Hugo Páez
Destrabar la Ley de Víctimas tendrá, entre sus consecuencias mas leves, un costo muy elevado para el estado. Tal como la aprobó el Congreso contempla indemnizar y proteger a familiares de las víctimas civiles no involucrados en el la lucha contra el crimen organizado, entre los que se encuentran miles de desaparecidos.
El compromiso de Enrique Peña Nieto fue muy claro: instruyó públicamente al Director Jurídico de Presidencia Humberto Castillejos a retirar la controversia constitucional contra la Ley de Víctimas, y publicarla tal como la aprobó el Congreso.
Para dimensionar la magnitud del problema, en las últimas horas se dio a conocer una lista con 26 mil desaparecidos en la lucha contra el crimen organizado que fue recopilada por el gobierno de Felipe Calderón en las 32 entidades de la república, pero que no se dio a conocer para no manchar el tour de despedida del presidente.
La base de datos registra nombres, descripciones y circunstancias de las desapariciones. En gran parte de estas estuvieron involucradas autoridades federales, estatales y municipales, aun cuando en el gobierno federal insisten en responsabilizar casi totalmente a las bandas delincuenciales.
Congelar la Ley de Víctimas fue el último recurso de Alejandro Poiré, instruido por Felipe Calderón a través de la Consejería Jurídica de Presidencia a cargo de Miguel Alessio Robles.
En la primera intentona, Calderón y Poiré intentaron cambiarla para evadir responsabilidades directas de las autoridades, sin embargo, en los tribunales internacionales este tipo de maniobras es conocido como una de las estrategias mas usuales implementadas por gobiernos que violan derechos humanos. En consecuencia, los tribunales toman este tipo de actitud como prueba reafirmatoria de la creación de un marco legal de auto protección.
Evadir la publicación de la lista alimentó la bola de nieve que al final del sexenio reventó en la transición muy avanzada de Enrique Peña Nieto. Habrá que esperar que tipo de justicia promoverá para responder a las miles de denuncias, el primer paso alentador es la publicación de la Ley de Víctimas, el segundo debería ser la tabula rasa en investigaciones dentro de los estados gobernados por el PRI, comparados con los del PAN y el PRD. Los primeros concentran los mayores índices de violencia en ejecuciones, extorsión y secuestros, no solo en desapariciones, sin embargo, en el Distrito Federal, una entidad calificada aceptablemente por la percepción pública, rebasa por mucho a sus pares con mas de 9 mil desaparecidos, seguido de lejos por Jalisco y el Estado de México que rebasan por poco los 2 mil.
Entrevistados por Impacto, el ombudsman Raúl Plascencia afirma que las desapariciones en el sexenio de Felipe Calderón fueron brutalmente peores que las del 68 y las del 71. María Elena Morera presidenta de Causa en Común asegura que para los familiares de las víctimas, las desapariciones son peores que la muerte ya que provoca incertidumbre y no pueden cerrar el ciclo de dolor que se mantiene permanentemente.
La otra lucha, la de las víctimas no involucradas con el crimen, apenas comienza.
Blog: http://hugorenepaez.blogspot.com/
twiiter: @hugopaez correo: hugopaez@prodigy.net.mx
www.hugopaez.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario