Hugo Páez
Tal vez le conviene el silencio en este tramo electoral. A partir de la posición de su partido, supongo que José Meade Kuribreña aprueba la Ley de Seguridad Interior propuesta por Enrique Peña Nieto y las bancadas del PRI en el Congreso.
Pero es ineludible el debate. Y al viento en medios de comunicación, la pregunta obligada será si está dispuesto a poner en riesgo las garantías sociales y los derechos humanos con la Ley de Seguridad Interior tal como llegó al Senado de la Cámara de Diputados.
NO hay confusiones, ni por la ignorancia de Alejandro Martí quien se pronunció a favor, ni el acompañamiento de Isabel Miranda de Wallace con el gobierno federal, con algunos rounds de sombra en el tema secuestros para mantener el rédito, y, por supuesto, para hacer contrapeso a las ONG´s que se oponen a raja tabla a abrir más espacios a la militarización de la lucha contra el crimen organizado.
En una entrevista con W Radio, el precandidato del PRI dejó entrever su aceptación al proyecto del presidente Peña Nieto, sin embargo, falta profundizar en los puntos polémicos que dejan al criterio del Ejecutivo la activación del protocolo para contener manifestaciones violentas, lo que eso signifique, la reserva en la información de los operativos anticrimen en las calles, y la laxitud para realizar labores de espionaje a ciudadanos sin la estricta emisión de orden judicial, y una derivación que al menor sobreentendido terminará en abusos contra los ciudadanos.
Importante aclararlo porque la posición de sus posibles pares, los más visibles como Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés, están en las antípodas, con un rotundo NO a la Ley tal como está redactada.
La Ley de Seguridad Interior es una agenda política, más que una solución al principal problema que se dejó engordar, por las mismas razones de agenda de uno de los principales aspirantes del PRI a la presidencia de la república, Miguel Osorio Chong.
Ese problema creciente de inseguridad es heredado al virtual candidato Meade Kuribreña, y ahora se pretende extirpar con cirugía mayor, sin anestesia.
En la simulación que inició desde desde el cambio de estatutos del PRI para abanderar a ‘simpatizantes’, hasta la campaña para asociar la imagen de Meade con la del “Candidato Ciudadano” apartidista, a pesar de la camarilla que lo ‘hizo suyo’ en la CTM, CNC, CNOP y el PRI, los números del crimen organizado van a ser la sombra en la campaña, en las entrevistas, en la plaza pública, y, por supuesto en los debates.
Bajo estos términos, la Ley de Seguridad Interior es una urgencia, y a la vez un extremismo que lo sitúa en la punta opuesta de la pretendida amnistía a narcotraficantes de Andrés Manuel López Obrador.
En el retorno de la Dictadura Perfecta en el 2012, y el gran fracaso en la lucha anticrimen, el segundo capítulo a partir de la precampaña del 2018, pretende enterrar el problema rigor militar, ante la incompetencia para aplicar otros métodos que implican el fortalecimiento de las instituciones civiles como las policías.
Para el albazo en el Senado, Emilio Gamboa cuenta con Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Salvador Vega y Jorge Lavalle -de máscara panista- para dar el golpe, incitados también por el odio interpartidista, alentados por la frustración de Felipe Calderón Hinojosa quien entregó la presidencia al PRI y no pudo imponer a Margarita Zavala como candidata, así como tampoco pudo hacerlo con Cordero en la justa presidencial del 2012.
La militarización ha avanzado en este sexenio más que cualquier otro en el último medio siglo. Un año atrás, la segunda semana de diciembre del 2016, el Congreso aprobó el pase del control de los puertos a la Secretaría de Marína de Vidal Soberón Sanz. Lo comenté el 15 de diciembre del 2016 en este espacio en un texto titulado Endurecimiento militar, Congreso avala control de puertos a la Marina; retroceso histórico (http://ow.ly/aLwz30h3vzz).
Ahí también se rechazó el término “militarización”, se desplazó a la Marina Mercante con la justificación de la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado en las capitanías de puerto. En los hechos fue un regalo con inversión de 60 mil millones de pesos, pasó un año y no hay grandes decomisos y las cifras de muertes dolosas y violencia creció como nunca en la historia de los registros en este último año.
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