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lunes, 23 de octubre de 2017

Fiscalía General, la estrategia de Santiago Nieto contra Peña Nieto

Hugo Páez


Entiendo la frustración, para los afanes revanchistas, el desistir en la defensa de Santiago Nieto Castillo.
Frustración porque el gobierno de Enrique Peña Nieto había puesto a la mano de sus opositores un manjar mediático, pero sólo en apariencia, y vino la reacción intempestiva, sin importar meter las manos al fuego por un megalómano que se brincó el Estado de Derecho, en espera del fácil hervor del odio contra todo lo que huele a PRI, Peña Nieto y su gobierno, encarnado en el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin.
Nieto Castillo estaba a la espera de la justificación moral para brincar, de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Electorales, a la Fiscalía General de la República.
Esa era su agenda subyacente.
Personajes que tratan de llevar a Peña Nieto a tribunales al finalizar el sexenio, mediante la figura del Fiscal General de la República totalmente autónomo, transexenal, y si se puede opositor como Nieto Castillo, lo impulsaron con precisión silenciosa, pero el presidente mandó el debate hasta el 2018, en el Foro Fortaleza de las Instituciones, de esta manera, nada impide que la transformación de PGR rebase con mucho el inicio del próximo sexenio.
Los plazos fatales son moldeables, por la misma vía legislativa que se imponen.
Esa fue la nota que apresuró la declaración del Fiscal Electoral al periódico Reforma. Ahí reveló la carta de Lozoya de supuestas presiones y amenazas, una interpretación fantasiosa, que muy pocos revisaron para probar la acusación. Aquí la dimos a conocer el día de la publicación (http://ow.ly/3Wq230g1Sql).
En el mismo foro en que Peña Nieto se quejó de los que atribuyen todos los males a la “corrupción”, prácticamente dio por descartada el nombramiento del Fiscal General en este sexenio, y aprovechó, sin decirlo, la petición de Andrés Manuel López Obrador para postergar la designación más allá de las elecciones del 2018, pero al mismo tiempo encendió la impaciencia de las ONG´s y de los partidos que urgen la evolución de la PGR en Fiscalía, con autonomía total.
De hecho, hoy mismo las organizaciones civiles agrupadas en #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, impulsados por México Unido Contra la Delincuencia de Francisco Torres Landa, darán una conferencia de prensa en el Cencos, para revertir la postergación ‘decretada’ por Peña Nieto -aún cuando Emilio Gamboa dice que no- aprovechando la remoción de Santiago Nieto.
En apariencias, el Ejecutivo a través del Procurador suplente Alberto Elías Beltrán, puso las condiciones propicias para que Ricardo Anaya y Alejandra Barrales regresen algunos de los intensos golpes recibidos por el PRI - gobierno, y su brazo mediático.
El presidente del PAN no dejó pasar la oportunidad, y en un extraño relato donde relaciona el espionaje a los activistas, a políticos opositores y a periodistas; sumado a la campaña de mentiras contra su persona y Barrales; más el voto en el Congreso en contra de retirar el fuero a dos diputados priistas veracruzanos, cómplices de Javier Duarte, con la destitución ‘injustificada’ de Nieto de la Fepade, trata de establecer la base teórica para restituirle el puesto, con un bloque formado en el Senado por las bancadas de Fernando Herrera (PAN), Barrales (PRD) y PT (Morena) de Manuel Bartlett.
Intuyo que en realidad se trata de una estrategia mediática para franquiciar la corrupción e impunidad al PRI-Gobierno, en respuesta a los intentos de Ochoa Reza por contaminar a Anaya y Barrales con esos negativos. Una vieja maniobra para igualar porquerías, con el objetivo de justificar las propias.
Pueden tener razón Ricardo y Alejandra en la historia de la guerra sucia, y la estrategia para dividir el Frente Ciudadano, pero no justifica la violación del ex Fiscal Electoral al debido proceso de Emilio Lozoya Austin, sea o no inocente, esa es otra historia, sin embargo, al final del día lo ayuda en su defensa, tal como ayudó en su momento la actuación de la Policía Federal y de la PGR, a la secuestradora Florence Cassez, juzgada y sentenciada a 60 años de prisión.
La posición que denostó a la autoridad investigadora y fiscalizadora en el caso Cassez, ahora defiende a la autoridad fiscalizadora en el caso Lozoya.  
Es evidente la falta de honestidad intelectual, cuando se observa con fascinación mórbida el atropello al Estado de Derecho, en pro de una ‘causa justiciera’.
Anaya, Barrales, Bartlett y Miguel Barbosa prometen hacer todo en el Senado para restituir a Santiago Nieto en la Fepade, pero sorpresivamente el procurador Elías Beltrán les toma la palabra, previendo un escenario de perversión judicial, atribuible a la irresponsabilidad de la oposición.
El Frente Ciudadano, Morena y algunas ONG´s, asumen que la victoria pírrica de Nieto Castillo contra el impresentable miembro del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, al lograr su despido de la subsecretaría de Gobernación, es una muestra de la calidad moral y valentía del ex titular de la Fepade, se olvidan, a propósitos de fines funcionales, que un juez declaró inocente a Escobar, precisamente porque el Fiscal violó sus garantías, reveló información indebidamente, y más.
Eso mismo va a pasar con Emilio Lozoya. Santiago Nieto dotó de armas jurídicas a su defensa, y ahora será llevado a tribunales por el experimentado despacho de Javier Coello Trejo, y muy posiblemente veremos al ex director de Pemex exculpado por un violación al debido proceso. Ahí está el antecedente de Cassez, y en el caso de Lozoya ni siquiera ha llegado a tribunales, ni ha sido sentenciado, como la secuestradora francesa que sirvió en su momento al odio antisistémico.
Peor aún, Coello Trejo presentó ayer un amparo otorgado a Lozoya el 10 de octubre por una jueza -antes de la entrevista de Nieto a Reforma- para que la Fepade lo llamara a declarar y le mostrara el expediente, ya que el Fiscal le había negado este derecho.
El NO cumplimiento del amparo prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días de salario, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según el artículo 262, Fracción III, de la Ley de Amparo.
Renunciar a la honestidad intelectual y al racionalismo, por una dudosa formulación ética ‘superior’, es una ofensa a la razón y a la moral. Ninguna causa electoral lo justifica, es es retroceso, no camino.

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