Hugo Páez
Me dice María
Elena Morera que por ningún motivo permitirán las Organizaciones de la Sociedad
Civil que se minimicen o eliminen los exámenes de Control de Confianza, aun
cuando no están exentos de errores. Y es que existe una clara tendencia en los
tres niveles de gobierno orientada a desacreditarlos y estigmatizarlos como una
impostura difícil de cumplir.
Un ejemplo es la embestida del
gobernador de Sinaloa Mario López Valdez quien sentenció: “O cumplo con la ley,
o con Sinaloa”.
Simplista y
manipuladora la lógica de López Valdez al defender a mandos de la policía
ministerial que no aprobaron los exámenes. E lenguaje maniqueo pretende hacer
creer que solo hay dos opciones, y se presenta maniatado, al viejo estilo de la
seguridad pública que rechaza normas de organismos de derechos humanos
suscritas por México en tratados internacionales.
Seguramente
sus gobernados le exigirán cumplir con la ley y con Sinaloa, no con una u otra,
lo demás es una declaración de incompetencia, la búsqueda del camino fácil o el
pretexto para incumplirlo.
Poco a poco se
dieron los logros de activistas sociales que vivieron en carne propia la
violencia del crimen organizado desde la administración de Vicente Fox y la de
Andrés Manuel López Obrador en el DF. A base de insistir sin doblarse con
ataques políticos se modificaron la Ley de Seguridad Pública y la reciente Ley
de Víctimas, en donde los exámenes de Control de Confianza son un filtro muy
importante, necesario para fortalecer sus mecanismos y avanzar en su
profesionalización.
La presidenta
de Causa en Común, Alejandro Martí de S.O.S., Isabel Miranda de Wallace de Alto
al Secuestro y Javier Sicilia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
han hecho historia con este tipo de resistencias y embestidas.
La evaluación
de Control de Confianza es perfectible. Policías y funcionarios relacionados
con la seguridad pública permanecieron décadas sin presentar exámenes médico, toxicológicos,
poligráficos, físicos, psicológicos y socioeconómicos, y lo de ahora no es concesión
de la autoridad, se instauró en forma general gracias a las presiones de ONG´s
y sería un verdadero retroceso que se minimizaran hasta quedar en una simple
batería de exámenes psicométricos.
En este
sentido, la administración de Enrique Peña Nieto empezó con grandes dudas el
cambio de metodología de la lucha contra el crimen organizado y la permanencia
de la estructura que construyó Felipe Calderón Hinojosa. Prueba de ello es el
tiempo que quedó vacante la cabeza del Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, ahora bajo el timón de Monte Alejandro Rubido
García, un hombre de experiencia, avalado sin opiniones en contra en el Senado, además de
ser respetado por los líderes de la sociedad civil como Morera, Martí, Wallace
y Sicilia.
Nada fácil para Rubido vencer las
resistencias de funcionarios federales y gobernadores, capaces de unir fuerzas
en la CONAGO cuando de rendición de cuentas se trata.
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