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jueves, 1 de noviembre de 2012

Acuerdo Anti – Falsificación otra bronca que siembran a Peña Nieto

Hugo Páez

Las credenciales diplomáticas de Claude Heller Rouassant indican que difícilmente podría cometer un error de juicio o desconocimiento al firmar el 11 de julio del 2012 un acuerdo internacional Anti Falsificación (ACTA) muy polémico a nivel mundial por las implicaciones que puede tener para usuarios de internet, transferencia de datos y medicamentos genéricos, entre otros.
Sin embargo Heller, como representante del gobierno mexicano en la embajada de Japón y por instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Patricia Espinosa, y a petición de la Secretaría de Economía de Bruno Ferrari, le importó un comino que el 22 de junio del 2011 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitiera un dictamen para exhortar al Jefe del Ejecutivo a que instruyera a las Secretarías y dependencias involucradas en la negociación del acuerdo a no firmar el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA).
Los titulares de las dependencias involucradas mantienen el cargo desde el inicio de las reuniones formales, y aun cuando Bruno Ferrari fue nombrado en Economía el 14 de julio del 2010 y las negociaciones iniciaron en sus postrimerías en el 2008, las cabezas de los compromisos fueron concientes que estaban desatendiendo un acuerdo del Congreso, en especial de la Cámara de Senadores, facultada por el artículo 76, fracción 1 de la Constitución para analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo para que rinda informes, así como la aprobación de tratados internacionales y convenciones diplomáticas que suscriba.
Y a pesar de que los legisladores no tienen mando sobre los acuerdos, los artículos 5 y 8 de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica establecen que la Cámara de Senadores deberá ser informada por parte de las Secretarías de Estado y de la Administración Pública Federal sobre el inicio de negociaciones de algún tratado internacional.
Pues no se informó.
Y no solo eso, el gobierno de Felipe Calderón mandó por un tubo el dictamen y suscribió el tratado con todo sigilo.
Se podrá decir que México vive nuevos tiempos de la cultura de la legalidad, que su ausencia y liviandad en el pasado hicieron mucho daño, y que el Acuerdo Anti-Falsificación es parte de esa cultura, sin embargo, desde la perspectiva internacional muchos de los puntos, por ejemplo los referidos a intenet y a la propiedad intelectual, obligarán a los proveedores de servicios de datos (ISP) a vigilar todos los paquetes de datos que sean cargados o descargados de internet, esto es: archivos mp3, de los cuales se sospeche su legalidad, por lo tanto, el usuario podría recibir multas, perder la conexión, o será acreedor de penas que pueden llegar a prisión.
En realidad el acuerdo nació de las presiones de las grandes compañías agrupadas en la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) y la Asociación Cinematográfica de EU (MPAA), organismos que promueven que compartir archivos entre usuarios, aun sin algún fin lucrativo, es ilegal.
A un mes de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, la senadora priista Ana Lilia Herrera dimensionó desde la tribuna legislativa la firma del acuerdo y exigió al gobierno federal que explique el alcance, que elimine ciertos apartados, y se haga responsable por las consecuencias colaterales que tendrá para los usuarios, en beneficio exclusivo de las grandes corporaciones.
El reclamo de la senadora parece una revelación con el propósito de que la nueva administración no cargue con culpas ajenas. Lo es, pero también pone el dedo en la llaga de las grandes corporaciones y sus gobiernos a los que en realidad no les interesa promover acuerdos de gran alcance, como el control o la supresión de la venta de armas de fuego. En este tema contrastan los tímidos reclamos del gobierno mexicano con las prisas y el sigilo para firmar el ACTA el 11 de julio del 2012, a menos de 5 meses del cambio de poderes.
Estamos en espera de la respuesta del gobierno federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Economía, la ley marca 15 días a partir del martes 30 de octubre; habrá que ver las presiones internacionales que hay atrás de la decisión del gobierno de Felipe Calderón.

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