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jueves, 16 de enero de 2014

Lucrando con la ejecución de Edgar Tamayo

Hugo Páez

         Un insulto a la inteligencia el oportunismo de Graco Ramírez ante la inminente ejecución de Edgar Tamayo Arias, asesino confeso de un policía en Estados Unidos, 20 años atrás.
         Consulto a Manuel Pérez Cárdenas, ex Cónsul General de México en Houston. El ex funcionario conoce el caso a detalle, platicó con Tamayo en prisión al menos seis veces y fue factor decisivo para la liberación de Ricardo Aldape Guerra en 1997.
         De no ocurrir un milagro de última hora, Edgar será ejecutado con una inyección letal el 22 de enero en Huntsville, el próximo miércoles. La justicia norteamericana expone castigos ejemplares, salvajes para la mayoría de las naciones, los hijos y la esposa del policía asesinado estarán presentes en la sala de ejecuciones. En el largo proceso no aparecieron los “paladines políticos de la justicia” que ahora lucran con Edgar Tamayo, saben que llegó al punto de no retorno donde las instancias se agotaron y alientan sin pudor alguno falsas expectativas. Otros asumen lo inminente, es el caso de la cónsul de México en Austin, Rosalba Ojeda y Cardenas: “Texas no perdonará a Tamayo”.
         Graco sentenció el martes en una conferencia de prensa: "Texas se consolida como una ínsula del racismo y el autoritarismo", agrega: "El gobierno mexicano, a pesar de todos los esfuerzos hechos no ha logrado que el (gobierno del) estado de Texas cumpla con las convenciones internacionales que garantizan el debido proceso de un detenido por un Estado extranjero".
         Monumental la manipulación del gobernador de Morelos, no hablamos de la duda moral sobre la pena de muerte, esa es otra historia en la que un gran número de mexicanos pidieron implementarla en nuestro país, en los momentos mas críticos del secuestro y la muerte de víctimas. No, hablamos de las leyes de Estados Unidos, de una solución del Supremo Tribunal que permitió su reinstauración en 1976 como una ley estatal para los estados dispuestos a adoptarla, Texas fue uno de la mayoría que lo hicieron.
         Pregunto a Pérez Cárdenas si ve algún elemento de racismo en las ejecuciones de latinos, de mexicanos en específico. La respuesta se basa en números duros: en promedio mas del 60% de los ejecutados son norteamericanos blancos anglosajones, un 20% negros, cerca del 11% de "hispanics" o latinos, y el resto de asiáticos. Texas es el estado con más ejecuciones en la Unión Americana con procesos largos y laboriosamente revisados por años, el de Tamayo es el mas extenso que presenció Pérez Cárdenas. El ex cónsul en Houston acompañó a Ricardo Aldape Guerra a su regreso a Monterrey Nuevo León, sin embargo tres meses después fue ejecutado Irineo Tristán Montoya por el asesinato de un hombre a puñaladas. Extraño es no escuchar ruido con los centenares de ejecuciones de norteamericanos anglosajones, no tienen la defensa mediática de los extranjeros.
         Hablo con Louis Escareño sobre el caso Tamayo, fungió como Special Assistant Attonery General of Texas (Asistente Especial del Procurador General) y me comenta que el estado tiene una "vara muy alta para condenar a alguien a la pena de muerte", además existe un amplio grupo de abogados para los acusados como elemento garante de justicia. El temor a equivocarse es brutal, lo que deriva en procesos muy largos y costos hasta agotar cualquier duda. Aunque en lo personal no creo en la infalibilidad.
         Ayer mismo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de México en voz de la senadora Lisbeth Hernández Lecona exhortó al gobierno de Texas a postergar la ejecución de Edgar. El gobernador Rick Perry puede hacerlo por una sola vez y por un periodo máximo de un mes, siempre y cuando le muestren de última hora nuevos elementos que prueben la inocencia del culpado. De existir esos elementos no habría motivo alguno para esperar el plazo del gobernador. El oportunismo político es evidente.
         Pero Graco Ramírez agrega a la calificación de "racista" un elemento de duda que habrá que analizar en razón de las leyes de Estados Unidos. La violación al debido proceso, esa que logró en México la liberación de la secuestradora Florence Cassez sentenciada a 60 años de prisión. No fue declarada inocente, fue liberada por la Suprema Corte. Pues resulta que la firma de acuerdos internacionales hecha por el gobierno norteamericano es opcional para los estados y ni el presidente Barak Obama puede obligar a Rick Perry a cumplir el Tratado de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares. En su artículo 36 establece el derecho de todo extranjero que al ser detenido sea asistido.
En la detención de Edgar Montoya no se dio parte al consulado de México, sin embargo históricamente Texas nunca ha reconocido el tratado, no solo eso, una resolución de la Suprema Corte de EU falló a favor de Texas porque no existe una ley reglamentaria que norme el tratado, por lo tanto, la Corte argumenta que el tratado internacional no es aplicable.
Brutal el destino de Edgar Tamayo. Terrible y salvaje el puro concepto de la pena de muerte que no entendemos de este lado del Río Bravo, que no tendríamos por que entender. El mexicano ejerció su defensa por años y nunca escuchó el “ímpetu” de los políticos nacionales que ahora claman por su defensa, claro, de última hora, donde el caso es el tema en todos los medios de comunicación. En la soledad de su lucha y la de su familia los gritones de hoy estuvieron ausentes, tan inmorales como el tamaño de reflectores que pretenden ganar con falsas expectativas, y de suceder un milagro, nada tendría que ver con sus lamentos.
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jueves, 9 de enero de 2014

Lo negro de la Lista Negra, Videgaray contesta a Gamboa

Hugo Páez

         Frente a las cámaras del noticiero estelar de Televisa, Jacobo Zabludovsky tomó la llamada del ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos: “Quiero aclarar que no soy el único deudor del predial en Acapulco, una persona tiene una deuda similar y tiene derecho a ser deudor como yo, esa persona se llama Zedillo Ponce de León Ernesto”.
         El nombre del ex candidato presidencial del PAN (1994) se había filtrado desde el gobierno como deudor, con el claro propósito político de desacreditarlo, no, supongo, como es el objetivo de la lista del SAT para desincentivar la evasión fiscal, a petición del Congreso, como lo confirmó el Secretario de Hacienda Luis Videgaray ayer ante el cuerpo diplomático de México, horas después de que Emilio Gamboa pidiera dar marcha atrás.
         En esos días de marzo del 97 se había desatado una campaña del gobierno de Zedillo contra Diego, el adeudo del predial lo exhibía como presunto favorecido de un predio de 50 mil m2 en Punta Diamante en Acapulco, supuestamente como premio de Carlos Salínas de Gortari por la autorización de la quema de boletas de la elección de 1988.  
         Esa noche del 19 de marzo Zabludovsky terminó la llamada de Fernández de Cevallos con la sentencia: “Es una acusación muy grave, Diego”, “Así es”, fue la respuesta al otro lado de la línea.
         A los pocos minutos, de nuevo otra llamada en el noticiero: Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Gobernación (junio 1995 - enero 1998), aseguró al conductor de Televisa que el presidente había cumplido con todas las obligaciones fiscales de un departamento de su propiedad en el puerto. Diego tenía información fidedigna, ante el escándalo en televisión nacional una mano amiga en segundos había arreglado la liquidación de la deuda de Zedillo, sin dejar huella en la base de datos que en esos años era totalmente rudimentaria.
         Eran los tiempos en que una acusación contra el hombre mas poderoso del país provocaba una competencia zalamera para ver quien lo defendía con más vehemencia, así, Roberto Campa Cifrían aseguró meter las manos al fuego por Zedillo, Alfredo del Mazo calificó de irresponsable a Diego, y el alcalde de Acapulco Juan Salgado Tenorio se sacó de la manga el 20 de marzo un recibo del pago del predial del departamento del presidente de 159 m2 por $1,724 pesos hecho el 4 de marzo, supuestamente dos semanas antes de la acusación. Algunos actores de esa trama son de nuevo funcionarios en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
         El remedo de lista negra en el 97 contra Diego revirtió el propósito, tal como el ocurrió con la supuesta lista de recompensas millonarias de 20 personajes buscados por la PGR en el sexenio de Felipe Calderón con tantos errores -unos personajes sin motivo alguno y otros que estaban muertos- que tuvo que ser desechada, con el riesgo de demandas en derechos humanos, tal como amenazan algunos expuestos por el Sistema de Administración Tributaria.
         Este tipo de exhibición resulta efectivo en países con información bien estructurada y protegida, en México no hay casos de éxito, sin embargo puede ser utilizada como un arma política contra los que están incluidos, y terriblemente cuestionable por los que están excluidos y a todas luces son favorecidos.
Tal vez sea la reflexión del senador Emilio Gamboa Patrón al pedirle ayer al SAT ayer que de marcha atrás en la publicación de la lista negra, pero es un dilema provocado desde el Congreso al exigir la exhibición de contribuyentes morosos, beneficiados con créditos y otros a los que se puede considerar perdonados. Al final del día se trata de transparencia, la duda no es si se hace, es evidente que la rendición de cuentas en todas sus manifestaciones fortalece a un estado como el que pretende ser México, pero se requiere el cuidado y la precisión de un cirujano.
        
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martes, 7 de enero de 2014

El general Mireles

Hugo Páez

         Consulto con un funcionario de primera línea, inmerso en este conflicto de Michoacán en el sexenio de Felipe Calderón. Asegura que la aparición de José Manuel Mireles como uno de los actores principales es relativamente nueva, no figuraba con fuerza en el escenario, aun cuando se percibe un arraigo de por vida.
El líder de las autodefensas michoacanas transita en el umbral de la ilegalidad sin mayor problema, las imágenes de su grupo armado y sus declaraciones es una muestra de justicia por propia mano, una dimensión alterna al estado de derecho que parece funcionar en el combate al crimen organizado en Tierra Caliente, tal como lo hicieron los grupos paramilitares en Colombia en los 70´s contra la guerrilla y los cárteles asociados.
El accidente en la aeronave que se dirigía de Guadalajara a Tecalpatepec Michoacán dimensionó la verdadera importancia de Mireles Valverde para el gobierno de Michoacán y el federal, sin importar su tránsito por la ilegalidad pero legitimado en las comunidades asediadas por el crimen organizado. Fausto Vellejo, Jesús Reyna y las fuerzas federales lo toleran por su efectividad, igual que Ángel Aguirre Rivero en Guerrero con las autodefensas.
Mireles es general en su propio ejército, pieza bien cuidada por la Sedena, la Policía Federal y los mejores servicios médicos. El hombre clave para mantener un remedo de estado de derecho en la zona más conflictiva del estado, una meta hasta el momento capaz de cumplir por la autoridad formal.
         En Colombia las fuerzas paramilitares construyeron la ruta corta, hicieron posible legitimar las fuerzas del gobierno central en las comunidades más conflictivas, facilitaron el trabajo, y poco a poco fueron aceptados hasta el desplazamiento relativo de los civiles alzados contra la guerrilla y el narcotráfico. En los 90´s se sobredimensionaron hasta crear las Autodefensas Unidas de Colombia. El objetivo fue permear la base social, sostén de los grupos criminales, para desplazarlos por otros grupos civiles armados, “los buenos”, pues. Sin embargo algunos de estos alcanzaron la fuerza necesaria para doblar al gobierno y poner sus propias reglas.
         Nada extraño sería repetir parte de esa historia a partir de los consejos del general colombiano Oscar Naranjo, ya que, aun cuando dejó de asesorar formalmente a Enrique Peña Nieto antes de tomar posesión, ahora le sobra tiempo después de la frustrada candidatura presidencial. Podría ser parte del gabinete de Juan Manuel Santos, el presidente – candidato puntero, ubicado en las encuestas muy por encima de Oscar Zuluaga Escobar, el delfín de Álvaro Uribe.
         Resulta extraño ver a un líder civil armado al frente de un grupo de defensa. Tan extraño como resultaría toparse en Iztapalapa, Nezahualcoyotl o las zonas conflictivas de Monterrey y Guadalajara  con filtros de vecinos ataviados con radios, fusiles de alto poder y equipo de defensa. 
         Pero esa anormalidad se volvió parte del paisaje en varios estados. Una normalidad que contrasta con el México de las reformas, el de la esperanza de crecimiento del 4% en este año y el 5% en el 2018, el de hombres enlistados en el “top” de Forbes. Mientras tanto Fausto Vallejo pidió ayer que se despolitice el tema de la seguridad en Michoacán y que se aplique la Ley de Armas y Explosivos. Pobres michoacanos.

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