Hugo Páez
En ningún momento la Secretaría de Marina de Vidal Soberón Sanz se quejó de que el gobierno federal ‘los sacó’ a los puertos a combatir al crimen organizado, por el contrario, una vez que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso en marzo la iniciativa para transferir las capitanías y el control portuario, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza, a la Semar, los marinos emprendieron una campaña mediática para mostrar las ‘ventajas’ del proyecto de ley, sin mencionar el enorme aumento de poder y, por supuesto, la jugosa inversión de 62 mil millones de pesos anunciada por el Ejecutivo el 2 de junio en Manzanillo Colima.
Ahora México es uno de los 14 países de los 171 Estados miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) donde sus puertos son controlados por la Marina Naval Armada, NO por la Marina Mercante. Un retroceso histórico.
El momentum del general Salvador Cienfuegos Zepeda con el reclamo al Congreso y la Segob de Miguel Osorio Chong por la falta de apoyo para estructurar certeza jurídica en la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, mejoró la atmósfera legislativa a favor de la Semar, y culminó ayer en San Lázaro con 339 legisladores que votaron a favor, 11 abstenciones y 38 votos en contra, de la bancada de Rocío Nahle de Morena, que ve la claridad del endurecimiento militar de México en esta decisión.
El 17 de noviembre, en este espacio (http://ow.ly/WJLf3078NG2) y en columnas anteriores comenté a detalle que estos días serían decisivos para asestar un cambio trascendente en el Estado Mexicano. El 1 de diciembre, el senador del PRI Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina, con el argumento de incrementar la seguridad y como una especie de reconocimiento a la Semar por la lucha contra el crimen organizado, en contradicción con las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que marcan un crecimiento récord en los últimos meses, preparó las condiciones en la Cámara Alta con 62 votos a favor y 13 en contra.
El coordinador del PT Manuel Bartlett sentenció: “La militarización de los puertos es una conjura contra la democracia mexicana… esta militarización está controlada por el extranjero. Se lo dijimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario de Marina y al secretario de la Defensa Nacional, que ya están al servicio de los intereses norteamericanos… están jugando con fuego y ustedes los están apoyando”, sin embargo ayer concluyó la maniobra militarizante, en la Cámara Baja, ya que las atribuciones civiles están consagradas en la Constitución de 1917, con excepción de los años de la Segunda Guerra Mundial y los críticos de la postguerra, donde el gobierno transfirió a la Marina Naval el control de los puertos que en la actualidad suman 103 capitanías. De esos cien años 30 no fueron controlados por civiles.
Pero si el argumento para dar espacios a las Fuerzas Armadas es la seguridad y el fracaso de la autoridad civil, es apenas natural que el siguiente paso sea la militarización de los aeropuertos, también actualmente bajo el control de la SCT, punto neurálgico en la entrada de todo tipo de contrabando, desde dinero en efectivo, migrantes, estupefacientes y sus precursores. El 28 de abril titulé este espacio Después de militarizar puertos siguen los aeropuertos (http://ow.ly/eI7N3078N14).
En una actitud de esquirol, algunos legisladores bloquearon el debate en el Congreso de las partes interesadas, por ejemplo, la Marina Mercante y el sector turístico, uno de ellos, el senador Javier Lozano Alarcón afirmó que el debate era innecesario y debía avanzar el proceso parlamentario.
El endurecimiento militar, en complicidad con un Congreso bisnero e incompetente, preocupado por maquillar autobonos de fin de año, está creando las condiciones, al avalar la transferencia de puertos a la Marina, para normar un cuadro legal que desplace garantías civiles para facilitar la operación de las Fuerzas Armadas en las calles.
Sería un gravísimo error permitir que la Ley de Seguridad Interior corra la misma suerte que el control de los puertos, que los mismos legisladores bisneros permitan un proceso fast track para garantizar la ‘certeza jurídica’, reclamada por Cienfuegos, bajo el chantaje de regresar a los cuarteles.
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