Hugo Páez
Un instante duró la declaratoria de “guerra” de Felipe Calderón Hinojosa al crimen organizado en el 2007. La reacción de la opinión pública y publicada obligó a cambiar la rudeza de la palabra por “lucha”, pero a nueve años de realidad insistente, los pequeños avances amplificados por Miguel Ángel Osorio Chong y el discurso irreprochable del Papa Francisco en su primera visita a México, obligan a redimensionar la palabra “lucha” por “guerra”.
El penal de Topo Chico es un ejemplo más en la geografía del cáncer disperso en grandes bloques de funcionarios públicos, un poco antes, Tierra Blanca Veracruz y el penal del Altiplano con la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera repitieron los síntomas.
Peor aún, a 16 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hay más de cien detenidos sin consignar. En todos los casos, funcionarios públicos en una cadena de niveles diseñada para perder responsabilidades, es el catalizador del crimen organizado.
En nueve años de Calderón y Peña Nieto caminamos unos cuantos pasos, nada más, ni siquiera es necesario incluir los años previos de Vicente Fox en Los Pinos y Andrés Manuel López Obrador en el gobierno del DF, recordado como la construcción del andamiaje de condiciones para detonar la denuncia masiva del crimen organizado en el 2004.
En el combate a la corrupción no hay avance, simple simulación y un discurso de transparencia obligado por los índices que exhiben a México entre los peores.
En nueve años de lucha contra el crimen organizado habrá que voltear con seriedad a las policías, el Ejército y la Marina, algunos sectores se salvan en estas instituciones, son los menos, por eso la desconfianza a generalizar el Mando Único Policiaco Estatal.
Se habla de falta de presupuesto para profesionalizarlos, de insentivos salariales y elevar el servicio público como proyecto de vida, estoy seguro que los costos de la corrupción son mucho mayores, sin cuantificar el beneficio de una sociedad organizada, más sana que camine en sentido correcto.
No hay pretexto para retrasar las leyes secundarias en la materia, lo comenté en anteriores entregas, es impostergable tipificar la corrupción de funcionarios como delito grave, la justicia no toca más allá de los policías estatales y municipales, niveles bajos como ocurrió en el Altiplano, mandos policíacos en algunos estados y uno que otro alcalde.
Habrá que reflexionar la necesidad de nuevos códigos en esta “lucha” que parece más una auténtica “guerra”.
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