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martes, 19 de octubre de 2010

Complicidad de Encinas no es tema de ética sino de procuración de justicia

Hugo Páez

Esconder dos días a un prófugo de la justicia, cuando menos debería iniciar una averiguación previa por parte de la Procuraduría General de la República.
No hablamos de un ciudadano común, hablamos del coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, que utilizó su fuero constitucional para proteger al presunto delincuente Julio Cesar Godoy y resguardarlo dos días en su oficina, antes de protestar como diputado y adquirir el derecho a no ser detenido sin mediar un juicio de procedencia.
No hay confusión, a conciencia Alejandro Encinas y José Guadalupe Acosta Naranjo, al prestar su camioneta, protegieron a un prófugo de la justicia sobre el cual pende una orden de aprehensión por ligas con el crimen organizado y lavado de dinero, que entre sus actividades extorsionan y trafican droga. Dos flagelos que mantienen al país inmerso en la guerra mas violenta de las últimas décadas, que ha costado cerca de 30 mil muertes.
Podemos suponer que Encinas actuó por solidaridad con su compañero de partido, sin embargo, estaba en pleno conocimiento de las evidencias que inculpan a Julio Cesar Godoy, muchas de las cuales no fueron reveladas a la opinión pública pero si a políticos de primer nivel.
Bajo estas premisas es fácil suponer que el coordinador parlamentario tiene mas que un interés solidario al proteger a un prófugo, por lo tanto no lo convierte solamente en materia de ética, sino de procuración de justicia, quien debería cerciorarse si Encinas es acreedor de algún delito.
Las evidencias contra el hermano del gobernador de Michoacán se acumulan abrumadoramente. Existen pruebas de fuertes sumas de dinero, de apoyos electorales y lavado de dinero.
Aún cuando corresponde a la PGR solicitar el desafuero de Alejandro Encinas, el PAN y el PRD deberían ejercer presión para que se haga justicia y no seguir desacreditando el derecho de los legisladores consagrado en el artículo 21 de la Constitución.
El problema no es político, es de crimen organizado con personajes del mas alto nivel como el jefe de la "Familia Michoacana" Servando Gómez "La Tuta"; un diputado federal, Julio Cesar Godoy; un coordinador parlamentario del Congreso, Alejandro Encinas y el parentesco del gobernador Leonel Godoy quien reclamó cínicamente al presidente Felipe Calderón la supuesta persecución política en las detenciones de Michoacán.

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