Hugo Páez
En álgebra simple es indudable la superioridad de las fuerzas federales sobre los carteles de la droga, y en general sobre el crimen organizado. Artillería de punta accesible a países colaboradores de EEUU, helicópteros blindados, vehículos artillados, disciplina y sistemas de inteligencia de la Sedena, Semar y Plataforma México de la Comisión Nacional de Seguridad, son suficiente para aniquilar a cualquier cartel.
Pero algo pasa que no pueden con Acapulco, Chilpancingo, Reynosa, Culiacán y más. Una mezcla de corrupción, opacidad, falta de oportunidades, impunidad de funcionarios, alcaldes y gobernadores, es la respuesta simple.
Vemos a Miguel Ángel Osorio Chong hacer mediciones con vernier, desde la Secretaría de Gobernación para vender a la sociedad avances milimétricos que son opacados con cientos de ejecuciones en lo que va del año, por citar un ejemplo: Acapulco.
Algunos han considerado la violencia de Guerreros Unidos y Los Rojos, en Guerrero, más letal y efectiva que ISIS (Estado Islámico).
Por otro lado, la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Servando Gómez “La Tuta”, el hijo del Mencho Oseguera (CJNG) y el domingo con la detención de Manuel Álvarez “El Rey Midas”, operador financiero de Guzmán Loera y El Mayo Zambada, hablan de grandes esfuerzos que dan buenos frutos.
Pero en el extremo incomprensible de la política mexicana, entendible sólo en términos de golpes entre los presidenciables de Hacienda y Gobernación, el espectáculo de los hoteleros persiguiendo el cobro del hospedaje de policías federales y del personal de la CNS, debe ser una delicia para los jefes de plaza del crimen organizado en todos esos puntos donde se reúne una y otra vez el Gabinete de Seguridad.
En el 2012 todo era claro para el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, en el pizarrón. En esos días creían necesario el golpe de timón mediático en la lucha contra el crimen, y de paso pisar el rostro de Felipe y el calderonismo empecinados en un método que sembró decenas de miles de muertos.
Hoy se piensa seriamente que la solución es tan compleja que difícilmente pasará de apagar fuegos en pro de la percepción. Así de patético.
Candidatos a gobernadores y alcaldes en la docena de estados en comicios el 5 de junio, lo primero que hacen es mandar mensajes de paz a las bandas delincuenciales. Una especie de tolerancia y tregua, mientras los niveles de violencia se consideren aceptables.
Ante el alto grado de entropía que impide lograr el orden y la solidez mínima requerida por países aptos para inversión extranjera de primer nivel, la militarización aparece como una medida desesperada, como si en verdad las fuerzas armadas vivieran los últimos 40 años exentas de corrupción e impunidad.
Militarización y partido de estado es un binomio insidioso.
Ejército y Marina están presentes en las coordenadas más importantes de toda la república, y a la par de esa presencia proliferó y creció el narcotráfico. Sobrarán argumentos que señalen que no era su función, pero abundan pruebas y testimoniales en esos territorios de una posición como autoridad de seguridad pública que dejó hacer y crecer.
Ahora se pretende que la Secretaría de Marina militarice las principales actividades mercantes, turísticas, de pesca y capitanías de los puertos, mediante un cambio a la ley que transfiera atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza a la dependencia del almirante Vidal Soberón Sanz.
Y para eso la propia Semar montó una estrategia mediática de las ventajosas virtudes en seguridad que dará tomar los puertos.
El argumento es el mismo: la violencia incontrolable, los niveles de ISIS que estamos viviendo en algunos estados. Todo eso en contraste con la resistencia en el Congreso y partidos a aprobar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción sin descafeinarlas, la mañosa transparencia que prevalece en dependencias, la opaca rendición de cuentas y la casi muerta “Ley 3 de 3” impulsada por la sociedad civil.
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