Hugo Páez
Frente
a las cámaras del noticiero estelar de Televisa, Jacobo Zabludovsky tomó la
llamada del ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos: “Quiero
aclarar que no soy el único deudor del predial en Acapulco, una persona tiene
una deuda similar y tiene derecho a ser deudor como yo, esa persona se llama
Zedillo Ponce de León Ernesto”.
El
nombre del ex candidato presidencial del PAN (1994) se había filtrado desde el
gobierno como deudor, con el claro propósito político de desacreditarlo, no,
supongo, como es el objetivo de la lista del SAT para desincentivar la evasión
fiscal, a petición del Congreso, como lo confirmó el Secretario de Hacienda
Luis Videgaray ayer ante el cuerpo diplomático de México, horas después de que
Emilio Gamboa pidiera dar marcha atrás.
En
esos días de marzo del 97 se había desatado una campaña del gobierno de Zedillo
contra Diego, el adeudo del predial lo exhibía como presunto favorecido de un
predio de 50 mil m2 en Punta Diamante en Acapulco, supuestamente como premio de
Carlos Salínas de Gortari por la autorización de la quema de boletas de la
elección de 1988.
Esa
noche del 19 de marzo Zabludovsky terminó la llamada de Fernández de Cevallos
con la sentencia: “Es una acusación muy grave, Diego”, “Así es”, fue la
respuesta al otro lado de la línea.
A
los pocos minutos, de nuevo otra llamada en el noticiero: Emilio Chuayffet
Chemor, Secretario de Gobernación (junio 1995 - enero 1998), aseguró al
conductor de Televisa que el presidente había cumplido con todas las
obligaciones fiscales de un departamento de su propiedad en el puerto. Diego
tenía información fidedigna, ante el escándalo en televisión nacional una mano
amiga en segundos había arreglado la liquidación de la deuda de Zedillo, sin
dejar huella en la base de datos que en esos años era totalmente rudimentaria.
Eran
los tiempos en que una acusación contra el hombre mas poderoso del país
provocaba una competencia zalamera para ver quien lo defendía con más
vehemencia, así, Roberto Campa Cifrían aseguró meter las manos al fuego por
Zedillo, Alfredo del Mazo calificó de irresponsable a Diego, y el alcalde de
Acapulco Juan Salgado Tenorio se sacó de la manga el 20 de marzo un recibo del
pago del predial del departamento del presidente de 159 m2 por $1,724 pesos hecho el 4 de
marzo, supuestamente dos semanas antes de la acusación. Algunos actores de esa
trama son de nuevo funcionarios en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El
remedo de lista negra en el 97 contra Diego revirtió el propósito, tal como el
ocurrió con la supuesta lista de recompensas millonarias de 20 personajes
buscados por la PGR en el sexenio de Felipe Calderón con tantos errores -unos
personajes sin motivo alguno y otros que estaban muertos- que tuvo que ser
desechada, con el riesgo de demandas en derechos humanos, tal como amenazan
algunos expuestos por el Sistema de Administración Tributaria.
Este
tipo de exhibición resulta efectivo en países con información bien estructurada
y protegida, en México no hay casos de éxito, sin embargo puede ser utilizada
como un arma política contra los que están incluidos, y terriblemente
cuestionable por los que están excluidos y a todas luces son favorecidos.
Tal vez sea
la reflexión del senador Emilio Gamboa Patrón al pedirle ayer al SAT ayer que
de marcha atrás en la publicación de la lista negra, pero es un dilema
provocado desde el Congreso al exigir la exhibición de contribuyentes morosos,
beneficiados con créditos y otros a los que se puede considerar perdonados. Al
final del día se trata de transparencia, la duda no es si se hace, es evidente
que la rendición de cuentas en todas sus manifestaciones fortalece a un estado
como el que pretende ser México, pero se requiere el cuidado y la precisión de
un cirujano.
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