Hugo Páez
Siempre tenemos prisa, es la urgencia sometida por el desorden, por la reacción del botepronto.
Prisa al reformar la Ley de Seguridad Pública, a las policías municipales y ministeriales. Prisa que deja exentas a las estructuras de la sociedad civil y a las Conferencias Nacionales y Locales del Consejo Nacional de Seguridad Pública, algunas con experiencia de más de dos sexenios.
“Queremos evitar más Igualas" es el calce que trata de inducir a la idea de que si se aprueba la Iniciativa de Enrique Peña Nieto en el Congreso, antes de terminar el año, se habrán evitado otras barbaries.
Pero existen estructuras, y la figura de cinco Ciudadanos Invitados al Consejo Nacional de Seguridad Pública, además de Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública, de Procuradores y de autoridades municipales.
No obstante el Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, no está obligado a involucrar parcial o totalmente a estas estructuras antes de formular una iniciativa de reforma de ley al Congreso.
Pero los Ciudadanos Invitados al Consejo: Alejandro Hope, Alejandro Martí, Andrea Ambrogi, Edna Jaime, María Elena Morera y Miguel Treviño, aseguran, vía comunicado, que tal vez sea la más importante transformación en materia de seguridad pública en la historia nacional que conducirá a una redistribución mayúscula de poderes, facultades y recursos entre Federación, estados y municipios.
Un relego de esta naturaleza los remite a una posición de comparsa, de acompañamiento utilitario, de paisaje para la foto. Nada serio.
Hablé con Tonatiuh Guillén, titular del Colegio de la Frontera Norte, días antes un periódico publicó una entrevista donde fijó su posición, contraria a la iniciativa que envió Enrique Peña Nieto, simplemente porque los estudios del Colef arrojan una enorme diversidad en la problemática de los municipios y sus policías, y la tabula rasa de la propuesta presidencial les daba el mismo trato.
Me dice Guillén: “Me parece correcta y prudente la posición (de los ciudadanos, académicos en el comunicado). La propuesta de EPN es una reacción a la problemática, retoma lo que quiso hacer Felipe Calderón Hinojosa, pero no tiene un diagnóstico que demuestre que es una alternativa coherente con el desafío de seguridad.
Sería más importante, de inmediato, revisar el control de estos aparatos locales (y del federal) y, sobre todo, revisar a quienes los controlan. Lo habitual son malas policías debido a malos gobernantes, y no al revés. Es decir, si vamos a la raíz de la problemática, la madeja empieza en la calidad de los gobernantes (clase política), local, estatal y federal. De lo contrario, sólo parcialmente se está observando el tema. Esta perspectiva incompleta (sólo ver el problema como asunto de policías) es evidente que le resulta funcional a los partidos, a todos”.
Recuerdo las palabras de Alonso Lujambio Irazábal antes de morir a consecuencia de una sorpresiva enfermedad: “Luchando por mi vida he tirado el estorbo de mi prisa por vivirla”.
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