Hugo Páez
Dudo que el gobierno federal, y menos el veracruzano, tuviera en la actual situación judicial a Javier Duarte de Ochoa si el candidato del PRI Héctor Yunes Landa hubiera ganado la gubernatura.
El PRI esperó a pesar de las marranadas, crecimiento del crimen organizado, descomposición sin precedente, y aún cuando los indicadores de la derrota llegaron antes del 5 de junio, fue demasiado tarde, y la distancia mediática del candidato oficial es una simple coartada ante la imposibilidad de tapar el sol con un dedo.
A todas luces, la licencia del gobernador es una estrategia para evitar la ira del panista Miguel Ángel Yunes Linares y que se apropie del caso, con todas las implicaciones que eso significa al ventilar las presuntas complicidades con la federación y los apoyos al candidato Yunes Landa.
Pero me dicen que a 40 días del nuevo gobierno, dentro de la menos peor de las salidas para Duarte de Ochoa era enfrentar la justicia en terreno amigo, pero no se dio la entrega voluntaria por la gravedad de los delitos, la atención de partidos, de las ONG´s y de los medios de comunicación, en el caso que puede promediar penas de 30 años de prisión, hasta ahora, por delincuencia organizada (15 a 40 años) y lavado de dinero (7.5 a 22.5).
El PRI de Enrique Ochoa Reza trató de empatar el marcador con el ex gobernador panista de Sonora Guillermo Padrés Elías, aprovechando la ‘ayuda’ del pésimo manejo de Ricardo Anaya Cortés y Luis Felipe Bravo Mena sobre el caso. Pero la magnitud de daño al erario y a la sociedad veracruzana es brutal, sumado a otros casos de gobernadores del PRI como Andrés Granier Melo en Tabasco, César Duarte Jáquez en Chihuahua, Roberto Borge Angulo en Quintana Roo y próximamente el de Rubén Moreira en Coahuila.
El escenario de las instituciones federales de seguridad pública es de posiciones obligadas y ánimos forzados. La procuradora Arely Gómez González, en deuda con el Ejecutivo y con la bancada de Emilio Gamboa Patrón en el Senado, no pudo explicar la filtración de la orden de aprehensión contra Duarte, ni abrió de inmediato una investigación por la violación de la secrecía, pero sí justificó el descuido de darle espacios para la fuga con el pretexto de no violar sus derechos y el debido proceso.
Una personalidad megalómana e inmadura como la de Javier es un gran peligro para el gobierno federal y para su partido que no termina de expulsarlo, según palabras de Fernando Elías Calles solamente le quitó los derechos de militante hasta ser juzgado.
De no mantener a Javier Duarte bajo control federal, esto es, si se le va a la PGR y cae en la procuraduría local del panista Yunes Linares, una vez que tome posesión, el peligro es mayúsculo y será factor en la contienda del 2018. Bueno, ya es.
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