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viernes, 10 de agosto de 2018

     
Fiscales de López Obrador con autonomía ‘a modo’
     
  • Los fiscales a modo son imprescindibles para cumplir el Pacto de Impunidad y otorgar “el perdón” a criminales, como método de pacificación. Rechaza la exigencia de la sociedad civil de autonomía total del Fiscal General, el Anticorrupción y de Delitos Electorales.
   
Hugo Páez
 
A pesar de los innumerables reclamos de cientos de organizaciones de la sociedad civil para hacer modificaciones de ley que derive en fiscalías verdaderamente autónomas, Andrés Manuel López Obrador decidió que estas NO se irán a consulta de ningún tipo, como el Nuevo Aeropuerto, la Reforma Educativa, y más.
El jueves, en la segunda reunión de AMLO con Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, el presidente electo tomó la determinación de que la Fiscalía General de la República, la Anticorrupción y la de Delitos Electorales, serán designaciones propias que avalará el Legislativo dominado por Morena en septiembre.
La decisión es también la aceptación de la continuidad de una procuraduría de justicia facciosa, que primero encarceló a la ex líder del Sindicato de Maestros Elba Esther Gordillo durante todo el sexenio, y posteriormente manipuló el expediente para ayudar a su liberación.  
Es el mismo concepto de justicia que NO investigó en tiempo y forma al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, al de Quintana Roo Roberto Borge Angulo y al de Chihuahua César Duarte Jáquez, hasta ver la tragedia electoral para el PRI en sus estados.
Es también el modelo repetido de PGR -ahora fiscalía- que persiguió al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. Con sobradas sospechas, los fiscales a modo son necesarios para cumplir con el Pacto de Impunidad Morena - PRI.
Así que las mesas de análisis del equipo de transición a López Obrador y las ONG´s agrupadas en los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, instaladas el mismo día del anuncio de la designación de los fiscales, es una burla más que suma a la ofensa de las víctimas con el “Perdón” a los delincuentes y la amnistía.
Con propósitos de apología, se construye una narrativa sobre la innecesaria reforma al artículo 102 constitucional que norma todos los aspectos de las fiscalías, por lo tanto se quedará tal cual la redacción diseñada por las bancadas del PRI para mantener la tutela de los fiscales bajo el Ejecutivo, mediante la ‘deuda’ de ser nombrado por el presidente en contubernio de sus bancadas mayoritarias.
En esta narrativa, Tatiana Clouthier Carrillo, Alfonso Durazo Montaño y Olga Sánchez Cordero juran que Andrés Manuel NO propondrá un Fiscal Carnal. Obviamente tendremos que confiar en la buena voluntad del líder, más que en la certeza jurídica de la total autonomía.
Por supuesto que fiscales a modo derivarán en corrupción a modo y una procuración de justicia a modo. Ese fue el título de mi columna del 11 de julio en este espacio (http://ow.ly/lbZ030lmbc5).
Durazo Montaño adelantó desde el 10 de julio la intención: “Yo creo que no es imprescindible (que el fiscal sea de la sociedad civil), en la medida que haya voluntad política para garantizar la autonomía. Actualmente, por razones de falta de voluntad política, el procurador, que debería ejercer con independencia del Ejecutivo, no se ha logrado ejercer por falta de voluntad política”.
Esto es, autonomía a voluntad de López Obrador.
Agrega Durazo: “En ningún momento van a ser designado por Andrés Manuel, será una propuesta del próximo presidente al Senado, y el Senado decidirá… vamos a hacer una separación obvia entre el crimen uniformado y aquellos integrantes de la policía que tengan un interés auténtico en servir a la sociedad”.
Traducción: Sí será designado por Andrés Manuel y avalado por el Senado dominado por Morena, al que se sumarán el PRI, PVEM y el Panal, parte beneficiada del Pacto de Impunidad.
Entre la feligresía de López Obrador no habrá mayores reclamos, la mayoría está dispuesta a creer en cosas que no creerían ni en Salt Lake City, Utah.
Pero además una fiscalía a modo del presidente es imprescindible para otorgar “el perdón” como parte fundamental en lo que llaman proceso de pacificación. Un Fiscal General autónomo tendría que perseguir todos los delitos sin importar lo que a conciencia del Ejecutivo signifique “perdón”.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío sentenció durante la presentación del informe Hallazgos 2017 de la organización México Evalúa: “No puede haber proceso de paz sin un sistema judicial eficientísimo. Todo proceso de pacificación tiene que pasar por una imposición de las normas jurídicas. Si lo que queremos es la pacificación, empezar con ideas generales es complicado y peligroso, aquello que termine en paz o perdón volverá a recaer y aquello no tendrá ningún sentido, las víctimas quedarán profundamente lastimadas y no habrá ningún proceso de paz posible”.
Y agrega: “Más allá de la alegría democrática, el mundo del derecho es un mundo técnico, no de entusiasmos exclusivamente: o se sabe o no se sabe. El mundo se construye racionalmente y se tiene que sostener racionalmente”.
El informe de México Evalúa revela que hasta 87.3% de los delitos cometidos en el país hasta 2016 han quedado impunes, y en algunos estados este porcentaje rebasa el 90%. En Jalisco y Tlaxcala supera el 99%.
Para el ministro Cossío el mensaje de fondo es: “estos estados son muy buenos para delinquir, porque la probabilidad de ser atrapado, procesado y sentenciado es casi cero. Esto debiera ser un dato no sólo preocupante, casi aterrador”.
En efecto, es un mensaje aterrador, igual que la continuidad de fiscalías potencialmente facciosas, como lo fue la PGR en este sexenio.
   
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