Hugo Páez
Cuando todos somos culpables de algo, nadie es culpable.
Eso le pasa con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), si tomamos como un mal funcionamiento, el reclamo de gobernadores y la autoridad federal de seguridad pública, en la aplicación de la prisión preventiva a los portadores de armas de alto calibre, sin permiso oficial.
Sin embargo, el beneficio de la ‘puerta giratoria’ para los presuntos delincuentes portadores de armas es real, siempre y cuando la autoridad ministerial o policiaca no pruebe delincuencia organizada.
Pensar en la operación policiaca, ministerial y fiscal, como el ideal de las series HBO - Netflix, aún cuando les dimos ocho años para capacitarse, les aseguro que con otros ocho años más, tampoco pueden.
Volvemos al origen de todo: corrupción.
Ese elemento que encuentra desiterés en la clase política para combatirla. Ayer Brasil dio una lección, sentenció a 9 y medio años de prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupto, involucrado en una red de Petrobras, mientras en México renuncia el Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del Fiscal Anticorrupción, por dilación del Senado de Pablo Escudero, y las maniobras de la bancada de Emilio Gamboa (PRI) y Carlos Puente Salas (PVEM).
En este tema está probada la resistencia del Congreso y de los estados, para evitar un verdadero sistema autónomo anticorrupción y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.
Toda la retórica de culpas entre los sub liderazgos legislativos de Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Amalia García, Miguel Barbosa, Roberto Gil, Pablo Escudero, Carlos Puente, es mera simulación.
Sin embargo, el nuevo sistema penal sirve en parte para justificar y bajar presión por el fracaso en el combate al crimen organizado.
Bajo esta premisa, aumentan los crímenes porque los jueces liberan a los delincuentes que portan armas. Basta leer las declaraciones de Miguel Mancera Espinosa, de otros miembros de la CONAGO, de Renato Sales Heredia, de Manelich Castilla Craviotto, y de autoridades de seguridad pública estatales.
Consulto con dos jueces expertos en la materia. Me aseguran que si detienen a una persona con un lanzagranadas, un rifle de alto poder Barret, o una arma bacteriológica -dudo que policías locales o federales pudieran detectarlo- y la autoridad NO prueba delincuencia organizada, la ley dicta que se tomen medidas cautelares, siempre y cuando NO sea la ‘prisión preventiva’.
¿Cuales son esas medidas cautelares..?
Prohibir a los inculpados no abandonar el estado, reportarse periódicamente ante un juez, etcétera. El hecho es que quedan en libertad de delinquir.
Pero el mayor peligro, el verdadero daño que podemos hacer al sistema de justicia, es volver al sistema anterior.
Las modificaciones de ley que gestaron el NSJP se apegaron a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no obstante, el organismo recomienda que las modificaciones se adapten a la realidad del país, y aquí, en esta parte del tema de seguridad pública, es donde el Legislativo se inspiró quizá en Dinamarca, Islandia, Austria o Suiza.
La confusión es terrible.
Me dicen los jueces consultados que actualmente se aplican los dos sistemas: por ley, los jueces de procesos penales aplican el anterior, y los jueces de distrito de control y enjuiciamiento, el nuevo sistema. Pero algunos aplican los dos, según sea el tema.
Es preocupante la visión del Ejecutivo y el Legislativo en este caso.
Pensar que los gobernadores harán su trabajo, cuando históricamente la mayoría está en su paraíso territorial para su beneficio, como prioridad, y NO hay autoridad que los obligue a cumplir sus compromisos, es una irresponsabilidad preocupante de quien echó a andar esto.
¿Quién o quiénes fueron los ilusos que pensaron que, por ejemplo, los gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Roberto Sandoval, estarían metidos en la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, si están acusados de ser parte del crimen organizado..? Además de que el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong está metido de lleno en su agenda política.
El problema NO es querer mejorar las cosas, el problema es construir una pirotecnia fuera de la realidad, para beneficio del Ejecutivo y del Legislativo.
¿Y el desmadre..? ya lo sufrirán otros.
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