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jueves, 14 de noviembre de 2013

Desaparecer poderes en Michoacán para marcar a Peña Nieto

Hugo Páez

         Como anillo al dedo caería a Felipe Calderón la desaparición de poderes en Michoacán. Convertiría a Enrique Peña Nieto en el presidente que regresó al PRI a Los Pinos pero convirtió una entidad de la federación en estado formalmente fallido, en el primer año de gobierno.
         La familia Calderón piensa en Michoacán como una muestra de ingratitud política. Luisa María Calderón perdió la gubernatura a pesar de tener a un hermano sentado en la silla presidencial, y a un candidato presidencial y ex Secretario de Hacienda en franco apoyo a su campaña: Ernesto Cordero Arroyo. Reveses que serían explicados por la profunda podredumbre en el estado, y la incompetencia del PRI al sembrar falsas esperanzas en Fausto Vallejo.
         Como solución, la desaparición de poderes es nebulosa, no hay duda de la brutal corrupción y podredumbre de los gobiernos municipales y el estatal que añejó sus problemas en décadas de gobiernos perredistas, hasta llegar al climax de los Godoy: Leonel en la Casa de Gobierno del Estado y su hermano Julio Cesar, prófugo de la justicia por nexos con el crimen organizado.
Tampoco hay duda de los magros resultados del gobierno federal que provocaron las denuncias de los obispos de Zamora y Apatzingán, este último, Miguel Patiño, arriesgando su integridad con una carta detallada exhibiendo a los tres niveles de autoridad, y la descomposición del estado.
         Pero lo que extraña es el petit comite de senadores panistas estrechamente ligados a Felipe Calderón que insisten en la desaparición de poderes. La exigencia va sin el amplio coro que podrían entonar los 114 diputados de Acción Nacional y el resto de los 38 senadores que integran los grupos parlamentarios, mas el CEN del partido.
         Así vimos en escena a los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia y Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, pidiendo nuevamente la desaparición de poderes en Michoacán, para restablecer el orden y apoyar a las autoridades que hoy son sometidas a la ley de la plata o el plomo por parte del narcotráfico.
            Ernesto Cordero exigió que se investigue no solo quién está recibiendo sobornos, también a las autoridades que recibieron financiamiento del narcotráfico en las campañas, porque son asuntos que no pueden desvincularse. Es un viejo reclamo de “Cocoa” Calderón después de perder la gubernatura. El ex Secretario de Hacienda de Felipe Calderón afirmó: “Eso se tiene que investigar, es algo gravísimo, el que ya el crimen organizado esté patrocinando autoridades, presidentes municipales es algo muy grave y repetimos, hay que revisar si hay condiciones de gobernabilidad en Michoacán y  si no hay que actuar en consecuencia”.
         De la tercia de panistas, Cordero Arroyo no preside alguna Comisión relacionada con seguridad pública, sin embargo lleva la voz cantante, y aunque le asiste todo el derecho a este tipo de demandas, no deja de hacer ruido el detalle, y define la cohesión de este grupo en función de la jetatura que ejerce Felipe Calderón.
Obviamente una exigencia conjunta de toda la curia panista para desaparecer poderes en Michoacán rompería drásticamente la interlocución de Gustavo Madero con el gobierno federal, amen de reventar los acuerdos de las reformas que trata de finiquitar antes de pedir licencia para buscar la reelección. En consecuencia, facilitaría a Cordero el ascenso a la presidencia del PAN, impulsado como el verdadero opositor a Enrique Peña Nieto.
         Michoacán parece una ecuación imposible, ese problema lo asumieron Vallejo y Peña Nieto al buscar ser gobierno, su responsabilidad es arreglarlo, pero esa ruta está llena de intereses mimetizados como reclamos auténticos. Oportunismo, nada más.

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