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martes, 9 de febrero de 2016

Sin excusa en el Congreso, delito grave corrupción de funcionarios públicos

IHugo Páez
   
No hay espacio para el rechazo de la aprobación de las leyes secundarias en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray Caso anuncia el recorte en el gasto público por la evidente crisis desatada por la caída de los precios del petróleo y la devaluación del peso que ayer rebasó los 19 pesos por dólar.
Ese mismo espacio se acorta para lograr que el Congreso de la Unión, en especial las bancadas del PRI de Emilio Gamboa Patrón y César Camacho Quiroz, tipifiquen junto con el PAN, PRD y Morena como delito grave los actos de corrupción de funcionarios públicos.
De hecho, la mecánica de cambios en el gabinete, más allá del enfrentamiento bajo la mesa de los presidenciables Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, es acelerado por la urgencia del recorte en la política de gastos de PEMEX en manos hasta ayer de Emilio Lozoya Austin, por eso la estafeta a un línea dura, José Antonio González Anaya, totalmente disciplinado al canon de Videgaray Caso.
El avance en paralelo de las leyes de transparencia y anticorrupción cimenta su justificación, inclusive en el reporte de gasto del 2015 de la Secretaría de Hacienda: 2.89 billones de pesos que representa la cifra más alta de la historia, 4.9% mayor que la del 2014, pero sobre todo la proyección en el primer semestre de este año en el cual la oposición verá la manga ancha para no deteriorar la percepción de bienestar en los ciudadanos antes de los comicios del 5 de junio.
Pero las organizaciones de la sociedad civil y académicas no están dispuestas a bajar la guardia para tipificar como delito grave la corrupción de funcionarios públicos. Serán necesarias 120 mil firmas para presentar el proyecto de iniciativa en el Congreso, en eso trabajan el CIDE, Transparencia Mexicana, el ITAM, el Tec de Monterrey y Causa en Común entre otros.
El “3 de 3” no tiene objeción ética, ni motivos para generar resistencias en algunas de las bancadas en el Congreso. La declaración patrimonial, fiscal y potencial conflicto de intereses de candidatos y funcionarios públicos es base de despegue para salir del vergonzoso grupo de los cinco países con el mayor Índice de Impunidad Global, reportado en un minucioso estudio del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla (http://goo.gl/VH8E4b). Ahí está la respuesta a los ciudadanos, se trata de voluntad.
   
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