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martes, 16 de abril de 2013

ONG´s no permitirán eliminar exámenes de Control de Confianza


Hugo Páez

         Me dice María Elena Morera que por ningún motivo permitirán las Organizaciones de la Sociedad Civil que se minimicen o eliminen los exámenes de Control de Confianza, aun cuando no están exentos de errores. Y es que existe una clara tendencia en los tres niveles de gobierno orientada a desacreditarlos y estigmatizarlos como una impostura difícil de cumplir.
Un ejemplo es la embestida del gobernador de Sinaloa Mario López Valdez quien sentenció: “O cumplo con la ley, o con Sinaloa”.
         Simplista y manipuladora la lógica de López Valdez al defender a mandos de la policía ministerial que no aprobaron los exámenes. E lenguaje maniqueo pretende hacer creer que solo hay dos opciones, y se presenta maniatado, al viejo estilo de la seguridad pública que rechaza normas de organismos de derechos humanos suscritas por México en tratados internacionales.
         Seguramente sus gobernados le exigirán cumplir con la ley y con Sinaloa, no con una u otra, lo demás es una declaración de incompetencia, la búsqueda del camino fácil o el pretexto para incumplirlo.
         Poco a poco se dieron los logros de activistas sociales que vivieron en carne propia la violencia del crimen organizado desde la administración de Vicente Fox y la de Andrés Manuel López Obrador en el DF. A base de insistir sin doblarse con ataques políticos se modificaron la Ley de Seguridad Pública y la reciente Ley de Víctimas, en donde los exámenes de Control de Confianza son un filtro muy importante, necesario para fortalecer sus mecanismos y avanzar en su profesionalización.
         La presidenta de Causa en Común, Alejandro Martí de S.O.S., Isabel Miranda de Wallace de Alto al Secuestro y Javier Sicilia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad han hecho historia con este tipo de resistencias y embestidas.  
         La evaluación de Control de Confianza es perfectible. Policías y funcionarios relacionados con la seguridad pública permanecieron décadas sin presentar exámenes médico, toxicológicos, poligráficos, físicos, psicológicos y socioeconómicos, y lo de ahora no es concesión de la autoridad, se instauró en forma general gracias a las presiones de ONG´s y sería un verdadero retroceso que se minimizaran hasta quedar en una simple batería de exámenes psicométricos.
         En este sentido, la administración de Enrique Peña Nieto empezó con grandes dudas el cambio de metodología de la lucha contra el crimen organizado y la permanencia de la estructura que construyó Felipe Calderón Hinojosa. Prueba de ello es el tiempo que quedó vacante la cabeza del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahora bajo el timón de Monte Alejandro Rubido García, un hombre de experiencia, avalado sin  opiniones en contra en el Senado, además de ser respetado por los líderes de la sociedad civil como Morera, Martí, Wallace y Sicilia.
Nada fácil para Rubido vencer las resistencias de funcionarios federales y gobernadores, capaces de unir fuerzas en la CONAGO cuando de rendición de cuentas se trata.

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