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jueves, 22 de octubre de 2015

En la caza del Chapo, desconfianza en los gobiernos de Malova, Herrera y Duarte

Hugo Páez

Con sumo cuidado, las autoridades, los organismos de la sociedad civil y las comisiones, Estatal y Nacional de Derechos Humanos deben observar y valorar las manifestaciones contra la autoridad federal, en especial contra la Marina, que se dan en Sinaloa como la de ayer en Culiacán con la participación de cerca de 500 personas.
Un hecho es clarísimo, el gobierno de Enrique Peña Nieto  la Semar de Vidal Soberón Sanz no tienen la suficiente confianza en materia de seguridad en el gobierno de Mario López Valdez en Sinaloa, Jorge Herrera Caldera en Durango y César Duarte Jáquez en Chihuahua.
No los participan de los operativos, como no lo fue en Sinaloa en en febrero del 2014 en la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en la movilización militar desde Culiacán hasta su detención en Mazatlán Sinaloa.
Si bien Tamazula está más cerca de Culiacán que de Durango capital, ni López Valdez ni Herrera Caldera fueron informados antes del asalto en la sierra del Triángulo Dorado.
Y en los efectos colaterales de nuevo aparecen las protestas contra elementos militares, tal como se movilizaron ayer en Culiacán cientos de personas. Al respecto hable con el ombudsman de Sinaloa Juan José Ríos Estavillo y me dice: “No nos corresponde analizar el motivo o la causa de la manifestación”
Le pregunto si la movilización es manipulada por el crimen organizado, el presidente de la CEDH de Sinaloa responde: “No existe algún elemento que indique que es inducida.. tenemos visitadores en el sitio y no hay reportes al respecto”.
Le comento que en marzo del 2014, mil 200 personas entre jóvenes, ancianos y niños salieron a las calles de Culiacán para protestar a favor del Chapo Guzmán y contra su extradición. Una escena vergonzosa que fue inducida, y en consecuencia se desató una ola de críticas y reclamos, en este sentido Ríos Estavillo sentencia: “Nosotros no estamos para satisfacer intereses o argumentos de las partes en conflicto en materia de derechos humanos” y agrega: “Que no se agravie a la CEDH con el argumento auto victimizado del cumplimiento de labores de seguridad pública” (entrevista #NotaDeVoz https://goo.gl/a0hwwK).
Ante la pregunta del porqué no existe una coordinación de la Marina con el gobierno de Mario López Valdez, el ombudsman responde: Hay una posible inferencia que se puede determinar de que se trata de operativos de naturaleza tan estricta en la certeza que los protocolos de actuación pueden corresponder a esa misma especialidad a resguardar información (secrecía)
Pero lo que nosotros decimos ante esos tópicos es que si bien es cierto existe el deber de resguardar seguridad pública y la seguridad nacional en un estado democrático, también es cierto que las instancias de protección y la defensa no son las únicas gobernantes, están los ámbitos ejecutivos del ejercicio del poder, sobre todo los que corresponden a otras
áreas.
Pero si va a haber un acto de atención a la seguridad pública, se puede identificar que el día de mañana pueda causar afectaciones directas e indirectas a otro tipo de personas. Sería bueno ver la operatividad del gobierno a fin de que otras áreas de gobierno, no necesariamente las de seguridad pública, también se encuentren preparadas.
Y si bien es cierto que no lo pueden prever, que si se fijen parámetros de comunicación intergubernamental para que no se deje a personas en estado de indefensión. Eso es lo que pedimos.
Reconocemos que hay un deber de seguridad que el estado tiene que cumplir a través de instancias de gobierno especializadas, pero también hay que reconocer que el ejercicio público del gobierno no nada más se circunscribe a prestarnos seguridad pública, ahí es donde tiene que haber estos esquemas de coordinación porque somos una república federal.
   
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