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jueves, 28 de junio de 2012

Calderón prepara defensa en La Haya por lucha contra el crimen organizado

Hugo Páez

En el preámbulo del cambio de poderes, una preocupación aumenta en el gobierno federal por los daños colaterales y desaparecidos en la lucha contra el crimen organizado. El martes el presidente Felipe Calderón pidió a los candidatos presidenciales que no se echara por la borda el trabajo realizado en la materia, pero como medida preventiva, en abril inició preparativos para una posible defensa en el La Corte Penal Internacional de la Haya, en los Países Bajos, ante la amenaza de organizaciones de la sociedad civil que agrupan a familiares de asesinados y desaparecidos, para llevarlo a tribunales internacionales. Uno de ellos es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por Javier Sicilia, que como primer objetivo de la organización es exigir al gobierno: esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas.
Calderón dio la orden de trasladar de la embajada de Guatemala a la de Holanda (Países Bajos) a Eduardo Ibarrola Nicolín, un penalista de la Libre de Derecho con maestría en sociología política, desligado del PAN, cercano a personajes del PRI, lo que permitió que Rosario Green, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y la bancada tricolor en el Senado avalaran su reasignación el 12 de abril.
La previsión de Calderón es una respuesta anticipada a diversos grupos de deudos de asesinados y desparecidos en operativos de las fuerzas federales, muy molestos, que empiezan a tomar fuerza apoyados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El ombudsman nacional Raúl Plascencia reportó a Calderón expedientes de 182 desaparecidos y 43 personas asesinadas en la lucha contra el crimen organizado ajenas a los hechos, tan solo en el 2011.
Ibarrola Nicolín sería la punta de lanza de la defensa desde la embajada de México en los Países Bajos, nación que alberga a La Corte Penal Internacional, un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad. Tiene personalidad jurídica a nivel mundial, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relacionan en los términos que señala el Estatuto de Roma.
El embajador podría ser parte del servicio diplomático que permanezca en el próximo sexenio si gana el PRI o el PAN. Su asenso “meteórico” dentro del SEM se debió a un presunto vínculo con la familia Salinas de Gortari que data de su época en el INBA, cuando fue compañero de trabajo de Adriana Salinas de Gortari.
Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) desde 1985 (antes de ingresar al SEM, fue Director Jurídico del Instituto Nacional de Bellas Artes –INBA-). En la Secretaría de Relaciones Exteriores fue Coordinador de Asesores del Subsecretario “C” (1989), Director General de Protección y Asuntos Consulares (1989-94) y Director General de Asuntos Jurídicos (1994-95). Posteriormente, durante los siguientes 7 años (1995-2002) fue Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

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