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jueves, 31 de marzo de 2016

El PRI secuestrado por Javier Duarte

Hugo Páez

Todo será cuestión de números en la elección del 5 de junio y la del 2018. Números que en este año representan el 32% de la población, una proporción similar del total del electorado que elegirá al sucesor de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la república.
De los 12 estados en juego, los tres más poblados representan el 47.67% de ese padrón, y en esos tres: Veracruz (21.15%), Puebla (16%) y Oaxaca (10.52%) -datos INEGI- el PRI está en riesgo de salir derrotado.
La vinculación de Alejandro Murat Hinojosa a su padre el ex gobernador José Murat Casab en Oaxaca subió los negativos desde el momento en que el candidato inició el road media para desvincularse. La maniobra se consideró un parricidio político y engordó el arsenal de José Antonio Estefan Garfias de la alianza PRD-PAN.
En Puebla, nadie fuera de los entusiastas de Blanca Alcalá Ruiz le da posibilidad alguna frente al panista Antonio Gali Fayad, ex alcalde de la capital. Y en Veracruz, el estado más poblado de los doce que representa el 21.15% del electorado en juego, pasa por una terrible crisis de gobernabilidad provocada por las interminables barbaridades de Javier Duarte de Ochoa que serán una enorme lápida para el candidato de su partido Héctor Yunes Landa, frente al incisivo Miguel Ángel Yunes Linares del PAN.
Peor aún, la Procuraduría General de la República tiene decenas de averiguaciones previas contra Duarte de Ochoa que van desde desvío de recursos de unas partidas presupuestales a otras, hasta graves acusaciones de corrupción y vinculación de funcionarios estatales con el crimen organizado.
Es deber de la dependencia de Arely Gómez González mantener la secrecía de las investigaciones, sin embargo, se cuestionará hasta que punto la dilación responde a una política del partido del gobierno federal para no afectar electoralmente al partido que gobierna Veracruz, el mismo de la senadora con licencia.
No hay forma de prever el resultado de crucificar a Javier Duarte al  llevarlo a juicio político en plena campaña electoral, aún cuando Manlio Fabio Beltrones Rivera y Héctor Yunes utilicen el castigo ejemplar como la la ética de los nuevos tiempos del Revolucionario Institucional.
Esa incertidumbre utiliza Duarte de Ochoa para alargar su permanencia más allá del 5 de junio y muy probablemente hasta la toma de posesión del nuevo gobernador. Cada día cuenta para arreglar los cadáveres en el closet, para plantear con sus abogados una defensa inminente ante el cúmulo de denuncias donde la negligencia del Fiscal Luis Ángel Bravo en delitos del orden sexual de todos los tonos, hasta la muerte, es la menor de las preocupaciones de futuras consecuencias judiciales.
Javier Duarte ya perdió todo, su futuro político no existe, y el mejor de sus escenarios es defenderse en libertad, en consecuencia, cuidar la imagen del PRI pasa a segundo término, deseable sólo en función de que Héctor Yunes Landa lo proteja y le garantice esa defensa en libertad.
Duarte mantiene secuestrado al PRI en Veracruz. Tiene los 60 días de campaña a partir del domingo para hacer lo imposible. Ese 21.15% del electorado en juego, que suma casi la mitad junto a los dos siguientes estados más poblados, son números que impactarán en el 2018. Ese es el riesgo de empoderar a idiotas.
   
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