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martes, 5 de abril de 2011

El PRI busca garantía de impunidad en PGR

Hugo Páez

La insistencia de Humberto Moreira para blindar a personajes de su partido contra acciones de la Procuraduría General de la República es una repetida estrategia que pretende evitar la acción de la justicia en tiempos electorales, ante posibles golpes contra personajes de primer nivel de su partido.

Como ex gobernador de Coahuila, Moreira sabe a detalle que las actividades del crimen organizado, en especial de los carteles de la droga no sería posible sin un sistema de complicidades de las autoridades locales de todos los niveles.

Dicho también por otros gobernadores, las policías estatales y municipales son eslabones fundamentales en la cadena de corrupción. Una muestra palpable es la participación de oficiales en los asesinatos de alcaldes en Nuevo León, otra son las declaraciones del gobernador de Chihuahua Cesar Duarte contra las corporaciones de Ciudad Juárez y la capital del estado.

Al parecer el cambio de procurador se presenta como una oportunidad de oro para imponer agenda de seguridad y etiquetar como persecución política cualquier acto de la justicia contra notables del PRI. El aval de Estados Unidos a la calidad moral de Marisela Morales es un punto en contra del plan de Moreira, significa que la posible detención de un alto miembro del partido, de un gobernador activo o ex, tendrá un soporte profesional y obligadamente estará documentado por pruebas sólidas.

Moreira presupone un uso electoral basado en el michoacanazo, ese cumulo de errores del gobierno federal que le acomoda gracias a la torpeza del entonces Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, quien reubicó a los alcaldes y funcionarios del estado detenidos en una cárcel de Nayarit, a una de Michocán, en donde el juez primero de distrito Efráin Cázares había liberado al hijo de Servando Gómez "La Tuta", y a Julio Cesar Godoy Toscano le restituyó sus derechos políticos para que tomara protesta como diputado federal.

Condicionar el aval de su partido solo levanta sospechas sobre la actuación de gobernantes del tricolor en los que se incluye el propio Moreira como ex mandatario de su estado.

De nuevo una posición de primera importancia para el combate al crimen organizado se trata de negociar como cuota de partido, como patente de impunidad para seguir postergando un problema acumulado en decenio de criminal condescendencia, como lo sugirió el ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo. Y todavía se preguntan entre ellos ¿Para que queremos gobernar?.

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