Diez años de pactos de seguridad ¿es necesario otro más..?

Hugo Páez

Diez años atrás iniciaron los pactos de seguridad a nivel nacional.

Desde ese momento se focalizó a las policías municipales como el nivel más bajo, el origen del problema, refugiado en la autonomía del municipio. Autoridades federales, el Gabinete de Seguridad, gobernadores, líderes de la sociedad civil y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estuvieron de acuerdo.

Ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto va por otro intento con el propósito de meter orden en las policías municipales. Espero que las baterías legales apunten a alcaldes y gobernadores. Difícil tragarse el cuento del chota corrupto sin la complicidad de sus superiores o falta de supervisión, y eso llega hasta la casa de los gobiernos de los estados.

Agregaría al dicho de John D. Rockefeller -atribuido en México a Jesús Reyes Heroles- : “El mejor negocio del mundo es una petrolera bien administrada, el segundo una petrolera mal administrada”, el agregado es, el tercero: una gubernatura en México.

Hablé con María Elena Morera sobre los resultados de un estudio que tituló: “Pocos avances y muchos pendientes en las Policías en México”. El recuento es alarmante: más de 42 mil servidores de seguridad pública están pendientes de que sus alcaldes, gobernadores o mandos los den de baja. No aprobaron los Controles de Confianza.

Se entiende que entre estos “reprobados” hay matices, espero que un porcentaje muy bajo responda al perfil de los policías municipales de Iguala o Cocula Guerrero. Pero sería ingenuo pensar que solo en esas entidades los policías se comportan como criminales o sicarios al servicio de su presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.

No quiero hacer cuentas, porque si tan sólo el 10% de esos policías presentan una patología criminal, implica a más de 4 mil 200 servidores públicos.

El estudio de Causa en Común, la organización de Morera, asegura que el cumplimiento de la profesionalización se alcanzó en 8 entidades, pero once estados está por los suelos. Por ejemplo, en los Resultados Globales, Michoacán se ubica en último lugar con 3.5 de calificación sobre 10. Habrá que preguntarle al Comisionado Alfredo Castillo si está de acuerdo con estos datos, o que hace allá.

Una situación diferente se presenta entre los servidores públicos federales -el estudio no incluye militares-. De un universo de 336 mil, el 100% ha sido evaluado, incluye a Policías Federales, preventivos, investigadores, custodios, peritos, ministerios públicos y personal administrativo con acceso a información sensible.  

¿Qué hacer con los policías municipales..? el jueves veremos la propuesta del Ejecutivo, que, sin conocerla a detalle, de antemano fue aceptada por las bancadas del PRI en el Congreso. ¡Por favor..! también esa subcultura hay que cambiarla.

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Consulta Popular, interés político sobre el Derecho Ciudadano

Hugo Páez

Una muestra más del interés político sobre el estado de derecho es la redacción de la Ley Federal de Consulta Popular, coartada del Congreso para retardar el derecho ciudadano.

Desde el dabate parlamentario, fue membretada para hacerla disfuncional en escenarios de interés del Ejecutivo, del PRI y el PAN. La Reforma Energética fue el objetivo principal.

En ese usual intercambio mercantil, partidos y bancadas restringieron y agregaron puntos hasta construir un texto inocuo, perverso, con el objetivo de desarmar cualquier probabilidad de retroceso de las reformas.

Pero no importa la participación ciudadana, legisladores y partidos “encontraron” otros caminos para sacar sus proyectos de reducción de plurinominales, salarios mínimos y algún remedo de modificación a la Energética.

El senador Ascención Orihuela se dice “respetuoso” de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Anaya igual, pero insistirá en nuevas ruta, y Andrés Manuel López Obrador aumentó el acervo para su discurso incendiario.

Pero el golpe pegó al derecho ciudadano a decidir puntualmente sobre una ley o propuesta. Oportunidad que aparentemente rompería la hegemonía de partido y permita a los electores decidir más allá de votar por un diputado o un senador, figuras totalmente desacreditadas, que en los barridos de opinión pública, salen totalmente barridos.

La Ley Federal de la Consulta Popular rompió el estandar de las aberraciones parlamentarias. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara las preguntas propuestas por los tres grandes partidos, habla de una burla que trató de cargársele a los ministros, sin embargo, el planteamiento de rechazo es claro, el vicio es de origen.

No hay culpa en el remitente, o en el tema en sí, ya sea el salario mínimo del PAN, la reducción de plurinominales del PRI en Senado y Diputados, o el otorgamiento de contratos privados y la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética, de MORENA y el PRD, son tan disímbolos, que, de no ser por una ley cuadraplégica, difícilmente podrían ser unánimemente desechadas las preguntas.

Pero los autores dicen que darán una segunda oportunidad a la vergüenza. Los grupos parlamentarios van prestos a rediseñar el ente que nació muerto. Por lo pronto, el daño está hecho, la Corte no nos negó el voto, fueron los de siempre, los que también imposibilitan las candidaturas ciudadanas y anteponen el interés político, sobre el estado de derecho, derecho ciudadano.

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La PGR y la Tele descubren a la pareja del mal, como en La Dictadura Perfecta

Hugo Páez

Pensé que era un mal sueño, pero no. Ayer la televisión nacional y la PGR reeditaron una de las escenas centrales de la pésima película La Dictadura Perfecta, donde una pareja del mal, en un primer capítulo, era la culpable de las desapariciones. Después de 26 días, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, capitalizaron los males de Guerrero.

Prepárese porque este capítulo de la televida nacional apunta a dos culpables, hay que dar respuesta, ante la deseperanza de encontrar vivos a los normalistas, y tal vez ni siquiera encontrar nada. Habrá que darle un final de televisión ante la frustración de las autoridades, con fondo de pantalla verde para escenarios virtuales, encarnado en la pareja del mal y como respuesta a la enorme protesta que se gesta por la ineficiencia de los tres niveles de gobierno.

Ahora entiendo la Comisión de la Verdad como exigencia de la sociedad civil organizada. Juan Ramón de la Fuente, María Elena Morera, Roy Campos, Alejandro Martí, Josefina Ricaño de Nava, Isabel Miranda de Wallace, y una docena de personalidades, entre líderes de la sociedad civil y otros denominados intelectuales, no confían en que Enrique Peña Nieto llegue a la verdad en el caso Iguala ni en el de Tlatlaya. No hay otra forma de explicar la propuesta de una Comisión de la Verdad Ciudadana, cuando la investigación fue atraída por la autoridad federal.

Los dos hechos mantienen vivo el fuego y al país en tensión que escala cada vez más las protestas violentas. En el primero fueron asesinados 3 normalistas y desaparecidos otros 43, en el segundo el Ejército ejecutó a 15 civiles, según un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Platique ayer con el vicepresidente de la Cámara de Senadores, Arturo Zamora, me dice que el camino menos traumático es la renuncia de Ángel Aguirre Rivero, la pidió el martes junto al senador del PAN Héctor Larios. Los dos hablan por el sentir de sus grupos parlamentarios.

Zamora comenta que casos como el de Guerrero justifican la figura de Revocación de Mandato, que no se debe ligar a alguna votación, como es el caso de otro tipo de consulta popular. El argumento es claro, la desaparición de poderes, como lo pidió Acción Nacional en el Senado, implica la desaparición del Congreso y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero en Guerrero los dos funcionan, el cuestionado es el gobernador, por lo tanto, dos de tres poderes en funciones complican o imposibilitan la base argumental para la desaparición de poderes.

Otra opción es la licencia del gobernador, la salida más protectora para sus intereses, con la que conservaría el fuero constitucional.

Pero la renuncia es el coro más nutrido.

Desde el primer momento fue un reclamo de la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera -lo publicamos en este espacio-, razones no le faltan, la ONG que preside insistió una y otra vez sobre las terribles condiciones de inseguridad de Guerrero y la estupidez del gobernador al desdeñar con soberbia majadera las recomendaciones de las asociaciones civiles en la aplicación de mecanismos de control de confianza a las policías y a los funcionarios de los dos niveles de gobierno.

Lo que no entiendo es la selectividad.

Los líderes sociales y grupos parlamentarios en Senado y Diputados, piden la renuncia del Gobernador y no la del Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, y a la vez, los primeros, meten en el mismo crisol de la Comisión de la Verdad Ciudadana los casos Iguala y Tlatlaya.

Pero hasta que no se encuentren a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, la ejecución del Ejército es una muestra mayor de barbarie, se trata de una institución que tradicionalmente tiene el respaldo de los ciudadano, en consecuencia, el daño a la confianza de la misma es brutal.

Pero ayer vimos el inicio de un nuevo capítulo del drama Guerrero, que parece sacado de la mala película La Dictadura Perfecta. Después de 26 días de del viernes trágico en Iguala, el gobierno federal decide enfocar el “mal” del estado en la pareja del alcalde y su esposa, José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa, como figuras centrales, cuando señalamos desde un principio en este espacio, los nexos de los Abarca, los Pineda con Lázaro Mazón y el crimen organizado. Nada que descubrir, era un secreto a voces.

Para darle credibilidad al resultado de la investigación de la PGR, las cámaras de televisión en el noticiero nocturno presentaron ayer reportajes del “bunker” donde vivían los ahora prófugos José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, reforzadas con videos de archivo de la pareja y gráficas tridimensionales.

Espero no salirme de esta película antes del final, como lo hice de La Dictadura Perfecta, que terminó en una especie de boudeville y catarsis con una mala sátira política y de la televisión nacional, con palomitas, refresco y risas vengadoras del público.

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¿Quien le cree a María Elena Morera..?

Hugo Páez

“Con el tiempo aprendí que no a cualquiera se le llama amigo #reflexion” escribe María Elena Morera en su cuenta de twitter: @MaElenaMorera.

Genaro García Luna si era su amigo, mucho más que otros, me consta. Además lo consideró durante mucho tiempo el mejor funcionario en el tema de seguridad pública, por eso se lo recomendó a Cesar Nava en una larga plática en el 2006 en el café Balmoral.

Para sorpresa de los dos, Morera y yo escuchamos de Nava que en ningún momento el equipo de Felipe Calderón Hinojosa había visitado la AFI creada en la procuraduría de Rafael Macedo de la Concha en el primer sexenio panista de Vicente Fox Quezada.

Increible porque la Agencia tuvo grandes éxitos contra el secuestro, el reclamo social más importante de esos años que derivó en el 2004 en una mega marcha de más de un millón de personas, abanderada por la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia de Josefina Ricaño de Nava.

Pero la amistad tiene muchos matices, y con frecuencia colapsos, como el de la presidenta de Causa en Común y el proscrito García Luna, que en un tiempo fue el gran apapachado de los líderes sociales.

Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí junto a Morera reconocieron su trabajo de muchas formas, unas al acompañarlo en presentaciones de libros de su autoría, otras en eventos de sus ONG´s, del gobierno federal, en los estados y sobre todo, en las masivas reuniones con el gabinete de seguridad donde los gobernadores eran la causa de los grandes fracasos en seguridad, como lo siguen siendo muchas entidades.

Pedro Galindo y María Elena fueron víctimas de la violencia, los días insoportables seguramente dejaron huella en su hijo Juan Pablo que se afanó en colaborar con el gobierno federal. Yo sabía que tarde o temprano el hecho sería utilizado contra María Elena por la falta de corrección política. El martes lo uso Genaro García Luna en una carta a Milenio “Su hijo colaboró conmigo desde el 2008 y se mantiene en la institución”.

La insidia de la cita con la que trata de demostrar el vínculo entre la activista social y el ex funcionario prueba que ese cartucho serviría tarde o temprano a los detractores de María Elena, aun cuando las empresas de su familia prueban que el trabajo de Pedro Galindo Morera en la SSP no era un trueque de favores por chamba.

Me enteré de la amenaza de García Luna cuando era el hombre de todas las confianzas de Felipe Calderón Hinojosa y hacía mancuerna con Alejandra Sota, dos posiciones muy poderosas, tanto así que la entonces candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, lo consideraba el operador de la inteligencia del estado en uso de todo tipo de tecnología de la información, desde Palataforma México.

Desde ese pináculo una amenaza es brutal, pero también eran conocidos los arranques de García Luna que no iban más allá de pirotecnia y estruendos, como parte de su personalidad. Lo sufrieron sus colaboradores y sus enemigos políticos como Eduardo Medina Mora y el ahora Director del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas.

Morera no ha medido las críticas, hace bien, en su momento Andrés Manuel López Obrador la llamó pirruris por la marcha ciudadana. Fox le dijo que cuidara a sus hijos durante un año, tiempo que se daba el gobierno federal para ofrecer resultados en la lucha contra el crimen organizado, el ex presidente en su bobería y ligeresa hiperventilada ni se acordó.

Hasta la fecha la inseguridad está más que viva en los tres niveles de gobierno, la prueba reside en el refuerzo de Enrique Peña Nieto desde inicios del 2014, aun con los resultados de la encuesta del sexto trimestre de Roy Campos que la sitúa como la segunda cosa mejor hecha por el presidente de la república, sólo abajo de la Reforma Educativa.

La sociedad civil organizada es el dedo sobre la llaga de los funcionarios de seguridad pública. El año pasado Miguel Mancera le pedía a Morera que convenciera a sus vecinas de Las Lomas para instalar circuitos de videovigilancia ante la ola de asaltos y robos a casa habitación, de la cual fue nuevamente víctima. Una recomendación que alarma y dimensiona el tamaño del problema contra la incompetencia de los organismos de seguridad.

¿Quien le cree a María Elena Morera..? Yo creo que todos.

La amenaza no es un juego, pero habrá que pedirle el porqué del silencio por más de dos años y el momento en que decidió revelarlo.

María Elena Morera presidenta de Causa en Común

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Calderón ofreció a Peña asumir el costo político de una nueva Ley de Víctimas, fue rechazado

Hugo Páez

Antes de tomar posesión Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, Felipe Calderón le ofreció cargar con el costo político de la Ley General de Víctimas para evitar publicar la aberración llena de carencias y deficiencias legales que vetó.
La propuesta de Calderón era que el Congreso corrigiera la Ley y el nuevo presidente promulgara la correcta. La operación requería la voluntad de Peña en una operación de cabildeo en las bancadas del PRI, PAN y Partido Verde, principalmente.
El Presidente Electo rechazó el ofrecimiento ya que se había comprometido con líderes sociales a retirar la Controversia Constitucional del gobierno de Calderón, y la publicó el 9 de enero del 2013, para entrar en vigor pasado mañana 9 de febrero.
Los cálculos mas conservadores estiman indemnizaciones, reparación de daños y ayudas en un millón de millones de pesos anuales (billón), ya que la redacción es un terreno fértil para que cualquier tipo de víctima, desde el que sufre un robo de automóvil, el patrón al que le roba el empleado, hasta los que sufren delitos mayores y sus deudos podrán demandar un sinnúmero de beneficios a cargo del estado.
El cálculo conservador se basa en la estadística: se cometen 2 millones de delitos al año, si al menos el 50% de la víctimas reclama reparación del daño, topado en 971 mil pesos (500 salarios mínimos), resulta a grosso modo el billón de pesos.
Pero eso no es todo, después de los festejos en Los Pinos por la publicación de la Ley, con el beneplácito de Javier Sicilia y funcionarios federales, pero desairado por otros luchadores como María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, Alejandro Martí de SOS y el retiro de Isabel Miranda de Wallace al inicio del evento, los funcionarios federales empezaron a repartir culpas por el Frankenstein que revivieron. El Procurador Jesús Murillo Karam ni siquiera se presentó en el foro Derecho de las Víctimas y la Ley General de Víctimas organizado en el Senado la semana pasada, envió a la subprocuradora Mariana Benítez, quien declaró que la Ley no es perfecta, pero es bondadosa.
Unas versiones sitúan al Director Jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos como la voz que convenció a Peña Nieto, otras a la certeza del Procurador Murillo Karam, quien animado por la eliminación del arraigo y el aplauso de las ONG´s quiso darle un giro de 180 grados al estilo de Calderón, enfrentado violentamente con el crimen organizado. Ahora el foco de atención serían las víctimas, que por cierto se quedaron esperando el mausoleo en el Campo Marte, ya que todas luces la mano se la llevó el Ejercito, la Marina y los federales caídos en la lucha.
El foro en el Senado se convirtió en la mesa de la verdad, Roberto Gil Zuarth y Ernesto Cordero señalaron punto a punto las grandes deficiencias, sin embargo, entre los funcionarios federales prevaleció una especie de cautela para evitar exhibir la mala decisión del Presidente al promulgar la redacción extravagante de la Ley General de Víctimas que desde el arranque estipula en el artículo 2 “I.- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.
II.- Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral”.
El ex embajador de México ante la OCDE y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carlos Elizondo Mayer, aseguró no conocer ningún país que se haga cargo de compensar a las víctimas si no aparece el victimario, y agregó “Esta ley es un desastre; cuando se promulgó, el titular de la PGR (Jesús Murillo Karam) dijo que ese ordenamiento era perfectible. Además, las implicaciones presupuestales son incuantificables”. La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace declaró en el foro “Entiendo que la subprocuradora (Mariana Benítez) venga a defenderla; dice que van a adelgazar algunos delitos, pero no es viable una norma cuando se crea burocracia para que reconozcan la calidad de víctima. Tiene muchas debilidades, y si no se corrigen será letra muerta”.
A partir del sábado, el destino conjugado en una serie de eventos desatados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso Florance Cassez, puede hacernos una extraña jugada: la francesa declarada culpable de secuestro por tres tribunales, podrá apelar a la Ley General de Víctimas, ya que tres ministros fallaron a su favor porque fueron violados sus derechos humanos en el Debido Proceso. Seguramente Florance demandará la reparación del daño y todos los beneficios que le otorga la nueva ley, entre los que veremos una disculpa pública de las autoridades y en consecuencia la humillación de sus víctimas.
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