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jueves, 23 de abril de 2015

Anticorrupción, NO en legisladores, alcaldes, gobernadores y presidente

Hugo Páez
   
No hay otra forma de interpretar el boicot del PRI y el Partido Verde a la eliminación del fuero a funcionarios públicos, que el montaje escenográfico de un Sistema Nacional Anticorrupción para los tiempos electorales. Funcional a la urgencia de revertir la crisis de credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, sin sacrificar a la clase política ni el espacio de maniobra para abusos y corruptelas de gobernadores, alcaldes y legisladores protegidos por la inmunidad parlamentaria.
Se traduce en que el Presidente de la República ni los mencionados no podrá ser llevados ante la justicia sin un proceso de desafuero. La sola protección constitucional es un inhibidor de ánimos. Aún cuando existen mecanismos para el desafuero, en muy contados casos se transita por un largo, complicado y burocrático proceso judicial - legislativo.
Al cobijo de ese muro de contención están los legisladores, gobernadores, alcaldes y el Presidente de la República.
Al cobijo de ese muro, Julio César Godoy Toscano pudo evadir la justicia, apoyado por sus compañeros diputados. Bajo ese cobijo Luis Alberto Villarreal, su hermano y legisladores acusados de corrupción, -etiquetados con la descafeinada palabra “moches”- se mantuvieron en esa zona de confort, igual que en su tiempo, el gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés y el viacrucis de la justicia para consignar a Andrés Granier Melo hasta el término de su administración en Tabasco.
Difícil encontrar algún personaje en la nueva era que la inmunidad parlamentaria que lo proteja en su justa dimensión, en esa para lo que fue concebido como un privilegio destinado a mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento. Traducción: el fuero ho ha servido para evitar la persecución política.
La fuerza disuasiva de la inmunidad parlamentaria llegó a su máxima expresión en el juicio contra Andrés Manuel López Obrador, por desacatar una orden judicial en el caso del Encino en el 2004 - 2005. El Jefe de Gobierno en el año 2000, ahora líder de MORENA, gozó de protección por la inmunidad jurídica, y sólo el Congreso de la Unión podría retirarla para llevarlo a tribunales.
Esos elementos inhibidores funcionaron a la perfección en un escenario mediático, con la proclividad a la victimización del acusado, también aspirante presidencial, y un Vicente Fox Quezada en la Presidencia de la República limitado y confundido que frenó la acción del Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha.
Al final del día la exposición mediática benefició al acusado y echó a la calle al general Macedo de la Concha, premiado con una posición diplomática en Italia. Los dueños de El Encino fueron atracados por el fuero constitucional.
El encanto del blindaje es evidente. Algunos personajes y ex jefes delegacionales en el DF buscan una posición legislativa por la inmunidad parlamentaria ante el temor de ser tocados por la justicia a causa de sus desastrosas y corruptas administraciones.
Es evidente que la anticorrupción y rendición de cuentas quedaron burladas a partir de un proyecto legislativo de autoprotección. En un Estado simulador no hay forma de recuperar la confianza.
    
   

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