Hugo Páez
Cada vez es mayor la percepción de que el gobierno federal no puede con los gobernadores. Que la operación de Gobernación se concentra en seguridad pública, cuando la evidencia apunta a una crisis de gobernabilidad en la que mandatarios estatales y alcaldes son los principales responsables, no de ahora, desde que la inseguridad encabeza el problema número uno en la percepción ciudadana.
Con un ojo puesto en la elección y otro en la tarea de someter a los demonios, de nuevo México es noticia internacional con las matanzas en Apatzingán, Jalisco y Tanhuato Michoacán, sumados a otros brotes de violencia de menos estridencia.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia protestarán el próximo domingo en la Marcha Silenciosa por la Paz a las 10 de la mañana del Ángel de la Independencia al Campo Marte.
El antecedente inmediato ocurrió el sábado en Cuernavaca Morelos. El Obispo Ramón Castro Castro logró reunir a más de 30 mil asistentes, a pesar del boicot del gobernador de Morelos Graco Ramírez en el sistema de transporte público.
La matanza en Tanhuato Michoacán con 43 caídos el viernes, es a consecuencia de la inacción del gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, de los michoacanos Fausto Vallejo, Jesús Reyna -en la cárcel- y Salvador Jara. Irracional la libertad de Rodrigo Vallejo después de la evidencia en video de nexos y colaboración con el líder Templario Servando Gómez “La Tuta”.
Pero en cada infierno, el gobierno federal resulta el diablo. Pasó en Iguala con el alcalde del PRD José Luis Abarca y el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en Tlatlaya, en San Fernando Tamaulipas, en Apatzingán y ahora en Tanhuato Michoacán.
Hablo con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, sobre las dudas sembradas en la actuación de la Policía Federal del Comisionado Enrique Galindo Ceballos. Dudas que traen inercias desde la intervención del Ejército en Tlatlaya, no obstante, esa inacción de los gobernadores debe ser compensada por la federación que carga encima a Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la CNDH, entre otros, como fiscalizadores del estricto cumplimiento de los protocolos de derechos humanos, en tiempos donde se suponen superados los abusos de la autoridad pública.
Hasta el momento el reporte de Galindo Ceballos y Monte Alejandro Rubido en medios de comunicación detalla los hechos, cuando menos en una versión aceptable de un operativo donde no hay prueba de abusos de autoridad o uso ilegal de la fuerza pública, además de la existencia de un arsenal de alto poder que resistió durante horas la detención de elementos del cártel Jalisco Nueva Generación, hasta la muerte de 42 y la detención de tres.
Lo único fuera de lugar en las declaraciones de Galindo es la referencia a la descripción de dos de los sicarios: “estaban totalmente tatuados”, como si fuera un delito, ahora es moda. En otros tiempos era parte del estereotipo de las “maras” del Salvador, o de los convictos peligrosos en cárceles, pero bueno, un detalle suelto.
Sin embargo persisten algunas dudas, por ejemplo, Campa Cifrián habla que entre los abatidos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jaime Rochín del Rincón y Susana Thalía Pedroza, identificó a personas registradas como desaparecidas.
Los familiares de los asesinados reaccionaron con reclamos a la autoridad por “salvajismo”, se podría interpretar que por consecuencia lógica del dolor al ver a un hijo abatido.
Pero llama la atención el reporte de desaparecidos. En muchas comunidades los reclutados por las bandas delincuenciales simplemente desaparecen de las familias por largos periodos, les dicen que andan en otros trabajos, sin embargo esto habla de la profunda descomposición social, de la incompetencia de la autoridad en estados y municipios, que hacen responsable al gobierno central.
Esto no se va a resolver si los Tres Poderes de la Unión no se ponen de acuerdo para meter controles estrictos en los gobiernos de los estados, de mecanismos efectivos para hacerlos responsables directos de lo que pasa en sus territorios, de aplicarles la ley y hacerle frente a la impunidad ¿Que no es parte de este trabajo es de la Secretaría de Gobernación de Miguel Osorio Chong..?
Insisto, ilógico ver en la impunidad a Fausto Vallejo, a su hijo Rodrigo, a Ángel Aguirre Rivero, Leonel Godoy, Julio César Godoy Toscano, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, y en la total inacción a muchos otros como Rogelio Ortega en Guerrero, Salvador Jara en Michoacán, Graco Ramírez en Morelos y Gabino Cue en Oaxaca.
La percepción lo es todo, y no por ganar la mayoría en el Congreso y las gubernaturas el 7 de junio, será un aval al gobierno federal y su partido, más bien es la profunda crisis de credibilidad, de esa que habló Enrique Peña Nieto en Inglaterra y la coordinadora de Estrategia Digital Nacional Alejandra Lagunes en el Congreso, quien por cierto ayer se pronunció en twitter a favor de UBER, vaya, una librepensadora en Los Pinos, sin pelos en la lengua.
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