Hugo Páez
Imposible ocultar las señales negativas en la lucha contra crimen organizado cuando los familiares de los hermanos Reyes Salazar tuvieron que cavar las tumbas de los suyos en la zona del Valle de Juárez, ante el terror de las autoridades locales.
Los asesinos de los activistas de derechos humanos, Reyes Salazar, de Marisela Escobar, asesinada a unos metros del palacio de gobierno de Cesar Duarte, son algunos de los más de 500 mil delincuentes que engrosan en brutal número de ordenes de aprehensión sin cumplir.
La tragedia de la familia Reyes y sus circunstanstancias es directamente proporcional al fracaso del programa Todos Somos Juárez operado por Abelardo Escobar, en un país donde lo nunca visto aparece para indignación de todos: el presidente municipal del Valle de Juárez, Tomás Archuleta, niega sepultura por el terror que le imponen las bandas criminales.
Mas de 500 mil ordenes de aprehensión sin ejecutar es una situación frustrante del sistema de justicia Mexicano, enfrascado en una lucha violenta contra el crimen organizado.
Aun los pasos grandilocuentes parecen insuficientes, es el caso de las reformas legales encaminadas a agudizar penas que en la práctica dan nulos resultados.
El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó la ley antisecuestros que determina que los delincuentes deberán portar un dispositivo localizador tipo brazalete, durante cinco años despúes de cumplir la pena.
Es una clara muestra de populismo legislativo. Nada cambiará el brazalete cuando los secuestradores cumplen condenas acumuladas de 25, 40, 50 y 60 años de prisión, como la francesa Florence Cassez.
Las estadísticas son desalentadoras, solo uno de cada 10 delincuentes está en prisión y están pendientes alrededor de 800 mil mandatos judiciales sin cumplir.
Debemos estar muy alertas con las posiciones demágogicas del Congreso. Esta semana se presentarán reformas de ley sobre el arraigo y la de los testigos protegidos. Esta última pretende aclarar diferencias legales de beneficios y usos entre testigos colaboradores, y testigos protegidos, además de imponer caducidad en declaraciones, ya que en la actualidad un delincuente puede “recordar” lo que pasó cinco años atrás y beneficiarse de la ley.
Con las reformas a la figura del arraigo y la de testigos protegidos, el PRI pretende poner un candado al uso electoral de las declaraciones de testigos colaboradores para evitar golpes electorales como el de “Mateo” contra Manuel Añorve, filtrado días entes de la elección a la gubernatura de Guerrero y sin que nadie fincara responsabilidad al ministerio público de PGR por violar la secrecía de las declaraciones prevista en el Codígo Federal de Procedimientos Penales.
Los esfuerzos están totalmente desbalanceados, mientras caminan libramente mas de 500 mil delincuentes, aparecen el oportunismo legislativo maquillado de grandes logros.
Blog: http://hugorenepaez.blogspot.com/
twiiter: @hugopaez correo: hugopaez@prodigy.net.mx
www.hugopaez.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario