Riesgo de Tlatlaya en Tepic por caza del “H2”, silencio de Osorio y Sales

Hugo Páez

   

A cinco días de la matanza en Tepic Nayarit, no hay autoridad ministerial federal que explique los sucesos, solamente el titular de la Semar Vidal Soberón Sanz asegura que no hubo muertos menores y el helicóptero artillado no mató a nadie, pero la Marina fue parte del operativo, y en consecuencia, una versión parcial.

La confusión es tal que no hay certeza sobre el número de muertos en el operativo realizado por un grupo de élite de la Secretaría de Marina el 9 de febrero. La cifra oscila entre 12 de la Marina y más de 20 reportados por otras fuentes.

Las escena estilo Faluya o Alepo, con un helicóptero artillado de las Fuerzas Armadas disparando sobre una zona de viviendas en la capital del estado gobernado por Roberto Sandoval son apocalípticas, y extraña su difusión por la propia Marina ¿con destinatario a algún espectador de Estados Unidos..?

El hecho es que no la difundió alguna autoridad civil como Gobernación, que tiene bajo su coordinación a las Fuerzas Federales, militares y policiales. La dependencia de Miguel Osorio Chong solamente publicó en redes sociales unas cuantas líneas el 9 de febrero para explicar que Juan Francisco Patrón “El H2” era jefe de los Beltrán Leyva en Nayarit, en el texto prometió que daría más información al día siguientes, no fue así (http://ow.ly/CytQ308YcnH).

A falta de una explicación del ministerio público representado por Raúl Cervantes Andrade, o del Secretario de Gobernación o el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, queda solamente la versión de una de las partes en conflicto: el cuerpo de élite de la Marina Armada, donde no se sabe si actuó a motu propio, o fue solicitado por el gobernador de Nayarit, o por Osorio.

Para efectos de reclamos militares que presionan el aval fast track en el Congreso de la Ley de Seguridad Interna, sin debate a fondo, los militares que reclaman por ser enviados a combatir el crimen en las calles, el jueves salieron a hacerlo sin problema alguno. El periódico Milenio publicó ayer información del Centro de Estudios Superiores y Navales, elaborado por el Almirante José Luis Vergara, donde plantea enfrentar a la corrupción de la élite política y su impunidad, como propuesta para dicha Ley.

Ante el vacío de información habrá que suponer que la letalidad del cartel de los Beltrán Leyva amerita un operativo que pone en riesgo a la población civil, porque se quiera o no, cualquier sospechoso de participar en el crimen organizado es población civil, y un ataque aéreo con calibre de guerra es sentencia de muerte para quien debería ir a la corte a ser juzgado.

Por favor no pierda el tiempo en rasgarse las vestiduras, no se trata de defender a criminales, sino de aclarar los hechos, en un país donde impera el desorden y la desinformación, por ejemplo, la primera recomendación de la CNDH del 2017 01/2017 (http://ow.ly/NMe2308MWe5) está dirigida al Almirante Vidal Soberón por tortura, retención y detención ilegal en Culiacán Sinaloa, el 14 de noviembre del 2014, perpetrado por un grupo de seis elementos del Ejército y la Marina quienes allanaron el domicilio de una persona cuyo nombre se protege por seguridad, a las 3:00, lo golpearon, dieron cachetadas a su esposa y golpearon con un arma a su hijo de 7 años en las costillas para que no siguiera llorando. Después de ser torturado fue liberado.

En Tlatlaya pasó lo mismo, el mismo rasgadero de vestiduras sin que la autoridad ministerial federal explicara los hechos, pero se adelantó el gobernador Eruviel Ávila Villegas y su fiscal-procurador para emboletarse en una justificación sin elementos, con el propósito de salvar la cara de la Sedena de Salvador Cienfuegos Zepeda.

El 21 de octubre del 2014, la CNDH de Luis Raúl González Pérez concluyó que el 30 de junio del mismo año elementos del Ejército ejecutaron a 15 personas de los 22 muertos encontrados en una bodega en Tlatlaya, Estado de México.

Cuatro meses pasaron para una versión creíble. En la masacre en Tepic donde presuntamente fue ejecutado Patrón Sánchez el “H2” y un grupo de sicarios, han pasado cinco días y prevalece el silencio del procurador Cervantes, de Osorio Chong y de Sales Heredia, a pesar de la denuncia pública de Andrés Manuel López Obrador sobre ejecuciones a menores de edad y personas inocentes.

La exigencia del líder de Morena, aún cuando tiene la carga del oportunismo político, no ha tenido respuesta por la autoridad competente, solamente el líder del PRI Enrique Ochoa Reza, intentó desacreditar a López Obrador.

El operativo nocturno difundido en videos por la Semar, ocurre en la agenda de amenazas del presidente de EEUU Donald Trump, según sus palabras, una estrategia consultada con Enrique Peña Nieto para enviar tropas a México, “por la incompetencia del gobierno federal para combatir a los cárteles del crimen organizado”.

El mensaje podría interpretarse como: la Semar SI puede, la Sedena NO, ya que el operativo no fue coordinado con el Ejército, ni siquiera el comandante de la 13a Zona Militar en Nayarit, o el gobernador Sandoval fueron enterados hasta que arrancó la escena típica del Asia y Medio Oriente. Sin embargo la decisión la tiene el Congreso, los responsables del SI o el NO tienen nombre: Emilio Gamboa, Miguel Barbosa, Fernando Herrera, Marko Cortés, César Camacho, Francisco Martínez Neri y Rocío Nahle.

   

   

    

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Malechuras de PGR en Tlatlaya exhiben a México violador de Derechos Humanos

Hugo Páez

“Los presuntos delincuentes muertos en Tlatlaya NO tienen el perfil de yihadistas” me comenta un ex funcionario federal de seguridad pública federal de primer nivel, ante la remota posibilidad de que no se rindieran al menos la mitad de los 22 presuntos delincuentes abatidos en una bodega de El Limón, ante la superioridad de elementos del Ejército.

Está viva la crítica a los derechos humanos en México de la canciller alemana Angela Merkel en el viaje del presidente Enrique Peña Nieto, del presidente de Estados Unidos Barack Obama y del Papa Francisco en la visita a nuestro país. No queda ningún militar detenido por la masacre, el manoseo de la Fiscalía del Estado de México y de los participantes en el operativo elimina toda posibilidad de prueba, pero está el testimonio de Clara Gómez González, madre de la joven víctima, que gracias a la revista Esquire exhibió los hechos más allá de la versión oficial.

“Las bandas delincuenciales se rinden al ver caer a sus primeros compañeros, los cálculos de la derrota son muy persuasivos”, me dice el experto. El hecho es que el Sexto Tribunal Unitario dejó en libertad por falta de elementos probatorios a Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, elementos de la Secretaría de la Defensa de Salvador Cienfuegos Zepeda.

Y en esas casualidades imposible en política, horas después del fallo del magistrado viene la filtración hecha nota principal del periódico Reforma contra Raúl Plascencia Villanueva, el ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que concluyó en octubre del 2014 que el Ejército ejecutó a 15 presuntos delincuentes de 22.

La CNDH ahora en manos de Luis Raúl González Pérez tendrá que analizar el fallo del Tribunal y emitir una postura sobre la recomendación de Plascencia Villanueva.

A pesar del fallo inapelable, la Procuraduría General de la República de Arely Gómez González tendrá que explicar la falta de acreditación de pruebas, y en todo caso reabrir la investigación por el flanco de las víctimas.

Habrá quien pretenda hacer ver el cuestionamiento al proceder del Ejército como defensa de los delincuentes, nada de eso, el historial de  países donde se presenta esta tendencia, la violación a los derechos humanos empieza con argumentos de combate al crimen organizado, a las violentas bandas de delincuentes para instaurar el orden perdido, pero poco a poco se convierte en una fuerza de terror político contra los “incómodos”. No son esos tiempos, pero en México los sufrimos, un ejemplo es el emblemático 68 y el aniquilamiento sumario de miembros y acusados de pertenecer a la Liga 23 de Septiembre, Lucio Cabañas y seguidores y un largo etcétera.

El fallo del Tribunal Unitario basado en las mala investigación de la procuradora Arely Gómez González de nuevo exhibe a México como un país violador de los derechos humanos.

   

   

   

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Osorio no debe permitir un segundo Tlatlaya en Apatzingán

Hugo Páez

   

Miguel Ángel Osorio Chong no puede permitir que el caso Apatzingán se convierta en una reedición de Tlatlaya, en todas sus dimensiones: ocultamiento de datos, manipulación de los hechos y montaje de una realidad del operativo de la Policía Federal de Enrique Galindo Ceballos, presentada a la opinión pública, que a más de tres meses de los hechos es sometida a grandes dudas por videos anónimos que aportan otros datos.

El Secretario de Gobernación se comprometió ayer con Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a investigar a través de la PGR de Arely Gómez. La CNDH informó que desde enero existe una queja y un expediente abierto de Apatzingán en la dependencia.

A tres meses y medio de la matanza el 6 de enero en un operativo de la Policía Federal, la zona caliente de Michoacán revive en una serie de datos que recuerdan los primeros días de la denuncia de Tlatlaya como ejecución sumaria, contraria a la versión oficial de la Sedena, del Procurador del Estado de México y del Procurador Jesús Murillo Karam.

En esos primeros días de datos nebulosos, posteriores al 30 de junio del 2014 día de la matanza, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva acreditó la versión del ejército, a la postre exhibido en un reportaje de la revista Esquire el 19 de septiembre como un caso de abuso de autoridad que escaló niveles internacionales y consignó a un oficial y siete elementos de tropa del Ejército por la muerte de 22 civiles.

Esta vez fue un desalojo de civiles que habían tomado el Palacio Municipal de Apatzingán y decomisaron vehículos y armas. Según el informe oficial del entonces Comisionado Alfredo Castillo, quien tiene fama de no supervisar los operativos. Informó de la muerte de ocho personas, presuntamente entre fuego cruzado de integrantes de grupos criminales.

En el inicio del periodo electoral, el recuento en Michoacán es desastroso a quince meses de distancia en el tiempo que recuerda la firma de autodefensas y el gobierno federal. Un proyecto de integración de los civiles armados a la legalidad convertidos en nuevos Cuerpos de Defensas Rurales.

A quince meses las prioridades cambiaron, desde la Presidencia de la República se acelera una atmósfera de transparencia y anticorrupción ante la falta de credibilidad de los ciudadanos. Monte Alejandro Rubido tendrá que llegar a las últimas consecuencias, al parecer no fue informado con puntualidad y veracidad, ya que el sábado dio parte a la PGR para iniciar una investigación a partir de recibir un video anónimo de los hechos.

Michoacán sigue en constante alerta, un ejemplo es Tancítaro, una de las comunidades participantes de la firma de las autodefensas convertido en un nido de violencia y narcotráfico, al grado que el PRI, PAN y PRD se unieron para escoger un candidato común a la alcaldía para evitar más penetración de los grupos delictivos.

Un Tlatlaya más para el gobierno de Enrique Peña Nieto sería fatal y pondrá en duda el objetivo de la Policía Federal como alternativa a la militarización de la lucha contra el crimen.

      

   

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Enredos del Ejército contaminan gira de Peña en Nueva York

Hugo Páez

En el peor de los escenarios para tocar un tema que se trató de evitar desde inicios del sexenio, Enrique Peña Nieto tuvo que reiterar, en el atrio de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, la disposición para ahondar en la investigación sobre la participación del Ejército Mexicano en la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México.

Se contaminó el propósito de la gira. Minutos antes participó con sus homólogos Michelle Bachellet, Ollanta Humala y Juan Manuel Santos, pero  Tlatlaya fue prioridad para los medios internacionales, que, en juicio a priori, ven el enfrentamiento con presuntos delincuentes como una masacre de las Fuerzas Armadas de México.

Los nuevos datos refuerzan la duda. El Segundo Visitador de la CNDH Marat Paredes me dijo el domingo que los 22 cuerpos abatidos el 30 de junio dieron positivo en la prueba de radizonato de sodio. Ayer reveló a Milenio que dos de las mujeres supuestamente liberadas del secuestros estaban detenidas en el Estado de México por acopio de armas de fuego, otros dos huyeron al momento de los hechos y otros tres son testigo, por lo tanto, la información inicial de Sedena que habla de 22 en total, corroborada por el procurador mexiquense Alejandro Jaime Gómez y el gobernador Eruviel Ávila, es producto de la desinformación propiciada por los militares.

La prueba de radizonato es un elemento más para integrar el perfil de los presuntos delincuentes, pero dudo que este y otros análisis en los cuerpos y en el sitio de los hechos, reviertan la idea prejuzgada de una ejecución sumaria.

Seguramente no es propósito de la Procuraduría General de la República ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ir más allá de la verdad jurídica, pero el historial de desaseos de las autoridades de seguridad pública, en directo inducen a la desconfianza.

¿Masacró el Ejército a 22 civiles, que, delincuentes o no, tienen derecho a juicio..? Es la duda con respuesta anticipada en un sector de la población convencida durante lustros del abuso de autoridad, y a las que el sentido común les dice que difícilmente en un enfrentamiento entre dos grupos mueren 22 de un lado, y ninguno del otro. Las edades de los abatidos fluctúan entre los 18 y 30 años, sin embargo, hay cinco personas entre los 40 y 45 años.

Corre la versión del origen nebuloso de la denuncia pública que reprodujeron la agencia AP y Esquire, la semana pasada, en la que una mujer vio a un grupo de soldados asesinar a su hija de 15 años a tiros y ejecutar a otros 21 civiles, una vez que se rindieron. La versión habla del grupo delictivo La Familia, como el interesado en desacreditar a las fuerzas armadas para inhibir los operativos.

Pero con independencia de los intereses en juego, esperamos de las dependencias de Jesús Murillo Karam y de Raúl Plascencia Villanueva, la realidad de los hechos. El Ejército no es ministerio público, juez y verdugo.

El director de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, declaró el viernes pasado que de confirmarse la versión de la madre: “Nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres en México”. Evidente el juicio a priori que tendrá que enfrentar el Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos.

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