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martes, 11 de noviembre de 2014

El Estado no debe darles un mártir

Hugo Páez

Un cubetazo de agua al senador Alejandro Encinas, los gritos de “Asquerosa ladrona” contra la ministra Olga Sánchez Cordero por el rechazo a la pregunta sobre la Reforma Energética, sumado a la toma del aeropuerto de Acapulco, el ataque a vehículos en la autopista del Sol, ordeña de gasolina y la quema de la Puerta Mariana de Palacio Nacional, en las últimas horas, es una muestra de que Ayotzinapa marca el punto de no retorno, en otro nivel de protesta.
Pero están a los que les urge desviar los reflectores de los verdaderos culpables, al Estado Mexicano, para eso necesitan un mártir de las protestas.
Y aún falta medir la frase revelada por Jesús Murillo Karam: “Nunca los van a encontrar, los hicimos polvo”. El procurador cita a Sidronio, el líder de los Guerreros Unidos repite la frase de otro cabeza criminal: “El Gil” de los Rojos, para mostrar que esa barbarie extrema nos enfrenta a una realidad brutal, que forma parte de la imagen de México en el mundo.
Ahí está la declaración del embajador de Estados Unidos Anthony Wayne: "Urgimos que los responsables sean presentados ante la justicia y castigados de manera expedita, y que el caso se resuelva con respeto al debido proceso y al imperio de la ley". Osama Bin Laden no fue presentado ante la justicia, no se le respetó el debido proceso y lo asesinó una operación del Imperio, pero no de la ley.
Esa realidad de Ayotzinapa impactó al poco impresionable padre Alejandro Solalinde, curtido durante lustros en el drama de los inmigrantes, al grado que decidió bajar los decibeles ante el repudio de familiares de los 43 normalistas desaparecidos, y la incredulidad de la monstruosidad, al describir en su relato las ejecuciones con balas, diesel, llamas y el vuelo de cenizas al río Cocula.
Pero esos extremos que nos impresionan están pavimentados de pequeñas, medianas y grandes infamias en la vida cotidiana, en un país donde prevalece el interés político y corporativo, sobre el Estado de Derecho.
Las denuncias previas de las atrocidades de José Luis Abarca fueron desatendidas para no alterar el ánimo del PRD en el Pacto por México. De igual forma los partidos callan y ceden en un intercambio mercantil de intereses políticos y corporativos.
Otra monstruosidad, en diferente tono, es la existencia de la Telebancada, la justificación de “los moches” en el Congreso federal y los intentos de extensión a la Asamblea Legislativa del DF, y la fuerza corporativa que moldea preponderancias, evade penalizaciones, retarda proyectos y se cubre de amparos en la Reforma a la ley de Telecomunicaciones, la de verdadero impacto democrático.
Aun cuando suene a paradoja, la protesta puede ser un gran paso en la cultura de la legalidad, esa que no encontró ejemplo en el Jefe de Gobierno del DF Miguel Mancera al renunciar a la denuncia por negligencia médica en la operación del corazón. Salió bien librado, pero hay una responsabilidad civil que afrontar.


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