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miércoles, 22 de agosto de 2018


PGR facilita Pacto de Impunidad, casos de corrupción no llegarían a fiscales de AMLO
    
Hugo Páez
 
En las últimas semanas del sexenio, Alberto Elías Beltrán de nuevo utiliza a la Procuraduría General de la República en una operación facciosa para facilita el Pacto de Impunidad entre el gobierno entrante y el saliente.
Ahora trata de evitar que los grandes casos de corrupción del sexenio caigan en manos del Fiscal General de la República y el Anticorrupción que propondrá Andrés Manuel López Obrador al Congreso.
Según lo publicado por el periódico Reforma, la PGR retiró de los cargos imputados al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa lel de delincuencia organizada, al reclasificarlo con el de asociación delictuosa, que no considera prisión preventiva oficiosa.
Con la maniobra de Elías Beltrán, que en esta misma semana benefició a la ex lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo Morales con una investigación deficiente para que un juez la dejara en libertad, Duarte de Ocho podría ejercer su defensa fuera de la cárcel, un beneficio que el ex gobernador capturado en Guatemala en abril del 2017 y extraditado a México en julio, considerará un gesto comprometedor, comparado con la acusación de operaciones multimillonarias que desfalcaron las arcas del gobierno de Veracruz.
Las complicidades del PRI, la autoridad y Duarte dejaron huellas que llevan al partido ganador de la elección presidencial, Morena. En abril del 2017 la diputada local por Morena en Veracruz, Eva Cadena Sandoval fue captada en video recibiendo 500 mil pesos en efectivo que dijo entregaría al candidato presidencial (video https://goo.gl/Js7WZc).
La también candidata a la alcaldía de Los Choapas declaró que el dinero para las campañas pasaba por Rocío Nahle, coordinadora parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, posteriormente, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares declaró que el gobierno de Javier Duarte financiaba con 2.5 millones de pesos mensuales al partido de López Obrador.
En la historia de estos grandes casos de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto está el desgano de la Procuraduría Federal en manos de Raúl Cervantes Andrade, de octubre del 2016 a octubre del 2017, continuada con Elías Beltrán, pero sobre todo, la tolerancia del ex Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, quien contuvo las múltiples quejas y pruebas de corrupción y abuso de poder de Javier Duarte, Roberto Borge Angulo de Quintana Roo y César Duarte Jáquez de Chihuahua, con la agenda electoral en la mano hasta que los gobiernos del PRI fueron expulsados de esos estados.
El operativo contra Elba Esther estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam, una maniobra de control político sustentada en la historia de dispendio de la maestra y acusaciones de corrupción, recursos de procedencia ilícita mal integrados por el subprocurador Alfredo Castillo Cervantes y por el titular de la UIF Alberto Bazbaz Sacal, guiados por la mano del entonces director jurídico de presidencia Humberto Castillejos Cervantes, que en el 2016 impulsó a su primo Raúl Cervantes Andrade como Procurador al ver frustrado su intento como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El uso faccioso de la Procuraduría será uno de los sellos de este gobierno que llevó a Organizaciones de la Sociedad Civil a plantear a Fiscales verdaderamente autónomos, exigencia que el presidente electo rechazó totalmente.
En estos casos de uso faccioso está el de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex Secretario General Adjunto del PRI de Manlio Fabio Beltrones Rivera. La PGR no ha podido reubicarlo al ámbito federal, detenido en una prisión de Chihuahua, por la firmeza del gobernador de Javier Corral Jurado para mantener el caso en el estado, a sabiendas que una vez en el ámbito federal quedaría en manos del Pacto de Impunidad para beneficio del ex gobernador César Duarte de Ochoa, prófugo en Estados Unidos, protegido de la extradición por la sospechosa lentitud del Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso, y que muy probablemente la dilación lo haga llegar a las manos de Marcelo Ebrard Casaubón en la próxima administración.
En esta etapa de transición veremos intentos por sepultar atrocidades, encerrar a piedra y lodo cadáveres en el closet y sellar pactos para evitar la acción de la justicia. De eso se trata el Pacto de Impunidad.
 
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