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jueves, 10 de febrero de 2011

El Senado responsable de deficincias de la CNDH / legisladores pretenden politizar violación a garantías individuales

Hugo Páez

Algo tiene que hacer el Senado para que funcione la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cumpla su objetivo de proteger las garantías de ciudadanos frente a una autoridad desesperada, inmersa en la lucha contra el crimen organizado.
La efectividad es brutalmente decepcionante. La CNDH es uno de los organismos mas caros, tan solo en el 2010 tuvo un presupuesto muy cercano a los mil millones de pesos (989.54 millones), y en el 2011 subirá a 1250 millones. En menos de 10 años incrementó su presupuesto en más de 300% y se colocó como la oficina más costosa en América Latina. Mientras los recursos crecen, el cumplimiento de sus funciones va a la baja según análisis de organizaciones nacionales e internacionales que consideran que la comisión hace un trabajo ineficiente.
Los números son reveladores, solo se emitieron 86 recomendaciones de las cuales el 20% ni siquiera fue aceptada por la autoridad responsable. Estos números son producto de 3,144 expedientes abiertos a 16 mil personas que dicen que les violaron los derechos humanos, por lo tanto cada recomendación aceptada tuvo un costo de 14.4 millones de pesos.
Mas allá de la crudeza de los números, la incompetencia del equipo del ombudsman Raúl Plascencia quien presentó el informe anual el martes en Presidencia de la República, creo un ambiente de intriga con el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública y la Marina por la incapacidad de producir recomendaciones bien integradas, que en algunos casos fueron basadas en declaraciones sin pruebas o contradictorias que se presentaban en los medios de comunicación para ganar impacto mediático y posteriormente eran refutadas por la autoridad por amañadas o mentirosas.
Sedena, SSP y Marina, principalmente, tienen fuertes problemas para preservar las garantías de ciudadanos terceros en la lucha contra el crimen, etiquetados erroneamente como daños colaterales, por eso es imprescindible una Comisión de Derechos Humanos, seria, eficiente y profesional que privilegie el análisis, la investigación y presentación de pruebas sobre el show mediático. Un organismo deficiente que da tumbos y es desmentida frecuentemente deja en la indefensión a los ciudadanos, y es suceptible de ser debilitada por los reclamos de la autoridad, tal como pasó con el Almirante Francisco Saynez que reclamó a Raúl Plascencia hacer un escándalo sin pruebas con la muerte de dos civiles en el operativo contra el capo Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca Morelos.
En 1990, Carlos Salinas de Gortari presentó el decreto para crear la CNDH y cumplir con un requisito para la firma del Tratado de Libre Comercio. A 20 años de distancia, la CNDH no ejerce su mandato, coinciden la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundar Centro de Análisis e Investigación, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan”, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Señalan que la ineficacia de la comisión no se debe a la falta de recursos o instrumentos jurídicos, “Se debe, en gran medida, a que el presidente de la CNDH ha adoptado una serie de prácticas y políticas que perjudican el desempeño de la institución”, explica José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW. Los recursos no han sido un problema para la CNDH, este organismo cada año ha tenido un aumento significativo en su presupuesto.
Peor aún son las reformas a la ley que pretende quitar la facultad a SCJN para casos de violacion a garantias y pasarlo a la CNDH. Jorge Carpizo, primer ombudsman nacional planteó que "es un error" la intencion de arrebatar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su facultad de investigación sobre violaciones a garantias fundamentales y otorgarselas al Consejo Consultivo de la CNDH, tal como lo propone la reforma constitucional en la materia que se discute en el Congreso de la Union. Carpizo aseguró que un 85 por ciento de la propuesta de modificaciones constitucionales es adecuado, pero presenta el problema de transferir la actual facultad de la Corte al organo de consulta. Su argumento es que el organismo esta conformado por diez grandes personalidades que representan varios sectores de la sociedad, sin embargo, no esta preparado para esa responsabilidad porque la mayoria de sus integrantes no son juristas, ademas de que son cargos honorarios sin sueldo y se reune solamente una vez al mes.
En palabras del primer ombudsman "Los asuntos juridicos mas delicados del pais se le quiere dar a investigar a un organo en donde la mayoria no son juristas".
Existe el riesgo de que si el Consejo Consultivo de la CNDH indaga sobre violaciones graves a las garantias fundamentales, la justicia en el país se puede politizar aun mas ya que los consejeros enfrentarían presiones de partidos, gobiernos y organizaciones. La propuesta de los expertos es que las reformas se aprueben tal y como las ha planteado el Legislativo, pero dejando bajo reserva la modificación del 97 constitucional que da a la Corte las facultades de atracción e investigación por violaciones a los derechos humanos.
Lo dicho, el Senado tiene la última palabra, avaló al ombudsman y bajo su responsabilidad está la eficacia del organismo.

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