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jueves, 7 de febrero de 2013

Calderón ofreció a Peña asumir el costo político de una nueva Ley de Víctimas, fue rechazado

Hugo Páez

Antes de tomar posesión Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, Felipe Calderón le ofreció cargar con el costo político de la Ley General de Víctimas para evitar publicar la aberración llena de carencias y deficiencias legales que vetó.
La propuesta de Calderón era que el Congreso corrigiera la Ley y el nuevo presidente promulgara la correcta. La operación requería la voluntad de Peña en una operación de cabildeo en las bancadas del PRI, PAN y Partido Verde, principalmente.
El Presidente Electo rechazó el ofrecimiento ya que se había comprometido con líderes sociales a retirar la Controversia Constitucional del gobierno de Calderón, y la publicó el 9 de enero del 2013, para entrar en vigor pasado mañana 9 de febrero.
Los cálculos mas conservadores estiman indemnizaciones, reparación de daños y ayudas en un millón de millones de pesos anuales (billón), ya que la redacción es un terreno fértil para que cualquier tipo de víctima, desde el que sufre un robo de automóvil, el patrón al que le roba el empleado, hasta los que sufren delitos mayores y sus deudos podrán demandar un sinnúmero de beneficios a cargo del estado.
El cálculo conservador se basa en la estadística: se cometen 2 millones de delitos al año, si al menos el 50% de la víctimas reclama reparación del daño, topado en 971 mil pesos (500 salarios mínimos), resulta a grosso modo el billón de pesos.
Pero eso no es todo, después de los festejos en Los Pinos por la publicación de la Ley, con el beneplácito de Javier Sicilia y funcionarios federales, pero desairado por otros luchadores como María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, Alejandro Martí de SOS y el retiro de Isabel Miranda de Wallace al inicio del evento, los funcionarios federales empezaron a repartir culpas por el Frankenstein que revivieron. El Procurador Jesús Murillo Karam ni siquiera se presentó en el foro Derecho de las Víctimas y la Ley General de Víctimas organizado en el Senado la semana pasada, envió a la subprocuradora Mariana Benítez, quien declaró que la Ley no es perfecta, pero es bondadosa.
Unas versiones sitúan al Director Jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos como la voz que convenció a Peña Nieto, otras a la certeza del Procurador Murillo Karam, quien animado por la eliminación del arraigo y el aplauso de las ONG´s quiso darle un giro de 180 grados al estilo de Calderón, enfrentado violentamente con el crimen organizado. Ahora el foco de atención serían las víctimas, que por cierto se quedaron esperando el mausoleo en el Campo Marte, ya que todas luces la mano se la llevó el Ejercito, la Marina y los federales caídos en la lucha.
El foro en el Senado se convirtió en la mesa de la verdad, Roberto Gil Zuarth y Ernesto Cordero señalaron punto a punto las grandes deficiencias, sin embargo, entre los funcionarios federales prevaleció una especie de cautela para evitar exhibir la mala decisión del Presidente al promulgar la redacción extravagante de la Ley General de Víctimas que desde el arranque estipula en el artículo 2 “I.- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.
II.- Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral”.
El ex embajador de México ante la OCDE y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carlos Elizondo Mayer, aseguró no conocer ningún país que se haga cargo de compensar a las víctimas si no aparece el victimario, y agregó “Esta ley es un desastre; cuando se promulgó, el titular de la PGR (Jesús Murillo Karam) dijo que ese ordenamiento era perfectible. Además, las implicaciones presupuestales son incuantificables”. La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace declaró en el foro “Entiendo que la subprocuradora (Mariana Benítez) venga a defenderla; dice que van a adelgazar algunos delitos, pero no es viable una norma cuando se crea burocracia para que reconozcan la calidad de víctima. Tiene muchas debilidades, y si no se corrigen será letra muerta”.
A partir del sábado, el destino conjugado en una serie de eventos desatados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso Florance Cassez, puede hacernos una extraña jugada: la francesa declarada culpable de secuestro por tres tribunales, podrá apelar a la Ley General de Víctimas, ya que tres ministros fallaron a su favor porque fueron violados sus derechos humanos en el Debido Proceso. Seguramente Florance demandará la reparación del daño y todos los beneficios que le otorga la nueva ley, entre los que veremos una disculpa pública de las autoridades y en consecuencia la humillación de sus víctimas.
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