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martes, 19 de abril de 2016

Sin video de tortura ¿el general Cienfuegos hubiera pedido perdón..?


Hugo Páez
   
Antes de finalizar el 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional de Salvador Cienfuegos Zepeda fue enterada del caso de tortura de una mujer con una bolsa de plástico en Ajuchitlán del Progreso Guerrero, por elementos del Ejército y una policía federal, el 4 de febrero de ese año.
No fueron informados la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, la Comisión Nacional de Seguridad de Renato Sales Heredia o la Policía Federal de Enrique Galindo Ceballos.
El caso se turnó al ministerio público federal de la PGR de Arely Gómez González y, entre los citatorios, se giraron tres a la Policía Federal sin referir o enterar a algún funcionario de la corporación sobre el delicado caso de tortura, sin diferenciarlo de las decenas de citatorios semanales que reciben.
Pero la bomba hizo implosión mediática en la institución militar y en la Secretaría de Osorio Chong que sorpresivamente se enteró por los medios de comunicación.
Con el antecedente de casos emblemáticos como el de Tlatlaya y la observación pasiva de elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Sedena convocó a una concentración de la tropa en el campo militar 1 el sábado a las 10:00 a.m., calculada entre 25 mil y 30 mil elementos.
Se trató del mea culpa del general Salvador Cienfuegos, inédito en esas dimensiones, pero… fue después de la publicación en redes sociales de internet del video con escenas infames de brutal tortura.
¿El escándalo mediático obligó al gobierno federal a la disculpa pública..? Quedará el interrogante frente a los señalamientos de preocupación por los derechos humanos en México de Angela Merkel en la visita de Enrique Peña Nieto a Alemania.
¿Se pretendió ocultar la flagrante violación a los derechos humanos con prácticas de tortura del siglo pasado..?
El hecho es que las disculpas llegaron después del escándalo, y esa secuencia resta credibilidad a la tesis de que son casos aislados. Esto es, lo aislado es lo videograbado y difundido, no la realidad, no lo que se queda sin evidencia mediática.
En alguna ocasión María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, me comentó que los militares entregaban a presuntos miembros del crimen organizado en calidad de “piltrafas” a los ministerios públicos. Era una queja generalizada de procuradores de los estados y de los funcionarios federales.
A pesar de que los interrogatorios corresponden a la autoridad ministerial, transcurrían días para que los detenidos fueran puestos a disposición, una práctica que al llegar al poder judicial resultó en un sinnúmero de casos caídos, liberaciones por violación al debido proceso y tortura.
Sobra quien aplauda la reacción inmediata del Ejército el sábado, pero en realidad es un reflejo condicionado. Me comenta Raúl Plascencia Villanueva, ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que existe una estrategia de capacitación con la Sedena para preparar a 20 mil elementos al año en prevención de violaciones a los derechos humanos, y que en el último año antes de noviembre de 2014 fueron capacitados un poco más de un millón de personas y servidores públicos, entre los que se encuentran personal del Ejército y la Marina.
Pero lo que pasó en Ajuchitlán es de una claridad monumental para el elemental sentido de la ética, de la moral común y corriente, no hablo de situaciones complejas de discernir: meter la cabeza de una persona en una bolsa de plástico a punto de la asfixia es un acto criminal, no es necesaria una capacitación previa para entenderlo ¡por favor..! más bien habrá que dar una buena filtrada al perfil psicológico de toda la tropa, ya que en realidad le apuestan a la impunidad y confían en la protección entre pares.
Sobrarán las voces que justifiquen los métodos en la lucha contra la delincuencia organizada, “que los criminales se lo merecen”, o que los organismos de derechos humanos protegen a delincuentes. Por fortuna esos espacios se agotan poco a poco, teléfono a teléfono, denuncia a denuncia.
   
PD: Mi solidaridad con Nelson Vargas, comparto su rabia por la liberación de Isidro Solís Medina de la banda de Los Rojos, uno de los secuestradores y asesinos de su hija Silvia. Hay que encontrarle salida a esta sinrazón frustrante, a esta impunidad legaloide.


    

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