viajes e informes de éstos a los comisionados, quiero vernos a nosotros respondiendo lo mismo”.
Si el objetivo de lo que vimos ayer en las Comisiones Unidas del Senado fue cortar cabezas de los cinco Comisionados del IFAI para renacer un nuevo organismo de transparencia con siete nuevos rostros, el resultado fue otro, Gerardo Laveaga (que ahora no se durmió como dice Ángel Trinidad), Jacqueline Peschard, Sigrid Arzt, María Elena Pérez-Jaen y Angel Trinidad Zaldivar salieron afianzados en el debate que incluyó la autonomía del organismo, y, en consecuencia, la sobreatribución del Congreso para constituirse en un tribunal inquisitorio, repito, no por el tema de rendimiento de cuentas, sino, entre otros objetivos, el de ejercer control sobre los futuros encargados de pedir cuentas al gobierno entrante.
Pero hay que reconocerlo, mas allá del propósito de pedir rendición de cuentas a quienes piden cuentas, en este caso el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el hecho de orquestar tribunales de facto para un propósito especifico, debería renacer una dinámica que permita eso mismo, de forma pública, como una saludable rendición de cuentas: a diputados, senadores, ministros y magistrados del Poder Judicial.
Los interesados siempre esgrimirán la “autonomía” para impedirlo, pero se trata de estructuras con dineros públicos que deben ser plenamente justificados, cuando menos eso es lo que dio a entender ayer Pablo Escudero al sentar en el banquillo a los Comisionados de un organismo autónomo como el IFAI.

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jueves, 21 de febrero de 2013

Las modificaciones a la Ley General de Víctimas no puede esperar

Hugo Páez

Cuando Enrique Peña Nieto presentó la publicación de la Ley General de Víctimas el 9 de enero, casi con la única presencia de Javier Sicilia como activista del grupo de líderes de la sociedad civil dedicados a la seguridad pública, la opinión en el sector fue que el presidente cedió a presiones sin considerar los terribles errores en la redacción de la ley congelada, vía controversia constitucional, por Felipe Calderón Hinojosa.
El martes la foto fue distinta. ¿Qué convenció a María Elena Morera y Alejandro Martí unirse a las modificaciones de las malechuras de la Ley..? precisamente que el Frankenstein publicado por Humberto Castillejos, Director Jurídico de Presidencia, la haría inoperable y serviría de instrumento legal de muchos vivales, entre ellos los delincuentes.
La cirugía mayor que propusieron en la Cámara de Senadores ante Emilio Gamboa Patrón, Miguel Barbosa y Manuel Camacho Solís, en ausencia del presidente de la Mesa Directiva, el panista Ernesto Cordero Arroyo, toca el 80% de los artículos y suprime otros.
La puesta en escena de la Ley provocó grandes preocupaciones desde su promulgación y aceleró la urgencia de las modificaciones el 9 de febrero, día en que entró en vigor, no obstante, la norma funcionará tal como está mientras el Congreso no aprueba las modificaciones propuestas por Sicilia, Morera y Martí, amén de que habremos de sumarle el tiempo de debate legislativo y las modificaciones que vengan en las dos Cámaras, a las modificaciones presentadas.
Mientras tanto Felipe Calderón Hinojosa debe estar en Harvard pensando: “Se los dije”.
El martes 7 de febrero, dos días antes de la entrada en vigor de la Ley escribí en este espacio: Antes de tomar posesión Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, Felipe Calderón le ofreció cargar con el costo político de la Ley General de Víctimas para evitar publicar la aberración llena de carencias y deficiencias legales que vetó.
La propuesta de Calderón era que el Congreso corrigiera la Ley y el nuevo presidente promulgara la correcta. La operación requería la voluntad de Peña en una operación de cabildeo en las bancadas del PRI, PAN y Partido Verde, principalmente.
El Presidente Electo rechazó el ofrecimiento ya que se había comprometido con líderes sociales a retirar la Controversia Constitucional del gobierno de Calderón, y la publicó el 9 de enero del 2013, para entrar en vigor pasado mañana 9 de febrero.
Los cálculos mas conservadores estiman indemnizaciones, reparación de daños y ayudas en un millón de millones de pesos anuales (billón), ya que la redacción es un terreno fértil para que cualquier tipo de víctima, desde el que sufre un robo de automóvil, el patrón al que le roba el empleado, hasta los que sufren delitos mayores y sus deudos podrán demandar un sinnúmero de beneficios a cargo del estado.
El cálculo conservador se basa en la estadística: se cometen 2 millones de delitos al año, si al menos el 50% de la víctimas reclama reparación del daño, topado en 971 mil pesos (500 salarios mínimos), resulta a grosso modo el billón de pesos.
Entre la publicación de esa columna y el 19 de febrero, día en que los activistas presentaron las modificaciones en el Senado, ocurrió un vuelco interesante en temas relacionados: la liberación de Florance Cassez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el amparo de Pedro Sánchez González, secuestrador de Pedro Galindo, bajo el argumento de que “violaron sus garantías”.
La gran ironía es que Florance Cassez y Pedro Sánchez, los dos sentenciados y encontrados culpables de secuestro, crimen organizado y portación de armas, por tribunales de la materia, podrían ser beneficiados por la Ley General de Víctimas. No se pueden negar los derechos humanos de los delincuentes, ni rechazar que la incompetencia y brutalidad policiaca los convierta en víctimas, sin embargo, será frustrante -tanto como ver a Cassez libre en París en la recepción presidencial en el Palacio de Gobierno francés- que los primeros beneficiados de la Ley General de Víctimas sean dos destacados delincuentes.
Basta analizar algunos pequeños detalles de las modificaciones propuestas para estimar el tamaño de las malechuras. Por ejemplo, en el Artículo 4.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que de forma inmediata hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Las palabras en negritas señalan las modificaciones a la redacción del artículo, esto es, sin agregarle “físicas” a la definición de persona, las “personas morales” podrían convertirse en víctimas, o sea, las empresas.
La otra, el agregado “de forma inmediata” a la persona que haya sufrido el daño, evita que alguien salga después de 20 años a decir que fue víctima, y reclame la reparación del daño.
Dos ejemplos sencillos pero ilustrativos por los que el Congreso tendrá que trabajar a marchas forzadas.

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martes, 19 de febrero de 2013

Buscan en CCH y Universidad del DF víctima que no dio el 1 de diciembre..?

Hugo Páez

La mañana del 1 de diciembre del 2012, Ricardo Monreal no podía ocultar la intensidad al señalar que el joven activista Carlos Valdivia era la primera víctima del régimen de Enrique Peña Nieto al morir a causa del impacto de una bala de goma.
El presidente electo aún no había tomado posesión. El recinto de la Cámara de Diputados desbordaba efervescencia por las palabras del coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano, quien, a sabiendas de que esa información se había desmentido minutos antes -lo comentamos en el palco Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva, Carlos Navarrete y yo-, Monreal proclamó en la tribuna la falsa muerte del activista.
Esa vez el movimiento MORENA se quedó sin mártir, sin embargo aun no concluye el capítulo de la toma del CCH para decir lo mismo. Desde la barrera se antoja una solución simple, pero la punta del iceberg presagia intenciones de consecuencias brutales para Miguel Mancera y movilidad política. De concretarse el drama, servirá de bandera contra todo el régimen y lo que representa Enrique Peña Nieto.
Peor aun, la reforma de la Asamblea Legislativa al artículo 362 del Código Penal del DF que liberó a los jóvenes acusados de vandalismo el día del cambio de poderes presidenciales, consolida la permanencia de la toma de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Esa la patente de corzo garantiza que la violencia y el daño patrimonial a las instalaciones sea una simple falta administrativa, y en consecuencia, eliminará la parte medular de la ley como elemento disuasivo.
Ese 1 de diciembre, el falso martirio fue desmentido a los pocos minutos en San Lázaro, Ricardo Monreal lo alargó cuatro días con el propósito de mantener viva la protesta contra “la imposición”, hasta que llegó a regañadientes la suave disculpa en la tribuna de la Cámara de Diputados.
Primero fue el plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un caldo de cultivo funcional a la izquierda radical. Ayer lunes la rectora Esther Orozco y las autoridades universitarias resistían presiones de renuncia a sabiendas que la petición es solo un pretexto para mantener un frente de lucha activo, como lo es el CCH y en lo que puede convertirse un sector del magisterio convocado por Andrés Manuel López Obrador el domingo, que prometió enarbolar su defensa contra la “amenaza” de la Reforma Educativa que pretende “quitarles sus plazas y privatizar la educación”.
Las señales están ahí, los estudiantes son aventados al frente de la lucha, con la irresponsable complacencia de la Asamblea Legislativa.

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jueves, 14 de febrero de 2013

Gracias a la Suprema Corte Pedro Galindo vuelve a ser víctima de su secuestrador

Hugo Páez

Brutal la realidad que enfrentó el martes Pedro Galindo Rodríguez. Recibió un citatorio del Tribunal Colegiado de Toluca por un amparo que interpuso su secuestrador Pedro Sánchez González, capturado 12 años atrás, con el argumento de que “Violaron sus garantías”.
Imagino que al recibir el documento se materializaron los antihéroes que dejaron libre a la secuestradora Florence Cassez. Hablo de los ministros Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldivar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, tres de los cinco integrantes de la Sala Uno que votaron a favor de la francesa para dejar el precedente que aprovechará cuanto maleante tenga a la mano un abogado. Y en el caso de los secuestradores enriquecidos con el dinero de sus víctimas, podemos incluirlos a todos.
No solo eso, de resultar favorecido por la histórica decisión de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el secuestrador de Pedro podrá apelar a la Ley General de Víctimas para demandar la reposición del daño moral y económico. ¡Así de absurdo..! mientras tanto, la familia Galindo Morera, luchadores sin descanso contra la inseguridad desde el cautiverio de Pedro, pasaron un día de perros, rebasados por la frustración del nuevo camino pavimentado por los ministros que conduce al feliz escape de la delincuencia organizada.
No queda mas que ser solidarios con Pedro y Maria Elena Morera, avatares de una lucha que en el 2004 enfrentaron la molestia y desaire presidencial de Vicente Fox Quezada y del Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, por la mega marcha blanca contra la inseguridad, que reunió, enlutados en blanco, a mas de un millón de ciudadanos dolidos, atemorizados y violentados por el secuestro, el 27 de junio de ese año.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, comentó el 25 de enero que "el presidente Enrique Peña Nieto debe salir a señalar un compromiso expreso en el que muestre que para él, el nuevo sistema acusatorio es realmente una prioridad", y sentenció que la libertad absoluta por errores en la detención es un exceso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya ordenado la inmediata y absoluta libertad de Florence Cassez, a quien
le concedió un amparo que revocó su sentencia de 60 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas.
Pedro Galindo fue secuestrado el 21 de septiembre de 2001, le amputaron cuatro dedos para presionar el pago de su rescate después de 29 días de cautiverio.
Fue liberado por agentes federales y en el operativo detuvieron a parte de la banda “Los Colmenos”, se ejercitó acción penal dentro de la averiguación previa PGR/UEDO/110/2001, en contra de Abel Benítez Albiter o Martín Aguilar Flores, Pedro Sánchez González (a) "El Enano" o "El Chaparro" o "El Pollo", Silvia Benítez Albiter, Ramón Martínez Ruíz y José Vázquez Muñoz por violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. En contra de Abel Benítez Albiter, Pedro Sánchez González y Ramón Martínez Ruíz se agregaron diversos delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y lesiones calificadas, algunos de ellos por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Seis años después del secuestro donde los delincuentes fueron detenidos en flagrancia, Pedro Galindo había gastado mucho dinero en abogados además de haber acudido, junto con su familia, a todos los careos y audiencias convocadas por el juez. De hecho enumeró los nombres de los jueces que tuvieron conocimiento de su causa penal: Antonio González García, Irma Cuesta Briceño, María de Lourdes Lozano Mendoza, Daniel Sánchez Montalvo, Willy Eart Vega Ramírez, René Hilario Nieto Contreras (asesinado en el 2006) y Gerardo Eduardo García Anzures.
Tan solo en el 2007, a seis años del plagio se acumularon más de 18 tomos de expediente y el caso pasó por 7 jueces sin que se haya dictado sentencia en primera instancia en contra de varios de los secuestradores.
Los agentes de la AFI detuvieron al jefe de la banda y a uno de sus cómplices en el lugar en que se había acordado el pago del rescate, estos los condujeron a la casa donde lo mantenían cautivo y ahí se capturó a la pareja que lo vigilaba, así como el médico que le cortó los dedos. Los secuestradores fueron trasladados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) de la PGR y un día después rindió declaración reconociendo plenamente a los cinco secuestradores y declarando que por lo menos había tres personas más involucradas en su rapto.
Las huellas del crimen siguen vivas en las manos de Pedro, como en el miles de familias que vivieron una etapa negra del México violento que ha superado diametralmente a todas las autoridades. Esas manos recibieron el martes un citatorio por un amparo de su victimario, secuela clara de una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al liberar a una secuestradora Florence Cassez sentenciada por tres tribunales, y que ahora sonríe desde París planeando como seguirnos jodiendo, ahora con una demanda millonaria, gracias a la nueva Ley General de Víctimas, que saldrá de nuestro presupuesto nacional, no de los ministros que le abrieron el camino con un amparo “liso y llano”, como lo calificó Olga Sánchez Cordero.

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martes, 12 de febrero de 2013

La iglesia mexicana en “shock”

Hugo Páez

El 1 de marzo del 2012 escribí en este espacio el título “El Papa que desairó a la Guadalupana”. Eran días de efervescencia política en el Vaticano lleno de rumores entre la curia católica, centrados en el viaje de Benedicto XVI a México y Cuba, días antes de que iniciara formalmente la campaña a la Presidencia de la República en nuestro país.
Ahora en el periódico L’Observatore Romano se habla de la intención de Joseph Ratzinger como una decisión gestada en los días posteriores a ese viaje transcontinental.
Ayer mismo hablé con el padre Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México que describió la noticia con un calificativo preciso: “Estamos en shock”. No es para menos, un evento similar se dio seiscientos años atrás, cien años antes del descubrimiento de América. De ese tamaño es la historia que vivimos el lunes y tomó por sorpresa al mundo entero, incluyendo a los periodistas de la fuente que asistieron ayer en Roma a un Consistorio cotidiano, uno de esos que no levantan el interés de los corresponsales.
La tormenta inició en un día normal, el paisaje de una de las ciudades mas esplendorosas del mundo se cubrió de un lluvioso cielo gris presagio. A las 11:00 de la mañana el maestro de ceremonias Guido Marini acercó un papel a Benedicto XVI para leer en un claro latín la renuncia que tardaron en digerir los presentes. Había que repensar las palabras de Ratzinger, había que creer lo escuchado para eliminar cualquier duda. Benedicto XVI dejaría el máximo pontificado el 28 de febrero.
Fueron ocho años de transición enfrentados cara a cara con la brutal realidad de los abusos sexuales de sacerdotes que eludió su antecesor Juan Pablo II. Fue la degradación de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y el señalamiento al Cardenal de Los Ángeles California, Roger Mahoney, quien fuera obligado por un mandato judicial a publicar los expedientes de abusos sexuales de sacerdotes de su Arquidiócesis. Pero también fue un Papa que privilegió mas el trabajo intelectual que la evangelización.
El 1 de marzo del año pasado escribí en esta columna: Los rumores sobre una posible renuncia de Benedicto XVI no carecen de sentido. Su salud se deteriora y dista mucho del profundo misticismo de su antecesor, considerado incapaz de dejar la silla antes de la muerte. Joseph Ratzinger no tendría que consultarlo con nadie, ni siquiera con el colegio cardenalicio a quien pediría realizar un cónclave para nombrar sucesor, en el que ni siquiera actuaría como un cardenal elector por rebasar la edad permitida. El texto íntegro lo puede consultar en esta liga http://goo.gl/4yPez.
Pocos días históricos como el de ayer, señalan el arranque de dos semanas de intensa política religiosa que invadirá un sinnúmero de ámbitos. La tormenta inició como un día normal y terminó el primer día con un esplendoroso rayo sobre la cúpula de San Pedro, capatada por la cámara de Alesnado Di Meo. La conclusión de un importante capítulo en mas de dos mil años de historia del cristianismo.

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jueves, 7 de febrero de 2013

Calderón ofreció a Peña asumir el costo político de una nueva Ley de Víctimas, fue rechazado

Hugo Páez

Antes de tomar posesión Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, Felipe Calderón le ofreció cargar con el costo político de la Ley General de Víctimas para evitar publicar la aberración llena de carencias y deficiencias legales que vetó.
La propuesta de Calderón era que el Congreso corrigiera la Ley y el nuevo presidente promulgara la correcta. La operación requería la voluntad de Peña en una operación de cabildeo en las bancadas del PRI, PAN y Partido Verde, principalmente.
El Presidente Electo rechazó el ofrecimiento ya que se había comprometido con líderes sociales a retirar la Controversia Constitucional del gobierno de Calderón, y la publicó el 9 de enero del 2013, para entrar en vigor pasado mañana 9 de febrero.
Los cálculos mas conservadores estiman indemnizaciones, reparación de daños y ayudas en un millón de millones de pesos anuales (billón), ya que la redacción es un terreno fértil para que cualquier tipo de víctima, desde el que sufre un robo de automóvil, el patrón al que le roba el empleado, hasta los que sufren delitos mayores y sus deudos podrán demandar un sinnúmero de beneficios a cargo del estado.
El cálculo conservador se basa en la estadística: se cometen 2 millones de delitos al año, si al menos el 50% de la víctimas reclama reparación del daño, topado en 971 mil pesos (500 salarios mínimos), resulta a grosso modo el billón de pesos.
Pero eso no es todo, después de los festejos en Los Pinos por la publicación de la Ley, con el beneplácito de Javier Sicilia y funcionarios federales, pero desairado por otros luchadores como María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, Alejandro Martí de SOS y el retiro de Isabel Miranda de Wallace al inicio del evento, los funcionarios federales empezaron a repartir culpas por el Frankenstein que revivieron. El Procurador Jesús Murillo Karam ni siquiera se presentó en el foro Derecho de las Víctimas y la Ley General de Víctimas organizado en el Senado la semana pasada, envió a la subprocuradora Mariana Benítez, quien declaró que la Ley no es perfecta, pero es bondadosa.
Unas versiones sitúan al Director Jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos como la voz que convenció a Peña Nieto, otras a la certeza del Procurador Murillo Karam, quien animado por la eliminación del arraigo y el aplauso de las ONG´s quiso darle un giro de 180 grados al estilo de Calderón, enfrentado violentamente con el crimen organizado. Ahora el foco de atención serían las víctimas, que por cierto se quedaron esperando el mausoleo en el Campo Marte, ya que todas luces la mano se la llevó el Ejercito, la Marina y los federales caídos en la lucha.
El foro en el Senado se convirtió en la mesa de la verdad, Roberto Gil Zuarth y Ernesto Cordero señalaron punto a punto las grandes deficiencias, sin embargo, entre los funcionarios federales prevaleció una especie de cautela para evitar exhibir la mala decisión del Presidente al promulgar la redacción extravagante de la Ley General de Víctimas que desde el arranque estipula en el artículo 2 “I.- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.
II.- Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral”.
El ex embajador de México ante la OCDE y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carlos Elizondo Mayer, aseguró no conocer ningún país que se haga cargo de compensar a las víctimas si no aparece el victimario, y agregó “Esta ley es un desastre; cuando se promulgó, el titular de la PGR (Jesús Murillo Karam) dijo que ese ordenamiento era perfectible. Además, las implicaciones presupuestales son incuantificables”. La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace declaró en el foro “Entiendo que la subprocuradora (Mariana Benítez) venga a defenderla; dice que van a adelgazar algunos delitos, pero no es viable una norma cuando se crea burocracia para que reconozcan la calidad de víctima. Tiene muchas debilidades, y si no se corrigen será letra muerta”.
A partir del sábado, el destino conjugado en una serie de eventos desatados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso Florance Cassez, puede hacernos una extraña jugada: la francesa declarada culpable de secuestro por tres tribunales, podrá apelar a la Ley General de Víctimas, ya que tres ministros fallaron a su favor porque fueron violados sus derechos humanos en el Debido Proceso. Seguramente Florance demandará la reparación del daño y todos los beneficios que le otorga la nueva ley, entre los que veremos una disculpa pública de las autoridades y en consecuencia la humillación de sus víctimas.
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martes, 5 de febrero de 2013

¿Que espera Raúl Plascencia (CNDH) para intervenir en PEMEX..?

Hugo Páez

Mas de cien horas han pasado de la explosión en el edificio B2 de PEMEX con 37 muertos y decenas de heridos, ocho en condiciones graves, sin que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya interpuesto una queja de oficio, como lo hizo al día siguiente del motín de las Islas Marías el sábado pasado.
No son suficientes las sospechas, las dudas, ni el reclamo de Osvaldo Vite Gutiérrez, hijo de Gregorio Vite Valderrama, empleado de la contratista Copicosa que laboraba en el estacionamiento del edificio B2 y quedó atrapado sin que la autoridad lo escuchara, hasta que denunció en medios de comunicación que la maquinaria del Ejército entraría a remover escombros en el sitio donde sospechaba estaba atrapado el cuerpo de su padre. Ni el reclamo de los deudos de María de la Cruz Canales Gutiérrez quines denunciaron que el cuerpo en el Semefo no correspondía con la trabajadora de la petrolera, y gracias a la insistencia, ayer por la tarde los Topos reanudaron su búsqueda entre los escombros.
No se explica la tardanza de Raúl Plascencia para dar seguimiento formal a lo ocurrido en PEMEX, para llegar a la verdad, coincida o no con la oficial, amén de deslindar responsabilidades en cualquiera de sus resultados.
Aun cuando la autoridad federal concluya que la tragedia se debió a un accidente, el organismo de Raúl Plascencia deberá guiarnos para señalar, que, o quienes, son los responsables de negligencia. Y si de sabotaje se tratara, mas allá de responsables externos, aclarar el falló en la seguridad interna.
Apenas unas horas después del motín en el penal de las Islas Marías ocurrido el sábado, la CNDH solicitó el domingo al Comisionado del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, la aplicación de medidas cautelares en favor de los internos, del Complejo Penitenciario “Islas Marías”, a efecto de que se garantice el respeto al derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal de la población penitenciaria, evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes, brindar atención médica inmediata a las personas que lo requieran e impedir que se tomen represalias en contra de los internos que se amotinaron.
En el caso de la inundación de Tabasco el organismo actuó de oficio, sin embargo la tragedia de PEMEX y sus consecuencias en los trabajadores son medidas con una vara distinta, tal vez esperando la queja de algún particular para investigar, o alguna negativa de la petrolera a un solicitante que tendría que recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información para aclara los hechos y deslindar responsabilidades.
Y en el supuesto de que el Consejo de Administración de PEMEX solicite clasificar la información como “Seguridad Nacional”, tendría que someter al criterio del Consejo Consultivo de la CNDH si la clasificación es suficientemente razonada para darle ese estatus, o la autoridad estaría obligada a darla a conocer.
Esa es una de las funciones del organismo autónomo que parece estar mas schockeado que el gobierno federal.

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