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viernes, 26 de enero de 2018

López Obrador y Anaya huelen el ‘hartazgo’ de Meade

Hugo Páez

Es evidente que José Meade Kuribreña no se siente cómodo de gladiador. Tal vez nadie le dijo que en su posición el 60% era mantener la defensiva, el 30% la ofensiva y sólo un 10% los proyectos.
De buenos proyectos y cientos de leyes estamos llenos, y ni siquiera son manufactura original. Por ejemplo, tenemos todo un Poder, el Legislativo, dedicado a hacer leyes y más leyes, a moldearlas, a proponer exotismos como el Día Internacional de las Abejas 17 de agosto, a propuesta de quien hoy es presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo.
Pero en su posición de representar al partido del gobierno en turno, con el desgaste natural de ejercerlo, lo van a subir al ring diáriamente, ya que en el giro que trata de dar a una campaña más conciliatoria y propositiva, Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador ya le olieron el ‘hartazgo’, el miedo.
Tal vez tenga razón al decir en un spot: “La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que AMLO es un peligro, que Anaya traiciona.", sin embargo, sus propias palabras son utilizadas por el candidato del Frente para subirlo al ring con: “La gente está harta, pero de los gobiernos corruptos del PRI”, de igual forma, López Obrador saca sus viejos apuntes para repasar la mafia del poder, el repudio al salinismo e insistir en el cambio de candidato de Enrique Peña Nieto.
De los tres candidatos aliancistas, el del PRI hace constantes ‘adendums’ a su equipo de campaña y asesores, que obligadamente aumentan decibeles en el ruido natural de los cuartos de guerra, pero además tiene que cargar con los yerros y ocurrencias del Gabinete de Peña Nieto, como la declaración del Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, sobre la legalización de la mariguana en algunas zonas turísticas de playa, que lo obligó a definir su posición en el tema.
De igual forma, el silencio del PRI ante la crisis de Manlio Fabio Beltrones Rivera por la investigación de desvíos de recursos de Hacienda a campañas del PRI, vía gobierno de Chihuahua del prófugo César Duarte Jáquez -aún cuando el gobernador Javier Corral Jurado asevera que no se investiga a Beltrones- fue aprovechado por prominentes miembros de Morena: Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero y la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, para defender al ex presidente del PRI, lo que obligó a Meade al control de daños mediante un encuentro en Sonora con Beltrones, con abrazo para la foto, declaraciones de unidad, y a la vez el anuncio de Sylvana, hija de Manlio, sobre su candidatura al Senado, desde donde buscará tomar la estafeta de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
Es indudable que la ofensiva NO está en la naturaleza de Meade Kuribreña, pero NO tiene opciones, tal vez no calculó su tímida beligerancia como una debilidad en la arena electoral, sumada a su inexperiencia para evadir ataques con creatividad y oficio, una de las mejores ofensivas.
No tiene opciones cuando llueven datos de vergonzosos récords de su gobierno, como el presentado por el ombudsman Luis Raúl González Pérez: la peor masacre en la lucha contra el crimen organizado de los últimos 20 años en el 2017, las denuncias de violaciones a los derechos humanos rebasaron en 700 contra el 2016, la mayoría atribuidas a las Fuerzas Armadas de Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón.
En la defensa, Meade necesita un arsenal que sus asesores NO están dotando, por ejemplo, apoya la Ley de Seguridad Interior (LSI) enviada por el Ejecutivo al Congreso, avalada por su partido, por el Verde Ecologista y el PANAL, pero rechazado por la alianza Por México al Frente y Morena, que unieron fuerzas en las dos Cámaras para interponer controversias constitucionales, igual que la CNDH, el INAI y ONG´s.
Pero la Ley de Seguridad Interior cada vez tiene menos defensa. El reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos obliga a repensar su opacidad, por la sospechosa intención de proteger la información que se genere en los operativos, al considerarla de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. El ombudsman dio soporte a la controversia constitucional por los artículos 9 y 31, interpuesta por el Instituto de Transparencia de Francisco Javier Acuña, además de la presentada por la propia CNDH.
En los hechos, la oposición y organismos de defensa de derechos humanos y civiles le están tumbando la Ley, y la derrota que eso implica.
Desde el arranque de campaña, Meade se concentró en revertir el reclamo de corrupción e impunidad de los gobernadores Javier Duarte de Veracruz, Roberto Borge de Quintana Roo, y César Duarte de Chihuahua, sin embargo, NO hay defensa contra el silencio de su partido en casos como el de Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, a quien el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca acusa al Procurador Alberto Elías Beltrán de protegerlo sin reparo alguno. Dice Cabeza de Vaca que el titular de la PGR le niega a la autoridad estatal la carpeta de investigación federal, que llevaría a la extradición de Eugenio a Estados Unidos, por solicitud de la Corte del Sur de Texas por lavado de dinero, fraude bancario y operar sin licencia un negocio de envío de dinero.
¿Qué defensa hay contra esa protección de corrupción e impunidad..?
Difícil la defensiva cuando en las encuestas de percepción sobre corrupción el PRI mantiene la corona, según información de Consulta Mitofsky de Roy Campos, y el proyecto legislativo anticorrupción presentado por Meade recibió grandes críticas y pocos reconocimientos fuera de su partido.

Meade dice que la gente está harta de lo que está pasando en las precampañas, creo que el hartazgo es del candidato que hasta ahora sabe en la que se metió, y todavía le faltan ¡ciento cincuenta días de campaña..!

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domingo, 13 de noviembre de 2016

Padrés se hunde y desempata al PRI, reacciona PGR con maniobra política

Hugo Páez

La repentina urgencia del procurador Raúl Cervantes Andrade por capturar al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa mediante la recompensa de 15 millones de pesos, no puede interpretarse en otros términos que las prisas del gobierno federal por tratar de empatar el marcador del PRI con el PAN en la imagen anticorrupción, un día después de la entrega voluntaria de Guillermo Padrés Elías al juzgado del reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Pruebas no le faltan al ministerio público, y la presunción de inocencia del ex gobernador de Sonora será muy difícil de sostener, pero es evidente que la operación de la Procuraduría General de la República en su función de policía política, acelera ante la estrategia del abogado Antonio Lozano Gracia quien se adelanta a una situación insostenible desde diferentes puntos de vista, uno de ellos, el desánimo del ex gobernador de Sonora para seguir en ese ritmo ‘infernal’ de mantenerse al acecho.
En este mea culpa de Padrés queda exhibido el espasmo cuasi tolerante del CEN del PAN para aplicar sus mecanismos anticorrupción, sin embargo es clara la diferencia de delitos con el priista Javier Duarte, y en esta guerra de escándalos, la maniobra sorpresiva provocó el encabronamiento de la autoridad, y como medida exprés la PGR pone precio a la cabeza del veracruzano que los hizo perder uno de los tres bastiones electorales más importantes del país.
En lo personal sigo dudando que Duarte de Ochoa estuviera enfrentando en estos momentos un escenario de persecuciones jurídicas, si el candidato del PRI Héctor Yunes Landa hubiese ganado la gubernatura, y no el del PAN Miguel Ángel Yunes Linares, aún con el infame saqueo, que dudo que sea el mayor, pero sí el más torpe.
El Procurador Raúl Cervantes, quien declaró buscar la Fiscalía General de la República, tiene la esperanza de que la recompensa millonaria le ayude a encontrar al mandatario calificado por el presidente Enrique Peña Nieto como “la nueva generación política del PRI”, y en ese funcionalismo se exhibe como un ejecutor de los intereses del partido de Enrique Ochoa Reza.
De esa bancada del Senado salió la ex procuradora Arely Gómez González, ahora Secretaria de la Función Pública, y en las mismas curules coordinadas por Emilio Gamboa Patrón pidió licencia Raúl Cervantes, promovido por el Consejero Jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, el hombre fuerte de Enrique Peña Nieto.
Con la entrega, Ricardo Anaya Cortés recibió una bocanada de oxígeno para desempolvar el discurso anticorrupción que le echó a perder el ex gobernador de Sonora, y recibía dinamita pura de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. La acción quitó un gran peso a Acción Nacional y de paso exhibe el nerviosismo de la PGR y la sobrada presencia de la Secretaría de Marina de Vidal Soberón con un total de una treintena de agentes, bastaban media docena de policías federal de Manelich Castilla Craviotto y el apoyo de la policía capitalina para custodiarlo.
Pero en encabronamiento vino la venganza, insisto NO sin evidencias de sobra. El jaloneo rabioso de agentes de la PGR con abogados de Padrés al llegar el reclusorio Oriente, escenifica la impotencia y frustración. Se habla que durante la declaración se liberaron las órdenes de aprehensión contra el hijo Guillermo Padrés Dagnino, tres hermanos, un sobrino de Guillermo Padrés y un ex funcionario de Sonora. Dos empresas son acusadas de delincuencia organizada y lavado de dinero por 178 millones de pesos, por el que están en la cárcel el ex gobernador y su hijo.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda denunció a Julio César, Héctor de Jesús y Miguel Padrés Elías, así como al hijo del último, Miguel Padrés Molina. También se señala a las empresas El Pozo Nuevo de Padrés, Héctor J. Padres S.A de C.V que han tenido de accionistas a miembros de dos generaciones de la familia sonorense y se incluye a Ernesto Alonso Castorena Fraire, ex jefe de departamento en la gubernatura de Padrés. En el caso se giró la orden de aprehensión contra Guillermo Padrés y su hijo Guillermo Padrés Dagnino e incluyó defraudación fiscal y lavado de dinero por 8.8 millones de dólares. Esta suma, que en su momento de cálculo al tipo de cambio del dólar para el expediente, dio un total de 134 millones de pesos, y son parte de los 178 millones 351 mil 631 pesos, de lo que se imputa en el expediente por delincuencia organizada. La PGR documentó soborno al ex gobernador,  mediante depósitos de una empresa contratada por el gobierno de Sonora una cuenta mancomunada en HSBC en la que firmaban Miguel Padres Elías y Ernesto Alonso Castorena Fraire.
Para poder consolidar el delito de ‘delincuencia organizada’ es necesaria la participación de 3 o más personas, por lo tanto, la PGR alegra que se hicieron transferencias a las empresas El Pozo Nuevo de Padrés, Héctor J. Padres S.A de C.V, y, en consecuencia, este dinero llegó a los familiares del ex gobernador de Sonora. Posterior al 2011, los Padrés donaron sus acciones a sus hijos Guillermo Padrés Dagnino y a Miguel Padrés Molina y quedó como socio original la persona moral Héctor J. Padrés.
El Sistema de Administración Tributaria embargo la empresa El Pozo Nuevo Padrés, qué es la dueña del rancho El Pozo Nuevo, de 3,700 hectáreas de extensión, localizado en Bacanuchi, municipio de Arizpe en la Sierra de Sonora. La investigación fue completada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante la denuncia de Luis Miguel Vargas y Rebeca Villanueva. Las órdenes de aprehensión fueron tramitadas por la dirección general de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Control Regional.
     
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