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jueves, 11 de mayo de 2017

Otra ejecución militar golpea a Cienfuegos y a Ley de Seguridad Interior

Hugo Páez
   
El video demuestra que no están hechos para eso.
El tiro de gracia del militar a un presunto huachicolero, totalmente sometido y herido, el 3 de mayo en Puebla, lacera profundamente el debate de la Ley de Seguridad Interior.
Se entiende la rabia por tres compañeros soldados caídos en el operativo de Palmarito Tochoapan en Palmar de Bravo, pero las cámaras captaron la ejecución sumaria de Raúl Jiménez Martínez (47), y el intento por borrar la evidencia que ahora pone en jaque a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es una prueba más en la tesis del general Salvador Cienfuegos Zepeda el 8 de diciembre: “No estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando, no nos sentimos a gusto”.
Sin embargo las Fuerzas Armadas van por esa ley que en esencia no cambiará la actitud ni la dinámica de los elementos castrenses en el combate contra el crimen organizado en las calles.
La Sedena pidió probar la autenticidad de los videos, pero la evidencia es clara y motivó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Luis Raúl González Pérez a condenar la violencia y exigir una investigación exhaustiva.
Se habla que de la filtración del video es para debilitar la acción de las fuerzas federales contra las bandas de robo de combustible en ductos de Pemex, una actividad de años, tolerada por los tres niveles de gobierno en instalaciones perfectamente conocidas que requiere de manos expertas, las cuales se sospecha de trabajadores o ex, de la misma petrolera.
De nuevo la corrupción como el cáncer central en la metástasis que vive el país. Desde el Legislativo y el Ejecutivo se trata de postergar y limitar las medidas drásticas necesarias para atacar el problema, con fintas simuladoras hasta encontrar condiciones a modo.
El Congreso cerró cortina sin definir al Fiscal Anticorrupción y desde la presidencia del Senado de Pablo Escudero, socio parlamentario del PRI, se justifica el albazo de la PGR de Raúl Cervantes Andrade para someter esa fiscalía a la Procuraduría.
Una ejecución sumaria NO tiene justificación, es un asesinato y los mandos superiores en el orden militar deben ser los primeros en acelerar la aplicación de la ley, cualquier maniobra para eludir la justicia daña seriamente a la institución, los casos se multiplican y no hay por qué cargar con culpas de malos elementos.
Pero el clima de violencia necesita la intervención de las Fuerzas Armadas, dirán algunos, entre los que se encuentran nueve de los diez gobernadores de Acción Nacional, pero no se debe olvidar que el proyecto de la Secretaría de Gobernación de Miguel Osorio Chong y la Policía Federal, ahora en manos de Manelich Castilla, era fortalecer a las divisiones de la institución, en especial a la Gendarmería, por el contrario, congeló el crecimiento y, en una maniobra que parece más de cálculo político por su interés presidencial, depositó la gran carga del combate contra el crimen organizado en el Ejército de Cienfuegos y la Secretaría de Marina de Vidal Soberón Sanz.
Huachicoleros, penales donde mandan los capos del narcotráfico, otros donde se fugan, entran y salen, reportes de organismos internacionales como el prestigiado Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) que pone a México a milímetros de Siria, con “niveles de violencia de un país en guerra abierta”, todo esto parece menos importante que neutralizar a la oposición, sobre todo a Andrés Manuel López Obrador y a Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México, y al PAN de Ricardo Anaya Cortés, para mantener el poder político en el status actual.
Son tiempo de elecciones, dirán, pero todos son tiempos de elecciones y cálculo político.
   
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