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martes, 23 de agosto de 2011

Pánico en Torreón, de nuevo el cochinero de las autoridades locales


Hugo Páez

         El jueves pasado comenté en este espacio la importancia de las autoridades locales para el combate eficaz al crimen organizado y la necesidad de responsabilizar por la vía penal la complicidad y el desinterés de los gobernadores y autoridades de primer nivel en los estados.
         La balacera en el estadio TSM de Torreón es una muestra palpable de sistemas locales corruptos que permiten el dominio del crimen organizado. El gobierno de Humberto Moreira en Coahuila albergó en su territorio falanges de los Zetas y del Cartel del Golfo que se enquistaron en su territorio con la mayor impunidad.  
         Aun cuando el tiroteo dentro del área del estadio fue parte de una persecución, y no un objetivo como quieren hacerlo ver algunos medios de comunicación, la frecuencia de los ataques es tan grande que prácticamente no se salva ningún tipo de espacio público.
         El domingo pasado un centro comercial de Morelia fue asaltado con lujo de violencia provocando pánico como en el estadio de Torreón, y cada vez son mas frecuentes las ejecuciones en bares y antros.
         Pero tal vez lo mas grave es tratar de ocultar la realidad con el argumento de que al difundirla se hace un favor al crimen organizado. Por el contrario, al minimizarla se hace un favor a las autoridades encargadas de seguridad pública porque el reclamo ciudadano no será proporcional a los hechos.
         En el caso de Torreón al parecer nadie siente la responsabilidad de enfrentar la información a detalle para deslindar responsabilidades. No se trata de que la Federación Mexicana de Futbol se siente a analizar los hechos como lo hicieron ayer Justino Compeán, Desio de María y representantes de equipos de futbol a los que en el fondo les preocupa el negocio. Se trata de que el gobierno federal no deje a la voluntad del local el dar o no explicaciones claras porque lo que el pánico que vimos en el juego de futbol Santos - Monarcas es una acción del crimen organizado que ensució aun mas la imagen de México en el mundo.
         La Secretaría de Gobernación y Presidencia de la República lamentaron el hecho pero aventaron la responsabilidad a los gobiernos locales.     
         Debemos suponer que en esa lógica la autonomía de los estados es argumento suficiente para mantener lo ocurrido en una caja negra, de acuerdo a la conveniencia de los grupos políticos regionales, esos que en repetidas ocasiones son blanco de críticas de la federación y organizaciones sociales anti crimen por corruptas e ineficientes.

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