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domingo, 13 de noviembre de 2016

Padrés se hunde y desempata al PRI, reacciona PGR con maniobra política

Hugo Páez

La repentina urgencia del procurador Raúl Cervantes Andrade por capturar al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa mediante la recompensa de 15 millones de pesos, no puede interpretarse en otros términos que las prisas del gobierno federal por tratar de empatar el marcador del PRI con el PAN en la imagen anticorrupción, un día después de la entrega voluntaria de Guillermo Padrés Elías al juzgado del reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Pruebas no le faltan al ministerio público, y la presunción de inocencia del ex gobernador de Sonora será muy difícil de sostener, pero es evidente que la operación de la Procuraduría General de la República en su función de policía política, acelera ante la estrategia del abogado Antonio Lozano Gracia quien se adelanta a una situación insostenible desde diferentes puntos de vista, uno de ellos, el desánimo del ex gobernador de Sonora para seguir en ese ritmo ‘infernal’ de mantenerse al acecho.
En este mea culpa de Padrés queda exhibido el espasmo cuasi tolerante del CEN del PAN para aplicar sus mecanismos anticorrupción, sin embargo es clara la diferencia de delitos con el priista Javier Duarte, y en esta guerra de escándalos, la maniobra sorpresiva provocó el encabronamiento de la autoridad, y como medida exprés la PGR pone precio a la cabeza del veracruzano que los hizo perder uno de los tres bastiones electorales más importantes del país.
En lo personal sigo dudando que Duarte de Ochoa estuviera enfrentando en estos momentos un escenario de persecuciones jurídicas, si el candidato del PRI Héctor Yunes Landa hubiese ganado la gubernatura, y no el del PAN Miguel Ángel Yunes Linares, aún con el infame saqueo, que dudo que sea el mayor, pero sí el más torpe.
El Procurador Raúl Cervantes, quien declaró buscar la Fiscalía General de la República, tiene la esperanza de que la recompensa millonaria le ayude a encontrar al mandatario calificado por el presidente Enrique Peña Nieto como “la nueva generación política del PRI”, y en ese funcionalismo se exhibe como un ejecutor de los intereses del partido de Enrique Ochoa Reza.
De esa bancada del Senado salió la ex procuradora Arely Gómez González, ahora Secretaria de la Función Pública, y en las mismas curules coordinadas por Emilio Gamboa Patrón pidió licencia Raúl Cervantes, promovido por el Consejero Jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, el hombre fuerte de Enrique Peña Nieto.
Con la entrega, Ricardo Anaya Cortés recibió una bocanada de oxígeno para desempolvar el discurso anticorrupción que le echó a perder el ex gobernador de Sonora, y recibía dinamita pura de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. La acción quitó un gran peso a Acción Nacional y de paso exhibe el nerviosismo de la PGR y la sobrada presencia de la Secretaría de Marina de Vidal Soberón con un total de una treintena de agentes, bastaban media docena de policías federal de Manelich Castilla Craviotto y el apoyo de la policía capitalina para custodiarlo.
Pero en encabronamiento vino la venganza, insisto NO sin evidencias de sobra. El jaloneo rabioso de agentes de la PGR con abogados de Padrés al llegar el reclusorio Oriente, escenifica la impotencia y frustración. Se habla que durante la declaración se liberaron las órdenes de aprehensión contra el hijo Guillermo Padrés Dagnino, tres hermanos, un sobrino de Guillermo Padrés y un ex funcionario de Sonora. Dos empresas son acusadas de delincuencia organizada y lavado de dinero por 178 millones de pesos, por el que están en la cárcel el ex gobernador y su hijo.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda denunció a Julio César, Héctor de Jesús y Miguel Padrés Elías, así como al hijo del último, Miguel Padrés Molina. También se señala a las empresas El Pozo Nuevo de Padrés, Héctor J. Padres S.A de C.V que han tenido de accionistas a miembros de dos generaciones de la familia sonorense y se incluye a Ernesto Alonso Castorena Fraire, ex jefe de departamento en la gubernatura de Padrés. En el caso se giró la orden de aprehensión contra Guillermo Padrés y su hijo Guillermo Padrés Dagnino e incluyó defraudación fiscal y lavado de dinero por 8.8 millones de dólares. Esta suma, que en su momento de cálculo al tipo de cambio del dólar para el expediente, dio un total de 134 millones de pesos, y son parte de los 178 millones 351 mil 631 pesos, de lo que se imputa en el expediente por delincuencia organizada. La PGR documentó soborno al ex gobernador,  mediante depósitos de una empresa contratada por el gobierno de Sonora una cuenta mancomunada en HSBC en la que firmaban Miguel Padres Elías y Ernesto Alonso Castorena Fraire.
Para poder consolidar el delito de ‘delincuencia organizada’ es necesaria la participación de 3 o más personas, por lo tanto, la PGR alegra que se hicieron transferencias a las empresas El Pozo Nuevo de Padrés, Héctor J. Padres S.A de C.V, y, en consecuencia, este dinero llegó a los familiares del ex gobernador de Sonora. Posterior al 2011, los Padrés donaron sus acciones a sus hijos Guillermo Padrés Dagnino y a Miguel Padrés Molina y quedó como socio original la persona moral Héctor J. Padrés.
El Sistema de Administración Tributaria embargo la empresa El Pozo Nuevo Padrés, qué es la dueña del rancho El Pozo Nuevo, de 3,700 hectáreas de extensión, localizado en Bacanuchi, municipio de Arizpe en la Sierra de Sonora. La investigación fue completada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante la denuncia de Luis Miguel Vargas y Rebeca Villanueva. Las órdenes de aprehensión fueron tramitadas por la dirección general de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Control Regional.
     
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