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lunes, 17 de julio de 2017

NO al derecho a escoger verdugo

Hugo Páez


En una sociedad donde la clase política se percibe como enemiga de los intereses ciudadanos, donde los congresos locales y el federal hacen lo posible por moldear los sistemas anticorrupción, a modo, no hay forma de que las organizaciones civiles bajen la guardia para permitir el atropello de los gobiernos para conferirse el derecho a escoger su propio verdugo, en busca de un escrutador amigo.
A esa respuesta se refiere el movimiento #VamosPorMás con Diego Luna al frente y una amplia gama de cámaras, ONG´s y organizaciones civiles comprometidos contra la corrupción.
De eso se trata el Sistema Nacional Anticorrupción, de interrumpir la continuidad a modo en la rendición de cuentas, que ayer recibió un golpe en la Asamblea Legislativa de la CDMX bajo la operación política de Leonel Luna Estrada, al iniciar cambios a las reglas para que el contralor, el titular de la entidad de fiscalización, el fiscal anticorrupción y el secretario técnico, se elijan por mayoría simple, y NO por mayoría calificada.
Esto es, las designaciones se aprobarán por la mayoría de los diputados locales presentes en sesión, y no por dos terceras partes de la Asamblea, como lo suscribe el Sistema Nacional Anticorrupción y la Constitución.
El otro gran golpe a la rendición de cuentas y la transparencia, es que la elección del Fiscal Anticorrupción sea a través de una terna elegida por el Jefe de Gobierno, y el candidato electo sea aprobado por la Asamblea Legislativa, a cargo del perredista Luna Estrada, el operador de Miguel Mancera Espinosa en el Congreso local.
Con esta mecánica queda excluído el Consejo Judicial Ciudadano, como lo marca el artículo 37 de la Constitución de la CDMX.
En una escena nacional dominada por los escándalos de corrupción de los tres niveles de gobierno, donde se mantiene al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, como cabeza del sector que investiga la tragedia del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, esto es: juez y parte; y donde el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández es requerido por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado, pero NO en México; además donde los Duarte, Javier y César, desfalcaron miles de millones en Veracruz y Chihuahua, y Roberto Borge en Quintana Roo.
En este escenario de decadencia nacional, el derecho a escoger verdugo debe ser totalmente proscrito.
Gobernadores y presidente ven al Fiscal Anticorrupción, federal y local, y al Fiscal General, sustituto del Procurador General de la República, como el verdugo que deben tener de amigo, por eso la bancada del PRI de Emilio Gamboa Patrón y la del Partido Verde de Pablo Escudero Morales en el Senado, hacen todo lo posible por mantener al pase automático, de Procurador a Fiscal General.
En este escenario de cultura de la ilegalidad y la corrupción, debe enfrentarse cualquier intento por mantener el derecho a escoger verdugo. #VamosPorMás es un buen frente.

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martes, 23 de agosto de 2016

La moral del mal humor, nueva fuerza política

Hugo Páez
   
La moral del mal humor es la nueva guía política que impulsa al electorado a buscar nuevas formas de gobierno, a trazar rutas diferentes como reacción a lo que se ve ahora como desmedida corrupción, gracias a las tecnologías de la información, pero encuentra a los mismos políticos y partidos.
Es la nueva revaloración de quien proyecta calidad moral, lo que mantiene a la cabeza a Andrés Manuel López Obrador y a Margarita Zavala Gómez del Campo, aun cuando el líder de Morena nos pueda llevar a una aventura de regiones insospechadas, o la ex primera dama resulte un desastre como gobernante por su experiencia que se limita a la observación desde Los Pinos.
En esta revaloración de la moral aparece el músculo de la Iglesia Católica, del Ejército y la Marina. La primera impactó en las urnas el 5 de junio aún cuando su postura frente a los matrimonios igualitarios y la mariguana implique para un sector el retroceso de libertades características de la vida progresista, sin embargo es parte de esa respuesta al hartazgo, a la clase política y a sus instituciones más representativas como los partidos y sus legisladores apostados en los congresos federales y locales.
Bajo estas circunstancias, la virulencia habita a flor de piel y tiene un gran vehículo que aterroriza: las redes sociales. En esa “purga” aparecieron los casos de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, César Duarte Jáquez en Chihuahua, Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, Humberto Moreira en Coahuila, Guillermo Padrés Elías en Sonora, casos también como la Casa Blanca, los “moches” de los diputados de todos los partidos que le fueron cargados al PAN, el empoderamiento de los Chuchos en el PRD y el rechazo sistemático a todo lo que huela a Partido Verde Ecologista Mexicano.
En este código moral parece no importar la separación Iglesia Estado, ni el tabú que arrincona a sacerdotes en los púlpitos. A partir de la revaloración moral de la iglesia, los convocados por obispos y curas reaccionaron contra la iniciativa de los matrimonios igualitarios y la adopción de infantes, de la misma forma en que no se tragaron las “virtudes” de la legalización de la mariguana. Esa moral del hartazgo exige la imposición de la ley TresDeTres y de un Sistema Nacional Anticorrupción, eficientes.
Con este filtro, la sociedad tiende a separar en la izquierda y en la derecha a dos imágenes que consideran químicamente puras: Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala, prueba de ello es el resultado de las encuestas donde el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco” fue perdiendo espacios al tiempo en que dilapidó credibilidad y arrastró con él a las candidaturas independientes.
Hay momentos de reflexión ética en la historia, para bien o para mal, este parece ser uno de ellos.
   
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jueves, 18 de febrero de 2016

Chocan intereses del PRI por anticorrupción en Senado

Hugo Páez


Choque de intereses políticos es el pronóstico sobre el debate del Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes secundarias en la materia y el “3 de 3”, que ya asumieron como compromiso propio algunos senadores, entre ellos Ernesto Ruffo Appel, con quien hablé ayer sobre el tema.
El ex gobernador de Baja California sentencia: “El PRI quiere fraccionar el debate sobre la corrupción, seguridad pública, economía y electoral, porque en tres temas la libra por mayoría simple, no así en el Mando Único y reformas de seguridad donde requiere mayoría absoluta, esto es 86 votos”.
Del lunes 2 al jueves 25 habrá un foro del tema en el Senado con invitados de la sociedad civil y se instalará un módulo para que el legislador que lo desee asuma el compromiso del “3 de 3”, esto es, declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Obligado el tema en una escena nacional de crisis financiera del gobierno de la república donde el Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso y el Gobernador del Banco de México Enrique Carstens anunciaron ayer un recorte de 132 mil millones de pesos, alza de intereses e interrupción de la subasta de dólares.
Cuidar el dinero es la meta, cerrar el paso a la corrupción y a la impunidad al tipificar como delito grave los actos de corrupción de funcionarios públicos.
En el Congreso prevalecen dos posiciones: la oposición quiere negociar en paquete los cuatro temas, el PRI presiona para dividirlo porque en tres de ellos tiene la votación garantizada. La crisis de finanzas públicas se concentrará en el tema PEMEX que utiliza dinero público, por ejemplo, para pagar las pensiones de los trabajadores, dice Ruffo.


LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN PRESIDENCIAL


Interesante la participación del senador Ernesto Ruffo Appel como promotor y presentador del libro La Comunicación Social en México 1988-2012 de Yolanda Meyenberg y Rubén Aguilar, ex vocero de Vicente Fox Quezada.
Me dice Ruffo: “Cada presidente en su personalidad tuvieron características determinantes en la operación de su comunicación social. El presidente Carlos Salinas de Gortari fue el pionero, el promotor de una estructura mucho más profesional en la comunicación social, pero totalmente enfocado al debate por el poder”.
“Vicente Fox en sí era un reto para la comunicación, fue un presidente muy mediático, proclive a la comunicación y eso lo hacía traspasar los límites, se asumía como un caudillo comunicador”.
Me comenta el ex gobernador de Baja California que como coordinador de la asociación Amigos de Fox en el noroeste del país, Martha Sahagún tuvo un papel dominante, la sufrió pues. De Ernesto Zedillo Ponce de León asegura que aprovechó el esquema de Salinas de Gortari pero logró llevar el tema a la disciplina institucional y la visión práctica.
Le pregunto de los problemas de comunicación de Felipe Calderón Hinojosa y su relación con Maximiliano “Max” Cortazar, uno de sus amigos íntimos, que al final terminó en enfrentamiento y renuncia por los desencuentros con Patricia Flores Elizondo, Jefa de la Oficina de Presidencia, para dejar a Alejandra Sota, responde: “Con Calderón la comunicación estuvo concentrada en la persona y no en la estructura presidencial, así era él de dominante”.
En la comunicación social de los partidos para el senador el PRI lleva una gran ventaja por su mayor experiencia, institucionalidad y la toma de decisiones por tener un “Mando Único” -parafraseando- desde Los Pinos. me dice que a pesar de llevar la Vicecoordinación de Comunicación del grupo parlamentario del PAN en el Senado la tarea no es nada fácil porque la operación está inscrita en el debate del maderismo, del calderonismo y la institucionalización que debería seguir Acción Nacional.
BARBOSA Y NO LLEGÓ TARDE A BASÍLICA NI FUE PREPOTENTE: VOLADA EN COLUMNA


Dos filas atrás de Miguel Barbosa Huerta estuve el sábado en la Basílica de Guadalupe, lo vi llegar cerca de las 3:30 de la tarde, una hora y media antes del inicio de la misa del Papa Francisco y en ningún momento se comportó con prepotencia o utilizando su calidad de senador de la república, como dice la columna Templo Mayor de Reforma, para quitar a dos personas y tener una mejor ubicación.
Tengo una secuencia de fotografías que muestran el horario y la acción (3:40 p.m.) donde, acompañado por uno de los colaboradores de Basílica preguntan por sus lugares, numerados, a dos jóvenes y simplemente se sienta al lado.
La secuencia fotográfica muestra a Barbosa y a un costado una gran sección vacía donde posteriormente llegarían a ubicarse los 140 obispos, una hora antes del arribo del Pontífice (secuencia fotográfica http://goo.gl/GhpvJJ).


   
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martes, 9 de febrero de 2016

Sin excusa en el Congreso, delito grave corrupción de funcionarios públicos

IHugo Páez
   
No hay espacio para el rechazo de la aprobación de las leyes secundarias en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray Caso anuncia el recorte en el gasto público por la evidente crisis desatada por la caída de los precios del petróleo y la devaluación del peso que ayer rebasó los 19 pesos por dólar.
Ese mismo espacio se acorta para lograr que el Congreso de la Unión, en especial las bancadas del PRI de Emilio Gamboa Patrón y César Camacho Quiroz, tipifiquen junto con el PAN, PRD y Morena como delito grave los actos de corrupción de funcionarios públicos.
De hecho, la mecánica de cambios en el gabinete, más allá del enfrentamiento bajo la mesa de los presidenciables Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, es acelerado por la urgencia del recorte en la política de gastos de PEMEX en manos hasta ayer de Emilio Lozoya Austin, por eso la estafeta a un línea dura, José Antonio González Anaya, totalmente disciplinado al canon de Videgaray Caso.
El avance en paralelo de las leyes de transparencia y anticorrupción cimenta su justificación, inclusive en el reporte de gasto del 2015 de la Secretaría de Hacienda: 2.89 billones de pesos que representa la cifra más alta de la historia, 4.9% mayor que la del 2014, pero sobre todo la proyección en el primer semestre de este año en el cual la oposición verá la manga ancha para no deteriorar la percepción de bienestar en los ciudadanos antes de los comicios del 5 de junio.
Pero las organizaciones de la sociedad civil y académicas no están dispuestas a bajar la guardia para tipificar como delito grave la corrupción de funcionarios públicos. Serán necesarias 120 mil firmas para presentar el proyecto de iniciativa en el Congreso, en eso trabajan el CIDE, Transparencia Mexicana, el ITAM, el Tec de Monterrey y Causa en Común entre otros.
El “3 de 3” no tiene objeción ética, ni motivos para generar resistencias en algunas de las bancadas en el Congreso. La declaración patrimonial, fiscal y potencial conflicto de intereses de candidatos y funcionarios públicos es base de despegue para salir del vergonzoso grupo de los cinco países con el mayor Índice de Impunidad Global, reportado en un minucioso estudio del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla (http://goo.gl/VH8E4b). Ahí está la respuesta a los ciudadanos, se trata de voluntad.
   
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jueves, 23 de abril de 2015

Anticorrupción, NO en legisladores, alcaldes, gobernadores y presidente

Hugo Páez
   
No hay otra forma de interpretar el boicot del PRI y el Partido Verde a la eliminación del fuero a funcionarios públicos, que el montaje escenográfico de un Sistema Nacional Anticorrupción para los tiempos electorales. Funcional a la urgencia de revertir la crisis de credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, sin sacrificar a la clase política ni el espacio de maniobra para abusos y corruptelas de gobernadores, alcaldes y legisladores protegidos por la inmunidad parlamentaria.
Se traduce en que el Presidente de la República ni los mencionados no podrá ser llevados ante la justicia sin un proceso de desafuero. La sola protección constitucional es un inhibidor de ánimos. Aún cuando existen mecanismos para el desafuero, en muy contados casos se transita por un largo, complicado y burocrático proceso judicial - legislativo.
Al cobijo de ese muro de contención están los legisladores, gobernadores, alcaldes y el Presidente de la República.
Al cobijo de ese muro, Julio César Godoy Toscano pudo evadir la justicia, apoyado por sus compañeros diputados. Bajo ese cobijo Luis Alberto Villarreal, su hermano y legisladores acusados de corrupción, -etiquetados con la descafeinada palabra “moches”- se mantuvieron en esa zona de confort, igual que en su tiempo, el gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés y el viacrucis de la justicia para consignar a Andrés Granier Melo hasta el término de su administración en Tabasco.
Difícil encontrar algún personaje en la nueva era que la inmunidad parlamentaria que lo proteja en su justa dimensión, en esa para lo que fue concebido como un privilegio destinado a mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento. Traducción: el fuero ho ha servido para evitar la persecución política.
La fuerza disuasiva de la inmunidad parlamentaria llegó a su máxima expresión en el juicio contra Andrés Manuel López Obrador, por desacatar una orden judicial en el caso del Encino en el 2004 - 2005. El Jefe de Gobierno en el año 2000, ahora líder de MORENA, gozó de protección por la inmunidad jurídica, y sólo el Congreso de la Unión podría retirarla para llevarlo a tribunales.
Esos elementos inhibidores funcionaron a la perfección en un escenario mediático, con la proclividad a la victimización del acusado, también aspirante presidencial, y un Vicente Fox Quezada en la Presidencia de la República limitado y confundido que frenó la acción del Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha.
Al final del día la exposición mediática benefició al acusado y echó a la calle al general Macedo de la Concha, premiado con una posición diplomática en Italia. Los dueños de El Encino fueron atracados por el fuero constitucional.
El encanto del blindaje es evidente. Algunos personajes y ex jefes delegacionales en el DF buscan una posición legislativa por la inmunidad parlamentaria ante el temor de ser tocados por la justicia a causa de sus desastrosas y corruptas administraciones.
Es evidente que la anticorrupción y rendición de cuentas quedaron burladas a partir de un proyecto legislativo de autoprotección. En un Estado simulador no hay forma de recuperar la confianza.
    
   

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