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jueves, 9 de junio de 2011

Primera prueba de persecución política para Marisela Morales

Hugo Páez

En un movimiento que debe dejar tranquilos a priistas y perredistas, la procuradora Marisela Morales no se prestó a la persecución política contra Jorge Hank Rhon. No hay ninguna información que nos haga pensar que se lo pidieron, sin embargo, bajo la perenne sospecha de que el procurador se puede prestar a esas maniobras, resolvió con transparencia y regreso al ex alcalde y su expediente a Tijuana, con el ministerio público, juez y prisión que le corresponden de acuerdo a la información que le entregó el ejército, operador del asalto a la residencia del hijo del emblemático priista Carlos Hank González.

Es la primera prueba de persecución política para Marisela, quien a diferencia de los priistas cercanos a Jorge Hank se doblaron ante la posibilidad de salir manchados. Las defensas fueron tímidas y obligadas, en espera de nuevos cargos. Ahora que las condiciones cambiaron y hay lugar para el oportunismo, el lector debe esperar un desgarradero de vestiduras tricolores.

El laberinto de explicaciones que inició Poiré terminó en la conferencia de prensa de la titular de la SIEDO Patricia Bugarín quien aseguró que Jorge Hank fue consignado por un solo delito: violar la Ley de Armas de Fuego. Un caso que bajó los decibeles en pocas horas, y explica hasta cierto punto la revelación del Vocero de Seguridad Nacional Alejandro Poiré: “El presidente Felipe Calderón no sabia nada del operativo contra Jorge Hank Rhon”

Pero en los resultados, consignarlo a un juez por posesión de armas de uso exclusivo del ejército, cuando gravitan mil historias terribles alrededor del ex alcalde de Tijuana, parece un fracaso del gobierno federal, o de plano el presidente no sabia del operativo del Ejército sin orden de cateo.

De ser así, habría que pensar que la acción de un grupo de militares desacreditó la futura detención de uno o dos ex gobernadores priistas, como se ha venido manoseando en columnas políticas.

Con las palabras de Poiré damos por hecho que el presidente oficialmente no sabía, ni el Secretario de la Defensa, porque si alguno de ellos tenía información y no la compartió con el otro, es muy preocupante; y si los dos sabían y no pudieron integrar un caso sólido, es de una incompetencia de miedo.

La versión oficial parece la menos costosa en términos políticos, y podría quedar en una metida de pata: grupo de militares regionales montó un operativo que mereció la máxima secrecía, con asalto sorpresivo hasta la recámara de Jorge Hank, y salieron con la bobería de que tiene armas ilegales, las cuales, seguramente alegara el ex alcalde son para defenderse de la inseguridad que no le puede dar el estado a los mexicanos, como está comprobadísimo.

Me dicen fuentes oficiales del Ejército que la fuerza regional que detuvo a Jorge Hank Rhon actuó conforme al manual, es decir, una presunta flagrancia los llevó de inmediato a la casa de Hank y eso los faculta para entrar sin orden judicial. Así es la regla de Sedena y la deben cumplir en cualquier parte del país.

Evidentemente es una acción militar en el ámbito civil, donde existe la alternativa policiaca de los tres niveles de gobierno: local, estatal y federal.
Quiero entender que el manual que redactaron los mandos militares, transmitidos a las comandancias regionales, parece trazar sus propias reglas, aun cuando la Constitución no les da atribuciones para realizar labores policiacas, aunque se imaginan que si, y logran torcerla en el umbral del vacío legal.

Eso habrá de aclararse, porque la mala apariencia de la acción en Tijuana será un obstáculo para la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en especial para el Código Militar que busca proteger la incursión de sus elementos en operativos civiles.
Actualmente la ley es confusa, habla de que los militares serán juzgados en tribunales competentes, aun en acciones civiles. Para efectos de conveniniencia, los tribunales militares son competentes, nadie puede negarlo, sin embargo, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales reclaman que los militares sean juzgados en tribunales civiles, si el delito es cometido en operativos civiles.

El reclamo tiene fundamento porque se hace burocráticamente imposible darle seguimiento a las penas que purgan los militares juzgados por ellos mismos, y siempre existirá la sospecha de protección de sus pares, desde el proceso hasta el cumplimiento de la sentencia.

Este es solo un elemento de la reforma a la ley, otros versan sobre la estructura de autoridad que debe tener el mando en los operativos, etcétera.

La resistencia en el Congreso a aprobar la reforma se fue diluyendo a medida que el combate al crimen organizado se tornó mas violento y apareció la necesitad de atacar a las bandas criminales con mayor potencia bélica. A las fuerzas armadas y la Policía Federal se les vio como las únicas autoridades capaces de hacer frente a esa escala, sin embargo, en el operativo contra Jorge Hank reaparece el temor de orientar esa fuerza con fines políticos, y precisamente en la institución con mayor músculo coercitivo: el Ejército, por lo tanto, el debate de las reformas de ley regresará al punto de inicio, precisamente en momentos en que la agenda de la República se empata con la agenda electoral en el Estado de México y en la dinámica de los comicios presidenciales del 2012.

En las primeras horas del operativo en Tijuana apareció un comunicado conjunto de Sedena y la Procuraduría General de la República con un texto que explica la flagrancia en las primeras detenciones y justifica el allanamiento a la casa del ex alcalde: “A consecuencia de lo anterior, el personal castrense se desplazó a la citada colonia, localizando el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron al domicilio”.

En el inmueble fueron detenidas ocho personas más y se localizaron 40 armas largas, 48 pistolas, 9 mil 298 cartuchos, 70 cargadores y una granada de gas. El agente del Ministerio Público de la Federación inició una averiguación previa por la probable comisión de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los detenidos son Jorge Hank Rhon, Marco Antonio Trinidad Gómez, Luis Alfonso Sánchez Solís, Rubén Muñoz Nava, Víctor Manuel de la Torre Horta, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rigoberto González López, César Pérez Guerrero, Carlos Gonzalo Pérez Contreras o Carlos Gonzalo Rizo Pérez, Ramón López Apodaca y Juan Ignacio Parra Santos. La PGR abrió la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1580/11 y señaló que “realizará las diligencias que resulten necesarias para estar en aptitud de determinar lo que en derecho proceda”.

Pues bien, de 88 armas incautadas, 10 contaban con permiso del Ejército, la institución que entró hasta la recámara de Jorge Hank, un civil con un negro historial pero sin una orden de aprehensión y que no estaba huyendo de ninguna autoridad, tan es así, que la propia Sedena le dio 10 permisos para portar armas, permisos que me imagino pasaron por el escrutinio militar para ser expedidos, y en eso está la probada moralidad del solicitante ¿O no?

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