Hugo Páez
Los senadores priistas deberían pensarla dos veces antes de seguir impulsando los cambios a la Constitución que pretende quitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos y dejarla exclusivamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las malechuras de Raúl Plascencia en la emisión de la recomendación por el asesinato de los niños Almanza en un reten militar en Tamaulipas, convierten a este organismo unipersonal en una bomba de tiempo.
Las armas legales de la CNDH fueron pésimamente utilizadas y deje un umbral de dudas que da respiro al alegato militar de que no dispararon en fuego directo contra una camioneta con trece civiles inocentes, en la cual dos niños murieron.
La torpeza de Plascencia puede derivar en posponer la exigencia de una investigación a fondo, imparcial, remedo del fuero militar, aún inexistente en acciones en el ámbito civil.
Gobernación, la bancada priista y la panista en el senado reventaron la propuesta del PRD de modificar la ley para dejar en claro que los delitos de militares en acciones civiles fueran juzgadas en tribunales civiles, no militares. Actualmente la ley no lo especifica con claridad, se habla de “tribunales competentes” y eso puede ser interpretado como militar o civil, depende de la conveniencia de la fiscalía. En el caso del asesinato de los niños Bryan y Martín Almanza, el procurador de justicia militar cubre la acción bajo un tribunal militar, sin que ninguna autoridad exija que se lleve al ámbito civil.
Es un caso en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la última instancia para hacer un reclamo institucional, y exigir que se investiguen los hechos con total transparencia, sin embargo, Plascencia cometió la sospechosa torpeza de no presentar una queja a Inspección y Contraloría e interponer una denuncia de hechos en la Procuraduría General de Justicia Militar, antes de pedir a la Secretaría de la Defensa Nacional que colabore con la investigación. Mas aún, Plascencia pretende que el procurador de justicia militar viole la ley, al pedirle que le proporcione la averiguación previa, toda vez que las investigaciones está obligadas por ley a la secrecía.
Después de tener amplia experiencia en el tema es difícil aceptar este tipo de errores en el presidente de la CNDH, toda vez que en la administración de José Luis Soberanes fungió como visitador de la Comisión.
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