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martes, 21 de abril de 2015

Osorio no debe permitir un segundo Tlatlaya en Apatzingán

Hugo Páez
   
Miguel Ángel Osorio Chong no puede permitir que el caso Apatzingán se convierta en una reedición de Tlatlaya, en todas sus dimensiones: ocultamiento de datos, manipulación de los hechos y montaje de una realidad del operativo de la Policía Federal de Enrique Galindo Ceballos, presentada a la opinión pública, que a más de tres meses de los hechos es sometida a grandes dudas por videos anónimos que aportan otros datos.
El Secretario de Gobernación se comprometió ayer con Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a investigar a través de la PGR de Arely Gómez. La CNDH informó que desde enero existe una queja y un expediente abierto de Apatzingán en la dependencia.
A tres meses y medio de la matanza el 6 de enero en un operativo de la Policía Federal, la zona caliente de Michoacán revive en una serie de datos que recuerdan los primeros días de la denuncia de Tlatlaya como ejecución sumaria, contraria a la versión oficial de la Sedena, del Procurador del Estado de México y del Procurador Jesús Murillo Karam.
En esos primeros días de datos nebulosos, posteriores al 30 de junio del 2014 día de la matanza, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva acreditó la versión del ejército, a la postre exhibido en un reportaje de la revista Esquire el 19 de septiembre como un caso de abuso de autoridad que escaló niveles internacionales y consignó a un oficial y siete elementos de tropa del Ejército por la muerte de 22 civiles.
Esta vez fue un desalojo de civiles que habían tomado el Palacio Municipal de Apatzingán y decomisaron vehículos y armas. Según el informe oficial del entonces Comisionado Alfredo Castillo, quien tiene fama de no supervisar los operativos. Informó de la muerte de ocho personas, presuntamente entre fuego cruzado de integrantes de grupos criminales.
En el inicio del periodo electoral, el recuento en Michoacán es desastroso a quince meses de distancia en el tiempo que recuerda la firma de autodefensas y el gobierno federal. Un proyecto de integración de los civiles armados a la legalidad convertidos en nuevos Cuerpos de Defensas Rurales.
A quince meses las prioridades cambiaron, desde la Presidencia de la República se acelera una atmósfera de transparencia y anticorrupción ante la falta de credibilidad de los ciudadanos. Monte Alejandro Rubido tendrá que llegar a las últimas consecuencias, al parecer no fue informado con puntualidad y veracidad, ya que el sábado dio parte a la PGR para iniciar una investigación a partir de recibir un video anónimo de los hechos.
Michoacán sigue en constante alerta, un ejemplo es Tancítaro, una de las comunidades participantes de la firma de las autodefensas convertido en un nido de violencia y narcotráfico, al grado que el PRI, PAN y PRD se unieron para escoger un candidato común a la alcaldía para evitar más penetración de los grupos delictivos.
Un Tlatlaya más para el gobierno de Enrique Peña Nieto sería fatal y pondrá en duda el objetivo de la Policía Federal como alternativa a la militarización de la lucha contra el crimen.
      
   
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