Vergonzosa impunidad de “El Chapo” en Sinaloa de MALOVA

Hugo Páez

Extraña la temeridad, el reto al moverse con soltura inaudita para su estatus del criminal más buscado en el mundo, entre Culiacán y Mazatlán, en restaurantes, departamentos y casas particulares, para finalmente ser capturado en el 618 de la avenida del Mar -condominio Miramar-, en el concurrido malecón de Mazatlán, a unos días del inicio del Carnaval más importante de México y en días de potentes operativos en Culiacán Sinaloa con la captura de Joel Enrique Salvador Romero, “El 19”, presunto jefe de sicarios de Ismael “El Mayo” Zambada Niebla.

Las múltiples visitas del Chapo a Culiacán desde inicios del año era un reto al gobierno de Enrique Peña Nieto, no se explica la soltura de movimiento en el estado gobernado por Mario López Valdéz sin protección en Sinaloa, razón por la cual los operativos en el centro del estado por las fuerzas federales mantuvieron al margen al gobernador.

En Impacto (columna Los Malosos) le informamos el 19 de febrero que un día antes, entrada la noche, de un operativo con 500 agentes de la Policía Federal, la Marina, Policía Ministerial de Sinaloa y 13 ministerios públicos en el Cecjude, el penal mas importante del puerto.

La fórmula de captura no es sorpresiva, la Marina Armada de México es la institución de más confianza para los Estados Unidos, cooperación consolidada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. En múltiples ocasiones la DEA acompaña y comparte información con la Semar, uno de los casos emblemáticos fue el operativo donde murió Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca Morelos, uno de los capos más importantes de Sinaloa.

La cadena de noticias Associated Press citó a un funcionario de Washington como la fuente que informó sobre la captura de Joaquín Guzmán Loera el sábado a las 6:40 de la mañana. La fuente pidió el anonimato por no estar autorizado. Desde las 10:00 horas del sábado las dudas en la opinión pública fueron fundadas, El Chapo se distinguió por escapar muchas veces a sus captores: en Baja California Sur libró una detención antes de una reunión cumbre en el 2012, en Durango la Agencia Federal de Investigación estuvo a punto de capturarlo en el sexenio de Vicente Fox Quezada, después de su fuga del penal de Puente Grande Jalisco; el Obispo de Durango Héctor González habló de su ubicación en Guanaseví; en Guatemala le siguieron los pasos sin poderlo atrapar ya en el gobierno de Otto Pérez Molina, el entonces Jefe del Estado Mayor Presidencial de Guatemala, general que logró capturarlo y entregarlo a México por primera vez.

Tres semanas atrás, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía Federal realizaron operativos en Sinaloa y Baja California, para tratar de detener a Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa, fueron capturadas 10 personas entre su presunto jefe de sicarios en Sinaloa “El 19”. El Gabinete de Seguridad Nacional informó que el primer operativo se realizó el pasado 13 de febrero, en Culiacán, donde las fuerzas federales ingresaron a la ranchería denominada Guasaría, donde se capturó a cinco presuntos sicarios.

Con la captura del Chapo Guzmán termina una persecución de tres sexenios: trece años un mes y un día, un trofeo que no logró obtener Felipe Calderón Hinojosa, solamente tuiteó desde Boston un apresurado y lastimero mensaje por redes sociales.

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Lo negro de la Lista Negra, Videgaray contesta a Gamboa

Hugo Páez

         Frente a las cámaras del noticiero estelar de Televisa, Jacobo Zabludovsky tomó la llamada del ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos: “Quiero aclarar que no soy el único deudor del predial en Acapulco, una persona tiene una deuda similar y tiene derecho a ser deudor como yo, esa persona se llama Zedillo Ponce de León Ernesto”.

         El nombre del ex candidato presidencial del PAN (1994) se había filtrado desde el gobierno como deudor, con el claro propósito político de desacreditarlo, no, supongo, como es el objetivo de la lista del SAT para desincentivar la evasión fiscal, a petición del Congreso, como lo confirmó el Secretario de Hacienda Luis Videgaray ayer ante el cuerpo diplomático de México, horas después de que Emilio Gamboa pidiera dar marcha atrás.

         En esos días de marzo del 97 se había desatado una campaña del gobierno de Zedillo contra Diego, el adeudo del predial lo exhibía como presunto favorecido de un predio de 50 mil m2 en Punta Diamante en Acapulco, supuestamente como premio de Carlos Salínas de Gortari por la autorización de la quema de boletas de la elección de 1988.  

         Esa noche del 19 de marzo Zabludovsky terminó la llamada de Fernández de Cevallos con la sentencia: “Es una acusación muy grave, Diego”, “Así es”, fue la respuesta al otro lado de la línea.

         A los pocos minutos, de nuevo otra llamada en el noticiero: Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Gobernación (junio 1995 - enero 1998), aseguró al conductor de Televisa que el presidente había cumplido con todas las obligaciones fiscales de un departamento de su propiedad en el puerto. Diego tenía información fidedigna, ante el escándalo en televisión nacional una mano amiga en segundos había arreglado la liquidación de la deuda de Zedillo, sin dejar huella en la base de datos que en esos años era totalmente rudimentaria.

         Eran los tiempos en que una acusación contra el hombre mas poderoso del país provocaba una competencia zalamera para ver quien lo defendía con más vehemencia, así, Roberto Campa Cifrían aseguró meter las manos al fuego por Zedillo, Alfredo del Mazo calificó de irresponsable a Diego, y el alcalde de Acapulco Juan Salgado Tenorio se sacó de la manga el 20 de marzo un recibo del pago del predial del departamento del presidente de 159 m2 por $1,724 pesos hecho el 4 de marzo, supuestamente dos semanas antes de la acusación. Algunos actores de esa trama son de nuevo funcionarios en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

         El remedo de lista negra en el 97 contra Diego revirtió el propósito, tal como el ocurrió con la supuesta lista de recompensas millonarias de 20 personajes buscados por la PGR en el sexenio de Felipe Calderón con tantos errores -unos personajes sin motivo alguno y otros que estaban muertos- que tuvo que ser desechada, con el riesgo de demandas en derechos humanos, tal como amenazan algunos expuestos por el Sistema de Administración Tributaria.

         Este tipo de exhibición resulta efectivo en países con información bien estructurada y protegida, en México no hay casos de éxito, sin embargo puede ser utilizada como un arma política contra los que están incluidos, y terriblemente cuestionable por los que están excluidos y a todas luces son favorecidos.

Tal vez sea la reflexión del senador Emilio Gamboa Patrón al pedirle ayer al SAT ayer que de marcha atrás en la publicación de la lista negra, pero es un dilema provocado desde el Congreso al exigir la exhibición de contribuyentes morosos, beneficiados con créditos y otros a los que se puede considerar perdonados. Al final del día se trata de transparencia, la duda no es si se hace, es evidente que la rendición de cuentas en todas sus manifestaciones fortalece a un estado como el que pretende ser México, pero se requiere el cuidado y la precisión de un cirujano.

        

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El general Mireles

Hugo Páez

         Consulto con un funcionario de primera línea, inmerso en este conflicto de Michoacán en el sexenio de Felipe Calderón. Asegura que la aparición de José Manuel Mireles como uno de los actores principales es relativamente nueva, no figuraba con fuerza en el escenario, aun cuando se percibe un arraigo de por vida.

El líder de las autodefensas michoacanas transita en el umbral de la ilegalidad sin mayor problema, las imágenes de su grupo armado y sus declaraciones es una muestra de justicia por propia mano, una dimensión alterna al estado de derecho que parece funcionar en el combate al crimen organizado en Tierra Caliente, tal como lo hicieron los grupos paramilitares en Colombia en los 70´s contra la guerrilla y los cárteles asociados.

El accidente en la aeronave que se dirigía de Guadalajara a Tecalpatepec Michoacán dimensionó la verdadera importancia de Mireles Valverde para el gobierno de Michoacán y el federal, sin importar su tránsito por la ilegalidad pero legitimado en las comunidades asediadas por el crimen organizado. Fausto Vellejo, Jesús Reyna y las fuerzas federales lo toleran por su efectividad, igual que Ángel Aguirre Rivero en Guerrero con las autodefensas.

Mireles es general en su propio ejército, pieza bien cuidada por la Sedena, la Policía Federal y los mejores servicios médicos. El hombre clave para mantener un remedo de estado de derecho en la zona más conflictiva del estado, una meta hasta el momento capaz de cumplir por la autoridad formal.

         En Colombia las fuerzas paramilitares construyeron la ruta corta, hicieron posible legitimar las fuerzas del gobierno central en las comunidades más conflictivas, facilitaron el trabajo, y poco a poco fueron aceptados hasta el desplazamiento relativo de los civiles alzados contra la guerrilla y el narcotráfico. En los 90´s se sobredimensionaron hasta crear las Autodefensas Unidas de Colombia. El objetivo fue permear la base social, sostén de los grupos criminales, para desplazarlos por otros grupos civiles armados, “los buenos”, pues. Sin embargo algunos de estos alcanzaron la fuerza necesaria para doblar al gobierno y poner sus propias reglas.

         Nada extraño sería repetir parte de esa historia a partir de los consejos del general colombiano Oscar Naranjo, ya que, aun cuando dejó de asesorar formalmente a Enrique Peña Nieto antes de tomar posesión, ahora le sobra tiempo después de la frustrada candidatura presidencial. Podría ser parte del gabinete de Juan Manuel Santos, el presidente – candidato puntero, ubicado en las encuestas muy por encima de Oscar Zuluaga Escobar, el delfín de Álvaro Uribe.

         Resulta extraño ver a un líder civil armado al frente de un grupo de defensa. Tan extraño como resultaría toparse en Iztapalapa, Nezahualcoyotl o las zonas conflictivas de Monterrey y Guadalajara  con filtros de vecinos ataviados con radios, fusiles de alto poder y equipo de defensa. 

         Pero esa anormalidad se volvió parte del paisaje en varios estados. Una normalidad que contrasta con el México de las reformas, el de la esperanza de crecimiento del 4% en este año y el 5% en el 2018, el de hombres enlistados en el “top” de Forbes. Mientras tanto Fausto Vallejo pidió ayer que se despolitice el tema de la seguridad en Michoacán y que se aplique la Ley de Armas y Explosivos. Pobres michoacanos.

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La sombra de Salinas en el desafío de Ernesto Cordero

Hugo Páez

         Dos pésimos movimientos mantienen en jaque a Gustavo Madero: la remoción intempestiva de Ernesto Cordero de la coordinación parlamentaria del Senado y la designación de Jorge Luis Preciado.

         La torpeza del líder del PAN alentó al grupo de Cordero para desafiar públicamente el proyecto de iniciativa de Reforma Política propuesta por el Pacto por México, no solo eso, así vendrá la Energética con ese potencial para demostrar que existe un fuerte grupo en el Congreso que no está dispuesto a someterse a la burocracia de los partidos, y a los deseos del Presidente de la República.

         Es claro que las Reformas confeccionadas en el Pacto, con paso forzoso por la aduana del Congreso, son la arena política de las disputas internas del PAN y el PRD, por eso no se entiende el trote a todo galope de Madero en ese campo minado.  

         Después de la reacción instintiva contra Cordero, Madero rehusó jugar a la segura con Héctor Larios y optó por un incondicional con empuje y ganas, pero sin en respeto y reconocimiento de los opositores calderonistas.

         Nadie puede negarle a Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Miguel Barbosa y Manuel Camacho su atribución natural como legisladores al presentar una iniciativa de Reforma Política mucho mas agresiva que la “cómoda” propuesta del Pacto, aun cuando los lideres de los partidos la expliquen como producto de una negociación que garantiza el aval en las dos Cámaras, y no una posición radical que usualmente termina por anularse en el debate.

         La sorpresiva decisión de Madero con Jorge Luis Preciado permite a Cordero apoderarse de la agenda democratizadora en el Congreso y enlutarse como oposición auténtica, esa que perdió la presidencia y se encuentra en penitencia reflexiva para renacer contra su enemigo histórico.

Cordero va por la presidencia del PAN contra dos elementos muy claros: el líder del partido derrotado, y la ex candidata también derrotada, aun cuando la justificación incluya la infamia de los calderonistas en la campaña presidencial, con la caradura de pretender mantener el control.

         Josefina Vázquez Mota apareció el domingo en campaña en Matamoros, recorrerá con los candidatos Puebla y Veracruz. Es la reaparición forzada por la crisis de su partido. En el futuro mediato forman una triada en conflicto. Cuando hay tres, dos se pueden unir, los momios apuestan al debilitamiento de Madero y el resurgimiento de Josefina. Este escenario reeditaría la pugna de la campaña presidencial: calderonistas contra josefinistas, con algunas variantes, Roberto Gil Zuarth tomo distancia de su candidata y ahora gravita alrededor de Cordero y de Manuel Camacho Solís.

         Roberto apareció entusiasta en las fotos de la boda de Emiliano Salinas y Ludwika Paleta, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari; Manuel -dicen los enterados de sus movimientos- limó sigilosamente viejos rencores con su viejo amigo que prefirió a Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial.

Es la naturaleza política cuando de intereses se trata, sobre todo si el ex presidente se sintió desairado por la inasistencia de Enrique Peña Nieto en las dos bodas de sus hijos.

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No nos engañemos, lo que le interesa a Obama es la seguridad

Hugo Páez

          Por mas que el discurso oficial en torno a la visita de Barak Obama gravite en otros temas, bilateral económico y migratorio, por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto y su embajador en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, saben que el interés primordial del presidente norteamericano es la seguridad, mas aun que se despojó del protocolo electoral obligado en los mandatarios que buscan la reelección.

         Eduardo Medina Mora vivió la presión de Estados Unidos en los primeros tres años y medio del gobierno de Felipe Calderón. En ocasiones las fuertes críticas del entonces Procurador General de la República reflejaban los niveles de frustración y molestia por el esfuerzo en el combate al crimen organizado, no correspondido de igual manera allende el Río Bravo.

         Y aun cuando en la agenda bilateral México privilegie temas como lavado de dinero, tráfico de armas, y el consumo de drogas, la propuesta de buscar mecanismos alternativos a la iniciativa Mérida, revela la dificultad de todo el sexenio anterior para lograr avances con un mismo objetivo.

         Por si fuera poco, el ataque en el maratón de Boston eleva la seguridad como prioridad, aun cuando no se trate de un grupo extremista externo, no obstante que el interés de Obama es lo que va a hacer Peña Nieto para detener el flujo de droga e inmigrantes a su país.   

         El temor de que el Presidente de los Estados Unidos centre la agenda en el combate al crimen organizado tuvo su preventivo en la detención de Inés Coronel, suegro de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera a menos de dos días de la visita y después de los editoriales en medios norteamericanos que hablaban de una cierta tolerancia de Felipe Calderón y Genaro García Luna al cartel de Sinaloa.

         Pero como dice Manuel Clouthier, si es el camino que seguirá Peña Nieto va a necesitar detener como a 50 suegros de El Chapo y a sus parientes, aun cuando la relación familiar no implique complicidad, o sociedad con el crimen.

         Y ni hablar del tema migratorio, la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana del Subcomandante Marcos pasa perfectamente desapercibida en el tema, amén de que el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, tiene un perfil mas policiaco que académico o de derechos humanos, fue funcionario del CICEN, de la Policía Federal Preventiva, AFI, PGR y diputado con licencia para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

         Ardelio tiene la ventaja de mantener una fuerte amistad con el embajador Medina Mora, lo que en teoría facilitarían proyectos en la agenda migratoria. En la historia de los desencuentros con Genaro García Luna el ahora Comisionado del INM fue una de las manzanas de la discordia que terminó en uno de los arranques de furia de Calderón al enviar a Medina Mora a la embajada en Inglaterra.

         Pero lo que en verdad se escapa de toda lógica, o tal vez en la lógica de que los asuntos migratorios nos valen, es la designación en el Senado de la atleta Ana Gabriela Guevara como Presienta de la Comisión de Asunto Migratorios.

         De risa loca, si en la Cámara Alta trataron de buscar un perfil mas disímbolo, no lo encontraron, bueno, ella no encontró su curul en el Senado al buscarla en la Cámara de Diputados en la toma de protesta. En fin, luego les platico de su visita a Guatemala con un grupo de académicos del Colegio de la Frontera Norte y funcionarios del gobierno mexicano.

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Calderón ofreció a Peña asumir el costo político de una nueva Ley de Víctimas, fue rechazado

Hugo Páez

Antes de tomar posesión Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, Felipe Calderón le ofreció cargar con el costo político de la Ley General de Víctimas para evitar publicar la aberración llena de carencias y deficiencias legales que vetó.
La propuesta de Calderón era que el Congreso corrigiera la Ley y el nuevo presidente promulgara la correcta. La operación requería la voluntad de Peña en una operación de cabildeo en las bancadas del PRI, PAN y Partido Verde, principalmente.
El Presidente Electo rechazó el ofrecimiento ya que se había comprometido con líderes sociales a retirar la Controversia Constitucional del gobierno de Calderón, y la publicó el 9 de enero del 2013, para entrar en vigor pasado mañana 9 de febrero.
Los cálculos mas conservadores estiman indemnizaciones, reparación de daños y ayudas en un millón de millones de pesos anuales (billón), ya que la redacción es un terreno fértil para que cualquier tipo de víctima, desde el que sufre un robo de automóvil, el patrón al que le roba el empleado, hasta los que sufren delitos mayores y sus deudos podrán demandar un sinnúmero de beneficios a cargo del estado.
El cálculo conservador se basa en la estadística: se cometen 2 millones de delitos al año, si al menos el 50% de la víctimas reclama reparación del daño, topado en 971 mil pesos (500 salarios mínimos), resulta a grosso modo el billón de pesos.
Pero eso no es todo, después de los festejos en Los Pinos por la publicación de la Ley, con el beneplácito de Javier Sicilia y funcionarios federales, pero desairado por otros luchadores como María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, Alejandro Martí de SOS y el retiro de Isabel Miranda de Wallace al inicio del evento, los funcionarios federales empezaron a repartir culpas por el Frankenstein que revivieron. El Procurador Jesús Murillo Karam ni siquiera se presentó en el foro Derecho de las Víctimas y la Ley General de Víctimas organizado en el Senado la semana pasada, envió a la subprocuradora Mariana Benítez, quien declaró que la Ley no es perfecta, pero es bondadosa.
Unas versiones sitúan al Director Jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos como la voz que convenció a Peña Nieto, otras a la certeza del Procurador Murillo Karam, quien animado por la eliminación del arraigo y el aplauso de las ONG´s quiso darle un giro de 180 grados al estilo de Calderón, enfrentado violentamente con el crimen organizado. Ahora el foco de atención serían las víctimas, que por cierto se quedaron esperando el mausoleo en el Campo Marte, ya que todas luces la mano se la llevó el Ejercito, la Marina y los federales caídos en la lucha.
El foro en el Senado se convirtió en la mesa de la verdad, Roberto Gil Zuarth y Ernesto Cordero señalaron punto a punto las grandes deficiencias, sin embargo, entre los funcionarios federales prevaleció una especie de cautela para evitar exhibir la mala decisión del Presidente al promulgar la redacción extravagante de la Ley General de Víctimas que desde el arranque estipula en el artículo 2 “I.- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.
II.- Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral”.
El ex embajador de México ante la OCDE y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carlos Elizondo Mayer, aseguró no conocer ningún país que se haga cargo de compensar a las víctimas si no aparece el victimario, y agregó “Esta ley es un desastre; cuando se promulgó, el titular de la PGR (Jesús Murillo Karam) dijo que ese ordenamiento era perfectible. Además, las implicaciones presupuestales son incuantificables”. La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace declaró en el foro “Entiendo que la subprocuradora (Mariana Benítez) venga a defenderla; dice que van a adelgazar algunos delitos, pero no es viable una norma cuando se crea burocracia para que reconozcan la calidad de víctima. Tiene muchas debilidades, y si no se corrigen será letra muerta”.
A partir del sábado, el destino conjugado en una serie de eventos desatados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso Florance Cassez, puede hacernos una extraña jugada: la francesa declarada culpable de secuestro por tres tribunales, podrá apelar a la Ley General de Víctimas, ya que tres ministros fallaron a su favor porque fueron violados sus derechos humanos en el Debido Proceso. Seguramente Florance demandará la reparación del daño y todos los beneficios que le otorga la nueva ley, entre los que veremos una disculpa pública de las autoridades y en consecuencia la humillación de sus víctimas.
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¿Que espera Raúl Plascencia (CNDH) para intervenir en PEMEX..?

Hugo Páez

Mas de cien horas han pasado de la explosión en el edificio B2 de PEMEX con 37 muertos y decenas de heridos, ocho en condiciones graves, sin que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya interpuesto una queja de oficio, como lo hizo al día siguiente del motín de las Islas Marías el sábado pasado.
No son suficientes las sospechas, las dudas, ni el reclamo de Osvaldo Vite Gutiérrez, hijo de Gregorio Vite Valderrama, empleado de la contratista Copicosa que laboraba en el estacionamiento del edificio B2 y quedó atrapado sin que la autoridad lo escuchara, hasta que denunció en medios de comunicación que la maquinaria del Ejército entraría a remover escombros en el sitio donde sospechaba estaba atrapado el cuerpo de su padre. Ni el reclamo de los deudos de María de la Cruz Canales Gutiérrez quines denunciaron que el cuerpo en el Semefo no correspondía con la trabajadora de la petrolera, y gracias a la insistencia, ayer por la tarde los Topos reanudaron su búsqueda entre los escombros.
No se explica la tardanza de Raúl Plascencia para dar seguimiento formal a lo ocurrido en PEMEX, para llegar a la verdad, coincida o no con la oficial, amén de deslindar responsabilidades en cualquiera de sus resultados.
Aun cuando la autoridad federal concluya que la tragedia se debió a un accidente, el organismo de Raúl Plascencia deberá guiarnos para señalar, que, o quienes, son los responsables de negligencia. Y si de sabotaje se tratara, mas allá de responsables externos, aclarar el falló en la seguridad interna.
Apenas unas horas después del motín en el penal de las Islas Marías ocurrido el sábado, la CNDH solicitó el domingo al Comisionado del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, la aplicación de medidas cautelares en favor de los internos, del Complejo Penitenciario “Islas Marías”, a efecto de que se garantice el respeto al derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal de la población penitenciaria, evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes, brindar atención médica inmediata a las personas que lo requieran e impedir que se tomen represalias en contra de los internos que se amotinaron.
En el caso de la inundación de Tabasco el organismo actuó de oficio, sin embargo la tragedia de PEMEX y sus consecuencias en los trabajadores son medidas con una vara distinta, tal vez esperando la queja de algún particular para investigar, o alguna negativa de la petrolera a un solicitante que tendría que recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información para aclara los hechos y deslindar responsabilidades.
Y en el supuesto de que el Consejo de Administración de PEMEX solicite clasificar la información como “Seguridad Nacional”, tendría que someter al criterio del Consejo Consultivo de la CNDH si la clasificación es suficientemente razonada para darle ese estatus, o la autoridad estaría obligada a darla a conocer.
Esa es una de las funciones del organismo autónomo que parece estar mas schockeado que el gobierno federal.

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