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jueves, 20 de octubre de 2016

La federación y el PRI temen perder el control de Javier Duarte

Hugo Páez
   
Dudo que el gobierno federal, y menos el veracruzano, tuviera en la actual situación judicial a Javier Duarte de Ochoa si el candidato del PRI Héctor Yunes Landa hubiera ganado la gubernatura.
El PRI esperó a pesar de las marranadas, crecimiento del crimen organizado, descomposición sin precedente, y aún cuando los indicadores de la derrota llegaron antes del 5 de junio, fue demasiado tarde, y la distancia mediática del candidato oficial es una simple coartada ante la imposibilidad de tapar el sol con un dedo.
A todas luces, la licencia del gobernador es una estrategia para evitar la ira del panista Miguel Ángel Yunes Linares y que se apropie del caso, con todas las implicaciones que eso significa al ventilar las presuntas complicidades con la federación y los apoyos al candidato Yunes Landa.
Pero me dicen que a 40 días del nuevo gobierno, dentro de la menos peor de las salidas para Duarte de Ochoa era enfrentar la justicia en terreno amigo, pero no se dio la entrega voluntaria por la gravedad de los delitos, la atención de partidos, de las ONG´s y de los medios de comunicación, en el caso que puede promediar penas de 30 años de prisión, hasta ahora, por delincuencia organizada (15 a 40 años) y lavado de dinero (7.5 a 22.5).
El PRI de Enrique Ochoa Reza trató de empatar el marcador con el ex gobernador panista de Sonora Guillermo Padrés Elías, aprovechando la ‘ayuda’ del pésimo manejo de Ricardo Anaya Cortés y Luis Felipe Bravo Mena sobre el caso. Pero la magnitud de daño al erario y a la sociedad veracruzana es brutal, sumado a otros casos de gobernadores del PRI como Andrés Granier Melo en Tabasco, César Duarte Jáquez en Chihuahua, Roberto Borge Angulo en Quintana Roo y próximamente el de Rubén Moreira en Coahuila.
El escenario de las instituciones federales de seguridad pública es de posiciones obligadas y ánimos forzados. La procuradora Arely Gómez González, en deuda con el Ejecutivo y con la bancada de Emilio Gamboa Patrón en el Senado, no pudo explicar la filtración de la orden de aprehensión contra Duarte, ni abrió de inmediato una investigación por la violación de la secrecía, pero sí justificó el descuido de darle espacios para la fuga con el pretexto de no violar sus derechos y el debido proceso.
Una personalidad megalómana e inmadura como la de Javier es un gran peligro para el gobierno federal y para su partido que no termina de expulsarlo, según palabras de Fernando Elías Calles solamente le quitó los derechos de militante hasta ser juzgado.
De no mantener a Javier Duarte bajo control federal, esto es, si se le va a la PGR y cae en la procuraduría local del panista Yunes Linares, una vez que tome posesión, el peligro es mayúsculo y será factor en la contienda del 2018. Bueno, ya es.
   
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martes, 14 de junio de 2016

Corral y Yunes justicia federal contra los Duarte, igual que a la CNTE

Hugo Páez

En restaurantes, taxis, comercios, parques, y más, el comentario en los estados donde los electores reventaron la operación del Día “D” y toda la maniobra electoral es el mismo: “Nos vale madre como, queremos a esos pillos (gobernadores) en la cárcel”.
El agravio es tal que en Chihuahua los electores soportaron la espera de cuatro y hasta cinco horas el 5 de junio, por diferentes marranadas, ausencia de funcionarios, falta de documentos y lo que se pueda imaginar. En Veracruz, Tamaulipas y los seis estados arrebatados al PRI se repitió la escena.
Un ejemplo. Es evidente la desventaja de Javier Corral Jurado para estructurar una investigación contra César Duarte Jáquez, tal como lo hace la federación contra los líderes de la CNTE Rubén Núñez y Francisco Villalobos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de Alberto Bazbaz Sacal y la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR de Arely Gómez González.
En su momento Alfredo Castillo Cervantes, entonces subprocurador de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, integró el expediente y explicó a los medios de comunicación la ruta de lavado de dinero (recursos de procedencia ilícita) y evasión de impuestos de la líder del magisterio Elba Esther Gordillo.
Dos objetivos justicieros del gobierno federal.
Sin esa disposición federal se verá reducida la fuerza contra la impunidad prometida por Javier Corral y Miguel Ángel Yunes, indispensable en las averiguaciones contra los Duarte, César y Javier.
Tendrán que exigir a la PGR, Hacienda el mismo esfuerzo que llevó al Elba y las cabezas de la CNTE al los penales del Distrito Federal y Hermosillo Sonora.
El sábado recorrí calles, parques y algunos restaurantes en Chihuahua, la molestia con la gestión de César Duarte es brutal, el vuelco a favor de Corral Jurado, histórico, reflejado en vitoreos en avenidas y plazas, de la misma forma sorprende el agravio a los ciudadanos, la percepción de insensibilidad del gobierno federal es enorme.
¿No lo vio Manlio Fabio Beltrones? ¿Las dejó pasar Luis Videgaray y su Unidad de Inteligencia Financiera? ¿La PGR congeló las múltiples denuncias por los tiempos electorales..?
Los ciudadanos exigirán a sus candidatos el cumplimiento de meterlos a la cárcel. La promesa se toma literal y no les importan los obstáculos legales, esos que en el colectivo se ven como simples pretextos.
No hay opciones, las bancadas del PAN y el PRD en el Congreso y el CEN de Ricardo Anaya Cortés y Agustín Basave Benítez deberán ejercer presión en la federación para redimir el agravio ciudadano, tomando en cuenta que a partir del 5 de junio se refuerzan los diques legales y administrativos de impunidad en los gobiernos de los Duarte.
El PRI dice entender el mensaje, pero... ¿en el PAN y el PRD ya lo entendieron..?

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jueves, 31 de marzo de 2016

El PRI secuestrado por Javier Duarte

Hugo Páez

Todo será cuestión de números en la elección del 5 de junio y la del 2018. Números que en este año representan el 32% de la población, una proporción similar del total del electorado que elegirá al sucesor de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la república.
De los 12 estados en juego, los tres más poblados representan el 47.67% de ese padrón, y en esos tres: Veracruz (21.15%), Puebla (16%) y Oaxaca (10.52%) -datos INEGI- el PRI está en riesgo de salir derrotado.
La vinculación de Alejandro Murat Hinojosa a su padre el ex gobernador José Murat Casab en Oaxaca subió los negativos desde el momento en que el candidato inició el road media para desvincularse. La maniobra se consideró un parricidio político y engordó el arsenal de José Antonio Estefan Garfias de la alianza PRD-PAN.
En Puebla, nadie fuera de los entusiastas de Blanca Alcalá Ruiz le da posibilidad alguna frente al panista Antonio Gali Fayad, ex alcalde de la capital. Y en Veracruz, el estado más poblado de los doce que representa el 21.15% del electorado en juego, pasa por una terrible crisis de gobernabilidad provocada por las interminables barbaridades de Javier Duarte de Ochoa que serán una enorme lápida para el candidato de su partido Héctor Yunes Landa, frente al incisivo Miguel Ángel Yunes Linares del PAN.
Peor aún, la Procuraduría General de la República tiene decenas de averiguaciones previas contra Duarte de Ochoa que van desde desvío de recursos de unas partidas presupuestales a otras, hasta graves acusaciones de corrupción y vinculación de funcionarios estatales con el crimen organizado.
Es deber de la dependencia de Arely Gómez González mantener la secrecía de las investigaciones, sin embargo, se cuestionará hasta que punto la dilación responde a una política del partido del gobierno federal para no afectar electoralmente al partido que gobierna Veracruz, el mismo de la senadora con licencia.
No hay forma de prever el resultado de crucificar a Javier Duarte al  llevarlo a juicio político en plena campaña electoral, aún cuando Manlio Fabio Beltrones Rivera y Héctor Yunes utilicen el castigo ejemplar como la la ética de los nuevos tiempos del Revolucionario Institucional.
Esa incertidumbre utiliza Duarte de Ochoa para alargar su permanencia más allá del 5 de junio y muy probablemente hasta la toma de posesión del nuevo gobernador. Cada día cuenta para arreglar los cadáveres en el closet, para plantear con sus abogados una defensa inminente ante el cúmulo de denuncias donde la negligencia del Fiscal Luis Ángel Bravo en delitos del orden sexual de todos los tonos, hasta la muerte, es la menor de las preocupaciones de futuras consecuencias judiciales.
Javier Duarte ya perdió todo, su futuro político no existe, y el mejor de sus escenarios es defenderse en libertad, en consecuencia, cuidar la imagen del PRI pasa a segundo término, deseable sólo en función de que Héctor Yunes Landa lo proteja y le garantice esa defensa en libertad.
Duarte mantiene secuestrado al PRI en Veracruz. Tiene los 60 días de campaña a partir del domingo para hacer lo imposible. Ese 21.15% del electorado en juego, que suma casi la mitad junto a los dos siguientes estados más poblados, son números que impactarán en el 2018. Ese es el riesgo de empoderar a idiotas.
   
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