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jueves, 26 de noviembre de 2009

Necesario blindaje legal y autonomía al Centro de Inteligencia de la Policía Federal

Hugo Páez

Se necesitan más que buenas intenciones y la integridad de una persona para blindar la información de inteligencia que procesa la Secretaría de Seguridad Pública y no se convierta en banco de datos políticos del partido del gobierno en turno, ó de intereses privados.
El martes, Felipe Calderón inauguró el Centro de Inteligencia de la Policía Federal; fue descrito como la expresión tecnológica de la estrategia de seguridad del estado mexicano. Una especie de Pentágono a escala; en el evento, el Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna garantizó de palabra que la información generada en el Centro será resguardada bajo estrictos protocolos y procesada con una visión institucional. Son buenas las intenciones de un funcionario que ha mostrado profesionalismo y lealtad, aún cuando existen innumerables intentos de intereses oscuros para desacreditarlo; pero nadie garantiza que el próximo tenga buenas intenciones.
El Centro de Inteligencia y su dirección merecen autonomía constitucional, tal como la tiene el Banco de México fundado en 1925 por Plutarco Elías Calles, que consolido su autonomía en 1993 en la reforma al artículo 28.
En la efervescencia política que nueve años atrás produjo un cambio histórico después de 70 años de priismo los organismos de inteligencia del gobierno y privados juegan un papel estratégico; las condiciones actuales aumentaron la probabilidad de un retorno del PRI, y en otros escenarios, la izquierda traza rutas probables de victoria, cuando menos desde su perspectiva.
Nadie comete el suicidio de revelar espionaje; la vulnerabilidad de las telecomunicaciones lo facilitan, casos como el de Luis Tellez ilustran la realidad del espionaje político, sin develar su origen. Estando en funciones de Secretario de Comunicaciones y Transportes fue interceptado en su teléfono celular y en los de su oficina; su entonces subsecretaria, Purificación Carpinteyro amenazó con dar a conocer las grabaciones que, según sus palabras, le proporcionó el titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), Héctor Osuna Jaime, descubierto ayer por el periódico Reforma como una especie de abogado de facto de Televisa, que utilizó estudios de los asesores jurídicos de la televisora –que se supone regulada por Osuna-, para prorrogar la concesión extemporánea del canal 46, a todas luces violatoria de la ley de telecomunicaciones.
Parte de las grabaciones se publicaron en medios de comunicación y hasta el momento la Procuraduría General de la República no ha podido resolver el caso de espionaje que se antoja imposible, pero que es muestra real del espionaje; como le ocurrió a Manlio Fabio Beltrones y decenas de políticos que a final de día mantienen bajo llave sus temores para evitar el escándalo.
El despliegue tecnológico del centro de inteligencia es un paso gigante para el combate al crimen organizado, terrorismo, guerrilla, secuestro y todos los elementos de control necesarios para la seguridad nacional. García Luna no solo es un entusiasta de la tecnología, es un promotor incansable de sus aplicaciones en esquemas de seguridad, a diferencia del perfil que mantuvieron sus antecesores.
En su discurso, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que el Centro de Inteligencia de la Policía Federal permitirá integrar las capacidades técnicas y operativas para toda la nación, con una perspectiva institucional, al margen de implicaciones políticas y por encima de intereses particulares. Precisó que será indispensable el escrutinio de la sociedad, por lo que se están definiendo "esquemas para hacer públicos los indicadores de operación y su cumplimiento por cada institución que participe de la interconexión, y se definen protocolos para resguardar con todas las medidas de seguridad la información sustantiva para el combate al delito”.
Este bunker subterráneo construido en cuatro módulos de tres niveles tiene grandes implicaciones: seguridad, alertas nacionales e instalaciones estratégicas; se conecta con equipos de computo en más de 600 puntos en los estados, municipios y 169 estaciones de policía.
El poder de control se explica por si solo y sus implicaciones son tan importantes que tarde o temprano requerirá un marco legal para blindarlo. A principios del sexenio quedó en el aire una iniciativa de reforma de ley para darle transexenalidad a la Procuraduría General de la República con el propósito de reforzar su autonomía. La fracción del PRI en el Senado de la República, tan entretenida en el diseño de mecanismos para amarrarle las manos al presidente de la república mediante ratificaciones de los Secretarios del gabinete y directores generales de las paraestatales más importantes, pretende olvidar uno de los principales problemas del país: la inseguridad; y sigue sin entrar con seriedad al debate en el Congreso. Tanto PRI, PRD, PT y Convergencia se limitan a parlotear el supuesto espionaje político que ejerce Genaro García Luna, así lo demuestre con protocolos estrictos y resguardo institucional.