Alfonso Navarrete podrá despolitiza la lucha anticrimen..?

Hugo Páez

Once años de yerros en la lucha contra el crimen organizado, con las Fuerzas Armadas en las calles y la agenda política del ex Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, ameritan el respaldo de Alfonso Navarrete Prida a la Policía Federal, como la institución ideal para construir el proyecto anti crimen.

Falta mucho por hacer en la Policía Federal de Manelich Castilla, se quedó en la banca, no llegaron los apoyos prometidos, por lo tanto, no creció de acuerdo a lo planeado, pero nunca es tarde, aún cuando se apaguen la luces del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Por la reacción posterior del mismo titular de Segob, deduzco que Navarrete Prida hirió susceptibilidades militares, sobre todo en la etapa de impugnación en la Suprema Corte de Justicia de Luis María Aguilar, de la Ley de Seguridad Interior (LSI). Navarrete salió al control de daños con una declaración cortés: Las Fuerzas Armadas continuarán en labores de seguridad.

Pero sólo se trata de formas. Un general y un almirante me dicen que la frase circundante en el mundo castrense, respecto a la lucha contra el crimen organizado, sobre todo por el regateo de la LSI, es : “Háganse güeyes (modernismo de bueyes)”.

Así que el giro de Gobernación trae consensos, pero sobre todo la urgencia de resultados. Alfonso Navarrete parece resuelto, se despojo de todo lastre político y va de frente a hacer lo que tiene que hacer, seguir la transformación de la Policía Federal como fue planeada, y de ahí permear a las policías estatales y municipales.

No hay fórmulas mágicas, los tiempos forzados no existen, o encallan a corto plazo. El planteamiento parece correcto: las Fuerzas Armadas a su labor y la Policía Federal al suyo. Requiere tiempo, requiere paciencia, ya gastamos once años desde el despliegue militar de Felipe Calderón Hinojosa en las calles, ahora habrá que ser serios y esperar resultados de Navarrete y quien tome su estafeta el próximo sexenio, o tenga la madurez de darle continuidad.

No quiero dejar en el tintero la importancia de las tres grandes fiscalías en proceso, de apuntar a lo que sea necesario contra la corrupción, donde es necesario reformar el artículo 102 Constitucional y quitar cualquier intervención del Ejecutivo en la designación de la Fiscalía General, y que el titular de esta NO nombre a las otras.

Así de simple, pero así de complicado, porque la impunidad tiene demasiados antecedentes, demostrados en los titulares de la PGR de Jesús Murillo Karam, de Arely Gómez, de Raúl Cervantes Andrade y de Alberto Elías Beltrán.

En sus manos estuvieron las denuncias contra Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Eugenio Hernández, Humberto y Rubén Moreira, Rodrigo Medina, Mario López Valdez y más.

Todos fueron beneficiarios de la impunidad hasta terminar su mandato, a pesar de sus escandalosas administraciones. Los procuradores archivaron carpetas de investigación, se dijeron faltos de mecanismos, de tiempo, nunca ‘vieron’ lo que veían los veracruzanos, los quintanarroenses, los chihuahuenses, los tamaulipecos, los coahuilenses, los neoleoneses y los sinaloenses.

El cambio del partido en el gobierno de cinco de los siete estados señalados exhibió lo evidente: Miguel Riquelme Solís y Quirino Ordaz Coppel en Coahuila y Sinaloa, reeditan en este momento la complicidad, son permisivos a las pillerías de sus antecesores que les ayudaron a ganar la gubernatura. Un sol que NO se puede tapar con un dedo.

Imperdonable la complacencia del gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello con su antecesor Juan Sabines, un patán con poder, saqueador, que además persiguió y encarceló a quien en su delirio catalogaba como potencial enemigo. A cambio de ganar la gubernatura para Velasco, recibió el consulado de Orlando Florida como premio.

De igual forma la continuidad en Veracruz con el paso de Fidel Herrera Beltrán a Javier Duarte, permitió durante seis años diluir las atrocidades, también fue premiado con un Consulado, el de Barcelona España, pero Miguel Ángel Yunes lo obligó a abandonarlo en enero del año pasado, sin embargo, Duarte había borrado en lo posible las huellas de su antecesor y compañero de partido, enredó evidencias, ocultó y maquilló información para complicar al gobierno de Veracruz la investigación contra Fidel. Por supuesto, la PGR no tiene prisa en ninguno de los estados.

La agenda electoral es el elemento permisivo.

La agenda electoral del PRI en Veracruz obligó a la PGR y a Segob a esperar al conteo del último voto, para saltar sobre Javier y su esposa Karime Macías Tubilla.

La agenda electoral de Miguel Osorio Chong la condujo su manual de precampaña, abierta desde el banderazo del sexenio. Mantuvo aberraciones disfuncionales como la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública en una super dependencia. Ni siquiera la presunta ética que le atribuyen algunos importantes líderes sociales al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, tocó ese yerro burocrático que contribuyó en buena medida a los peores récords de la historia criminal de México, y ahora es una lápida para el precandidato del PRI José Meade Kuribreña.

De nuevo los líderes sociales agrupados en los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás que agrupa a 300 organizaciones, se congregaron el miércoles en el Ángel de la Independencia para exhortar a los precandidatos López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y Meade, a convencer a las bancadas parlamentarias de sus partidos en alianza, para reformar el 102 Constitucional, para garantizar autonomía total en la procuración de justicia.

El propósito es atajar cualquier simulación, hacer frente a los malabarismos de la bancada del PRI, PVEM y PANAL, y los reclutados panistas por Emilio Gamboa Patrón: Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano Alarcón (con licencia y fuera del PAN), Salvador Vega Casillas y Jorge Lavalle Maury, quienes ya hicieron esta faena con la Ley de Seguridad Interior, impugnada por las bancadas de los partidos en alianza con el Frente por México y Morena -Fernando Herrera, Luis Sánchez, Manuel Bartlett, Marko Cortés, Francisco Martínez Neri y Rocío Nahle-, por la CNDH de Luis Raúl González Pérez, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) Francisco Javier Acuña Llamas.

Ahí está el reto en espera de respuesta de los virtuales candidatos. Andrés Manuel se equivocó con las ternas, tal vez no con la currícula de cada uno, pero sí con el imperativo de escoger nombres, que para agudizar la torpeza, tienen relación cercana y de trabajo con el líder de Morena.

Aún es tiempo, hoy inicia el período ordinarios de sesiones, y lo menos que se espera es un albazo parlamentario, como el que avaló la Ley de Seguridad Interior, y anteriormente la militarización de los puertos como premio a la Secretaría de Marina de Vidal Soberón Sanz, y más para atrás, la unanimidad infame a la Ley Televisa que le dejó ganancias exorbitantes, por el pretexto del garrote de las cámaras contra los legisladores rebeldes.

Aún es tiempo, Andrés Manuel, Ricardo, José Antonio.

Impensable la continuidad en el 2018; los peores índices delictivos, dice la CNDH

Hugo Páez

El reporte del ombudsman nacional es aterrador.

Se presentaron más de 700 denuncias de violaciones a los derechos humanos en el 2017, comparadas con el año anterior, la mayoría contra las Fuerzas Armadas de Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón.

El dato obliga a repensar la opacidad de la Ley de Seguridad Interior, o la sospechosa intención de proteger la información que se genere en los operativos, al considerarla de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Luis Raúl González Pérez da soporte a la controversia constitucional por los artículos 9 y 31, interpuesta por el INAI de Francisco Javier Acuña, además de la presentada por la CNDH.

En el 2017 se dió la mayor masacre de los últimos 20 años en la cuenta de muertes dolosas, y la corrupción sigue siendo tema de medios de comunicación, de propuesta de leyes por parte del PRI, pero los hechos van en sentido contrario. El ejemplo más reciente son los esfuerzos de la Procuraduría General de la República por mantener bajo resguardo la investigación contra el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca señala directamente a la dependencia de Alberto Elías Beltrán por negarle el expediente de la investigación federal contra Eugenio, para evitar su extradición a Estados Unidos, según la solicitud de la Corte de Texas, por lavado de dinero, fraude bancario y operar sin licencia un negocio de envío de dinero.

La autoridad de Tamaulipas capturó al ex gobernador del PRI por delitos en perjuicio de fondos públicos, motivo por el cual un juez lo amparó contra la extradición, bajo el argumento de que fueron cometidos en México, sin embargo, desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la Procuraduría integró investigaciones que lo implican con el crimen organizado, suficiente para extraditarlo, pero no lo entregan al gobierno tamaulipeco, esto presupone una poderosa mano protectora, como protegía también a Tomás Yarrington Ruvalcaba, y a Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, a Roberto Borge Angulo en Quintana Roo y a César Duarte Jáquez en Chihuahua, hasta hace unos días, pero las acciones de Javier Corral Jurado forzaron a la Procuraduría de Elías Beltrán y la Secretaría de Relaciones Exteriores de Luis Videgaray Caso a solicitar la extradición.

En las encuestas de percepción sobre corrupción, un partido no pierde la corona: El PRI, según información de Consulta Mitofsky de Roy Campos.

Tal vez es el leitmotiv que impulsó al PRI y a José Meade Kuribreña a presentar un proyecto legislativo anticorrupción, una ley más pues, a pesar de la brutal crítica de ONG´s y organismos empresariales sobre la saturación de leyes, que simplemente no se cumplen, en otras palabras: pirotecnia legislativa.

El proyecto de Meade propone: 1) Recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos, para canalizarlo a un fondo nacional de becas para niñas, niños y mujeres -¿porque a un fondo de becas? ¿porque se oye bien..? ¿porque vende en elecciones? ¿porque es feminista en un gobierno que tiene sólo 3 mujeres de 18 integrantes del Gabinete Legal? ¿porque es cool..?

El punto 2 asegura que va por aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos y el 3 que volverá obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.

Es patente la urgencia del PRI por tratar de arrebatar la lucha anticorrupción y anti impunidad a la oposición, por neutralizar el discurso de Ricardo Anaya Cortés y de Andrés Manuel López Obrador, pero desafina frente a un coro que puso oídos sordos durante años a las pillerías de los Duarte, de Borge, de Hernández, de Rodrigo Medina, y más que estuvieron, al menos en teoría, bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera de Alberto Bazbaz, ahora titular del CISEN, igual que la Secretaría de la Función Pública y de Gobernación de Miguel Osorio Chong.

¿Es creíble un compromiso de cambio de reglas en la continuidad del partido en el gobierno..?

Ya lo dirá la gran encuesta del 1 de julio, por el momento, las de hoy sugieren que el electorado NO da ese beneficio de la duda, esto es: impensable la continuidad.

Van por militarización de la Dictadura Perfecta ¿para Meade..?

Hugo Páez

Tal vez le conviene el silencio en este tramo electoral. A partir de la posición de su partido, supongo que José Meade Kuribreña aprueba la Ley de Seguridad Interior propuesta por Enrique Peña Nieto y las bancadas del PRI en el Congreso.

Pero es ineludible el debate. Y al viento en medios de comunicación, la pregunta obligada será si está dispuesto a poner en riesgo las garantías sociales y los derechos humanos con la Ley de Seguridad Interior tal como llegó al Senado de la Cámara de Diputados.

NO hay confusiones, ni por la ignorancia de Alejandro Martí quien se pronunció a favor, ni el acompañamiento de Isabel Miranda de Wallace con el gobierno federal, con algunos rounds de sombra en el tema secuestros para mantener el rédito, y, por supuesto, para hacer contrapeso a las ONG´s que se oponen a raja tabla a abrir más espacios a la militarización de la lucha contra el crimen organizado.

En una entrevista con W Radio, el precandidato del PRI dejó entrever su aceptación al proyecto del presidente Peña Nieto, sin embargo, falta profundizar en los puntos polémicos que dejan al criterio del Ejecutivo la activación del protocolo para contener manifestaciones violentas, lo que eso signifique, la reserva en la información de los operativos anticrimen en las calles, y la laxitud para realizar labores de espionaje a ciudadanos sin la estricta emisión de orden judicial, y una derivación que al menor sobreentendido terminará en abusos contra los ciudadanos.

Importante aclararlo porque la posición de sus posibles pares, los más visibles como Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés, están en las antípodas, con un rotundo NO a la Ley tal como está redactada.

La Ley de Seguridad Interior es una agenda política, más que una solución al principal problema que se dejó engordar, por las mismas razones de agenda de uno de los principales aspirantes del PRI a la presidencia de la república, Miguel Osorio Chong.

Ese problema creciente de inseguridad es heredado al virtual candidato Meade Kuribreña, y ahora se pretende extirpar con cirugía mayor, sin anestesia.

En la simulación que inició desde desde el cambio de estatutos del PRI para abanderar a ‘simpatizantes’, hasta la campaña para asociar la imagen de Meade con la del “Candidato Ciudadano” apartidista, a pesar de la camarilla que lo ‘hizo suyo’ en la CTM, CNC, CNOP y el PRI, los números del crimen organizado van a ser la sombra en la campaña, en las entrevistas, en la plaza pública, y, por supuesto en los debates.

Bajo estos términos, la Ley de Seguridad Interior es una urgencia, y a la vez un extremismo que lo sitúa en la punta opuesta de la pretendida amnistía a narcotraficantes de Andrés Manuel López Obrador.

En el retorno de la Dictadura Perfecta en el 2012, y el gran fracaso en la lucha anticrimen, el segundo capítulo a partir de la precampaña del 2018, pretende enterrar el problema rigor militar, ante la incompetencia para aplicar otros métodos que implican el fortalecimiento de las instituciones civiles como las policías.

Para el albazo en el Senado, Emilio Gamboa cuenta con Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Salvador Vega y Jorge Lavalle -de máscara panista- para dar el golpe, incitados también por el odio interpartidista, alentados por la frustración de Felipe Calderón Hinojosa quien entregó la presidencia al PRI y no pudo imponer a Margarita Zavala como candidata, así como tampoco pudo hacerlo con Cordero en la justa presidencial del 2012.

La militarización ha avanzado en este sexenio más que cualquier otro en el último medio siglo. Un año atrás, la segunda semana de diciembre del 2016, el Congreso aprobó el pase del control de los puertos a la Secretaría de Marína de Vidal Soberón Sanz. Lo comenté el 15 de diciembre del 2016 en este espacio en un texto titulado Endurecimiento militar, Congreso avala control de puertos a la Marina; retroceso histórico (http://ow.ly/aLwz30h3vzz).

Ahí también se rechazó el término “militarización”, se desplazó a la Marina Mercante con la justificación de la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado en las capitanías de puerto. En los hechos fue un regalo con inversión de 60 mil millones de pesos, pasó un año y no hay grandes decomisos y las cifras de muertes dolosas y violencia creció como nunca en la historia de los registros en este último año.

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Pejendejada impulsa al Frente como mayor oposición

Hugo Páez

El PRI está de pésame. El opositor puntero, pero el más vulnerable, Andrés Manuel López Obrador, cometió una torpeza que NO podrá arreglar ni al retractarse en público.

La sugerencia de una amnistía a narcotraficantes en Quechultenango Guerrero es inadmisible, una práctica imperdonable que quedó en el pasado, la más reciente, la firma del Pacto de Legalización entre el gobierno de Michoacán a cargo de Fausto Vallejo -cuyo hijo Rodrigo fue captado en video negociando con Servando Gómez La Tuta-, el Comisionado para la Paz Alfredo Castillo Cervantes, y grupos de autodefensas de Michoacán con María Elena Morera como testigo.

Muchos de los autodefensas firmantes estaban ligados al narcotráfico, y posteriormente tomaron espacios de Nazario Moreno y La Tuta.

Y no hay forma de justificar a Andrés Manuel, su reflexión erige al Frente Ciudadano por México como el verdadero opositor, el viejo temor del PRI-PVEM-Panal, a sabiendas de la propensión del líder de Morena por cometer locuras discursivas en la plaza pública.

La autoinmolación del adversario a modo provocó confusión en el gobierno federal y el tricolor, el precandidato José Antonio Meade criticó con suavidad la declaración: “Es una ocurrencia”, posteriormente modificó su posición al decir “Estamos del lado de las víctimas, no de los victimarios”.

Era cosa de esperar para aflorar la debilidad de Andrés Manuel, a flor de piel, sin previo aviso, sin consultar a sus asesores, sin medir los megatones de la bomba, tal vez ni pensó que era una bomba, esa que algunas tesis tratan de explicar como mero impulso por ganar votos en zonas dominadas por el crimen organizado ¡por favor..! ni en las zonas de más arrastre los involucrados pasan de un 5%.

Lo he comentado algunas veces, sólo hay que esperar a ver emerger a su enemigo interno, que tome el micrófono en algún mitin o en alguna improvisada entrevista, así se dió el Plantón de Reforma, el “Cállate Chahalaca” a Vicente Fox, el reclamo al Ejército de Salvador Cienfuegos por los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala de los Abarca, sus apadrinados políticos; y la acusación directa a la Marina de Vidal Soberón por “Los jóvenes masacrados en Tepic Nayarit” el 9 de febrero en un operativo contra el “H2” lugarteniente de los Beltrán Leyva, que nunca existieron, y a últimas fechas la defensa de los huachicoleros en Puebla.

El Frente Ciudadano debería estarle agradecido. La masa de voto antisistema buscará refugio en algún tipo de oposición, esa clientela NO ve al PRI como opción, ni con el sospechoso discurso de Meade Kuribreña de combate a la corrupción, cuando fue totalmente tolerante durante el sexenio.

Pero habrá que esperar la prueba de fuego del Frente, al menos Ricardo Anaya, Miguel Mancera y Rafael Moreno Valle tienen la responsabilidad autoimpuesta de sacarlo adelante.

Por la Pejendejada ni preocuparse, ya lo hace el PRI, y además tratará de rehabilitarlo para tener el adversario ruidoso, a modo, que garantice la victoria de la continuidad, y aún falta el guardado que le tienen sobre Nicolás Maduro y Venezuela, sin embargo, NO les conviene una muerte prematura que encumbre a Anaya, Mancera o Moreno Valle.

Y todavía falta medio año.

Militarización para bajarle negativos de inseguridad a Meade

Hugo Páez

En la urgencia por aprobar la Ley de Seguridad Interior, a costa de ‘seducir’ a fracciones de las bancadas de oposición, está la necesidad de bajarle los negativos del fracaso en la lucha anticrimen a José Meade Kuribreña, el candidato presidencial del PRI.

Pero en esa intentona ‘temporal’, según sus defensores, la vamos a pagar todos.

El riesgo de que la ley dispare la violación a los derechos humanos no es una presunción sin fundamentos, es una simple progresión de la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, desde que las echó a la calle Felipe Calderón Hinojosa, amén de las prioridades malentendidas que dejaron al desamparo a las policías del país, y la enorme tolerancia a la corrupción de los gobiernos estatales. El 22 de noviembre escribí en este espacio Policías echados de hoteles, en un país con crimen récord, y partidos y gobiernos millonarios, las infamias a que es sometida la Policía Federal de Manelich Castilla (http://ow.ly/DbTv30gXKvD).

El Senado NO va a detener la Ley, es un proyecto político ligado a un candidato que necesita al menos 10 puntos para afianzarse, y estará en la conocida habilidad de Emilio Gamboa Patrón el sacarla antes del 15 de diciembre. Para esos propósitos ya se adelantaron Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano Alarcón, de máscara panista, para justificar el ‘aval opositor’ a la “Militarización”, palabra que tiene muy nerviosos a los responsables de la imagen del gobierno federal y del PRI.

Como avanzada, las bancadas del PRI de César Camacho, del PVEM de Jesús Sesma y el PES de Alejandro González, y una bancada polarizada panista polarizada de Marko Cortés, hicieron lo suyo, así que los pronósticos hablan de la próxima semana.

La preocupación del gobierno federal se concentra en que la violencia y los asesinatos dolosos NO escalen en el electoral 2018, ya que los cuatro récords mensuales rotos en este año son verdaderamente escandalosos.

La Ley que se pretende aprobar en el Senado es tan peligrosa, que deja al criterio de la autoridad la posibilidad de reprimir manifestaciones con el ‘uso legal’ de la fuerza pública en manifestaciones que NO considere pacíficas.

Pero ese es sólo un pequeño ejemplo, otro retribuye la capacidad del Estado para espiar a ciudadanos y hacer labores de inteligencia sin rendir cuentas, además de que los habilita para pedir información sobre víctimas a las Comisiones de Derechos Humanos, de acuerdo al análisis de cientos de organizaciones civiles agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra.

Por supuesto que la Sedena de Salvador Cienfuegos Zepeda y la Secretaría de Marína de Vidal Soberón Sanz piden garantías jurídicas para actuar contra el crimen organizado en las calles. NO es su función, y ni siquiera están capacitados para hacerlo, y los grandes errores cometidos en realidad NO les corresponderían. En este escenario donde los metieron sin tener vela, la reacción natural es proteger a sus elementos.

Nadie, ni siquiera General, o el Almirante Secretario, protegen el actuar delincuencial o abusivo de algunos de sus elementos. Como pasó en la ejecución el 3 de mayo en Palmarito Tochapan Puebla de Raúl Jiménez Martínez, presunto ‘huachicolero’, por un elemento de la tropa, documentado en video.

Sin embargo, la fuerza excesiva es casi inevitable en un aparato institucional creado para funciones de guerra y salvaguarda de la Seguridad Nacional, NO de la seguridad interior en contacto con los ciudadanos.

La medida puede ser contraproducente, ya que la fuerza excesiva de los militares en las calles no se acabará por decreto de Ley. En los hechos, las Fuerzas Armadas van a pagar el fracaso del gobierno federal, en especial del Gabinete de Seguridad integrado por el titular de Segob Miguel Osorio Chong, Cienfuegos, Soberón, el procurador Alberto Elías Beltrán, Álvaro Vizcaíno del SESNSP y los gobernadores.

En la historia de los números récord, el interés político de algunos miembros del gabinete de seguridad crecieron el problema. No hubo mano firme, y SÍ demasiada burocracia, mediocridad y tolerancia a la corrupción de gobernadores.

Ahí están los ejemplos de Javier Duarte y Fidel Herrera en Veracruz, de César Duarte en Chihuahua, Mario López Valdez en Sinaloa, Egidio Torre en Tamaulipas, los Moreira en Coahuila, Fausto Vallejo en Michoacán, Roberto Borge en Quintana Roo, Rodrigo Medina en Nuevo León, Ángel Aguirre en Guerrero, y un largo etcétera que abona a la militarización iniciada por Felipe Calderón Hinojosa en el 2006.

Ahora se trata de proteger el año electoral a toda costa, de controlar los números que pegarán sin lugar a dudas al candidato Meade Kuribreña, a nadie más, por eso la declaración de Gil Zuarth y Lozano Alarcón a favor de la Ley, tal como está, si acaso con algún cambio simulador, que denote cierta ‘profundidad de análisis, con el objetivo de servir de coartada al PRI.

Esos mismos y la Segob negaron llevar a debate la separación de la Secretaría de Seguridad Pública, de Gobernación. El método y la fusión en supersecretaría, simplemente NO funciona, porque, como dijo María Elena Morera, presidenta de Causa en Común: la aspiración presidencial del titular de Gobernación estorba a la tarea institucional en la lucha contra el crimen organizado. Ahí están las consecuencias.

Se habla que la Ley de Seguridad Interior es una acción temporal, y que NO será uso discrecional del Ejecutivo la activación del protocolo de seguridad interior para la intervención de las Fuerzas Armadas en las calles.

La historia de este país está llena de ‘soluciones temporales’ que llegaron para quedarse. A mediados del 2008, el entonces Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, me dijo que el Ejército regresaría a los cuarteles, a finales del 2009.

Esa solución temporal lleva once años.

Ya se equivocaron en la lucha contra el crimen, NO lo hagan al imponer la Ley de Seguridad Interior

Hugo Páez

Para las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la seguridad pública no hay duda: la aprobación de reformas en materia de seguridad interior, tal como la promueven el Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el de Marina, Vidal Soberón Sanz, provocaría el aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, sin una discusión a fondo, y sin atender previamente la reforma de las fiscalías, y la crisis de las distintas policías.

ONG´s como México Unido Contra la Delincuencia aseguran que en las últimas semanas, diferentes funcionarios de gobierno federal, legisladores, gobiernos locales y el propios titulares castrenses, han insistido en medios de comunicación sobre la necesidad de regular un marco jurídico que proporcione certeza a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones.

El problema de la seguridad pública es una ecuación diferencial que se quiere resolver con una regla de tres simple. Con una respuesta violenta, que provoca mayor violencia, por un grupo de funcionarios que tienen mente y espíritu puestos en su futuro político, y calculan cada paso en razón del beneficio o perjuicio en imagen, en proyección de medios de comunicación.

Este sistema, hay que decirlo, mide constantemente su posicionamiento en la oferta electoral, en el escaparate que pervierte el propósito de la función, y ahí están los resultados con cifras récord en asesinatos en la historia de los registros, cuatro meses consecutivos este año, con un acumulado a octubre en el 2017 de 20 mil 878 carpetas de investigación, más de 13 mil que el sexenio pasado, y a este le falta arriba del año.

Escucho al Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia explicar algunas de las causas del pandemónium. Veo de nuevo ese tacto para no ‘herir’ a los implicados en esta solución ausente: los gobernadores, alcaldes, legisladores, policías y las Fuerzas Armadas. Habla solamente de los 22 cambios en gubernaturas en el sexenio, que complicaron la continuidad, de la falta de acuerdos para unificar mandos policiacos. La falta de disposición parlamentaria, solamente es tocada con un pétalo aterciopelado.

Justifica el tránsito de cocaína por el impasse en Colombia y la zona cocalera, donde se detuvo la fumigación de cultivos durante tres años, por los acuerdos con la guerrilla de las FARC. En ningún momento tocó el error de pasar al control del Ejército a erradicación de cultivos, donde antes también operaba la Policía Federal, ni aludió al disparo del 70% de plantíos de amapola, para la producción de heroína y opiáceos, en el Triángulo Dorado, del 2014 al 2016, en la confluencia de Sinaloa de Mario López Valdez, Durango de Jorge Herrera, y Chihuahua de César Duarte, zona de influencia de la III Región Militar.

Tampoco habló del error de fusionar la Secretaría de Seguridad Pública en Gobernación, y la exigencia de las ONG´s y los empresarios para separarla nuevamente.

Cero firmeza de Sales Heredia, cero presionar el dedo sobre la llaga que lo contamina todo: la corrupción y el mercantilismo político de gobernadores, alcaldes, diputados de todo tipo y colores, y senadores. Sin embargo, Renato se promueve como uno de los Fiscales vacantes, preferentemente el General de la República, y de hecho no es mal visto por algunas ONGs, por lo tanto, necesitará un Senado que NO esté molesto con sus reclamos.

Y ni se diga del proyecto presidencial del Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, causa por la cual María Elena Morera ha señalado tibieza y cálculo político en numerables ocasiones. Habrá que suponer que la molestia de Enrique Peña Nieto con la promoción desorbitada de José Meade Kuribreña por Luis Videgaray Caso y el sector empresarial, dan nuevos bríos a Osorio Chong, pero también a Aurelio Nuño Mayer y José Narro Robles, y a más con la frase presidencial de que “todos estamos despistados en la sucesión presidencial”, la del PRI, por supuesto, para delicia del Frente Ciudadano por México, de Ricardo Anaya Cortés, Alejandra Barrales Magdaleno y Dante Delgado Ranauro.

Nunca entendí la canonización a priori de Meade Kuribreña y su cofradía político financiera donde Videgaray se asume en el báculo, cuando el país decrece, en comparación con la tendencia internacional de más de 10 años, que ya va en el orden del 3.5% y 4%, mientras acá luchamos por el 2% y sin Tratado de Libre Comercio, estaremos en el 1.5%, si bien nos va.

Este lunes 27 de noviembre, el Colectivo #SeguridadSinGuerra se posicionará sobre las alternativas en modelos de seguridad, y los riesgos de un aumento mayor de la violencia y las violaciones a derechos humanos. Según las ONG´s las cifras oficiales sobre homicidios y otros delitos, proporcionadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Álvaro Vizcaíno, dan cuenta de los desastrosos resultados, durante la década de la militarización, iniciada por Felipe Calderón Hinojosa.

El jueves comenté en este espacio sobre las condiciones lastimosas de la Policía Federal, echados a la calle de hoteles donde no pueden cubrir el pago, con imágenes fotográficas para regocijo del crimen organizado: La sola imagen es absurda en un país con cifras récord de muertes del crimen organizado que rebasan la de todos los tiempos: Un grupo de infelices policías federales uniformados, echados a la calle de un hotel, sentados en el suelos con maletas y equipo, por falta de pago de la institución o de la promesa de cooperación de gobiernos estatales.

La fotografía forma parte de un álbum de la infamia que se repite una y otra vez para las divisiones de la Policía Federal, en Michoacán, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas y el estado de Héctor Astudillo.

Ridícula y humillante escena de la autoridad federal, mientras gastamos más de 5 mil millones de pesos en partidos políticos en el 2015, y en el 2018 el gasto rebasará los 11 mil millones. No hay duda, tenemos pervertidas las prioridades.

Permanecen secuestradas por intereses políticos que privilegian un sistema de beneficios incalculables, para una nomenclatura que brinca de un partido a otro, del Congreso a las Secretarías de Estado, a gubernaturas, a alcaldías, y visceversa, en un carrusel de tiempo inagotable, con esa esa especie de plaga impulsada por una dinámica de prebendas y corrupción.

Es la imagen de un estado débil, de costos incalculable en percepción de la autoridad federal frente a las corruptas policías estatales y municipales -para todos aquellos que tratan de desgarrar las vestiduras, voy a añadir ‘No todas’-.

Y a la vez es objeto de sarcasmo para todo tipo de cárteles, desde los pedestres hasta las firmas del Pacífico, Golfo, Nueva Generación, Zetas y más.

¿Por qué vemos a los Policías Federales durmiendo en campamentos insalubres, con innumerables carencias, comprando implementos de trabajo con dinero propio, y a otros con las maletas en la calle..? El fracaso histórico en seguridad pública será un arsenal para la oposición, para Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, Dante Delgado, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez.

La foto de los Policías Federales, con maletas en la calle me da vergüenza, y a la vez admiración por el estoicismo al mantenerse en pie, por aguantar lástima de los ciudadanos y burlas de los criminales. Todo se jode cuando los mañosos desbordan de presupuesto, y los eslabones de la seguridad son objeto de burla y abandono.

El gobierno federal se equivocó brutalmente en la lucha contra el crimen, los datos no mienten, sin embargo, avalar la Ley de Seguridad Interior, tal como está la propuesta, tolerante en grandes espacio para los abusos, que puede derivar en un estado policiaco con la aplicación del terror, ese sería un gran error histórico difícil de revertir.