Alfonso Navarrete podrá despolitiza la lucha anticrimen..?

Hugo Páez

Once años de yerros en la lucha contra el crimen organizado, con las Fuerzas Armadas en las calles y la agenda política del ex Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, ameritan el respaldo de Alfonso Navarrete Prida a la Policía Federal, como la institución ideal para construir el proyecto anti crimen.

Falta mucho por hacer en la Policía Federal de Manelich Castilla, se quedó en la banca, no llegaron los apoyos prometidos, por lo tanto, no creció de acuerdo a lo planeado, pero nunca es tarde, aún cuando se apaguen la luces del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Por la reacción posterior del mismo titular de Segob, deduzco que Navarrete Prida hirió susceptibilidades militares, sobre todo en la etapa de impugnación en la Suprema Corte de Justicia de Luis María Aguilar, de la Ley de Seguridad Interior (LSI). Navarrete salió al control de daños con una declaración cortés: Las Fuerzas Armadas continuarán en labores de seguridad.

Pero sólo se trata de formas. Un general y un almirante me dicen que la frase circundante en el mundo castrense, respecto a la lucha contra el crimen organizado, sobre todo por el regateo de la LSI, es : “Háganse güeyes (modernismo de bueyes)”.

Así que el giro de Gobernación trae consensos, pero sobre todo la urgencia de resultados. Alfonso Navarrete parece resuelto, se despojo de todo lastre político y va de frente a hacer lo que tiene que hacer, seguir la transformación de la Policía Federal como fue planeada, y de ahí permear a las policías estatales y municipales.

No hay fórmulas mágicas, los tiempos forzados no existen, o encallan a corto plazo. El planteamiento parece correcto: las Fuerzas Armadas a su labor y la Policía Federal al suyo. Requiere tiempo, requiere paciencia, ya gastamos once años desde el despliegue militar de Felipe Calderón Hinojosa en las calles, ahora habrá que ser serios y esperar resultados de Navarrete y quien tome su estafeta el próximo sexenio, o tenga la madurez de darle continuidad.

No quiero dejar en el tintero la importancia de las tres grandes fiscalías en proceso, de apuntar a lo que sea necesario contra la corrupción, donde es necesario reformar el artículo 102 Constitucional y quitar cualquier intervención del Ejecutivo en la designación de la Fiscalía General, y que el titular de esta NO nombre a las otras.

Así de simple, pero así de complicado, porque la impunidad tiene demasiados antecedentes, demostrados en los titulares de la PGR de Jesús Murillo Karam, de Arely Gómez, de Raúl Cervantes Andrade y de Alberto Elías Beltrán.

En sus manos estuvieron las denuncias contra Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Eugenio Hernández, Humberto y Rubén Moreira, Rodrigo Medina, Mario López Valdez y más.

Todos fueron beneficiarios de la impunidad hasta terminar su mandato, a pesar de sus escandalosas administraciones. Los procuradores archivaron carpetas de investigación, se dijeron faltos de mecanismos, de tiempo, nunca ‘vieron’ lo que veían los veracruzanos, los quintanarroenses, los chihuahuenses, los tamaulipecos, los coahuilenses, los neoleoneses y los sinaloenses.

El cambio del partido en el gobierno de cinco de los siete estados señalados exhibió lo evidente: Miguel Riquelme Solís y Quirino Ordaz Coppel en Coahuila y Sinaloa, reeditan en este momento la complicidad, son permisivos a las pillerías de sus antecesores que les ayudaron a ganar la gubernatura. Un sol que NO se puede tapar con un dedo.

Imperdonable la complacencia del gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello con su antecesor Juan Sabines, un patán con poder, saqueador, que además persiguió y encarceló a quien en su delirio catalogaba como potencial enemigo. A cambio de ganar la gubernatura para Velasco, recibió el consulado de Orlando Florida como premio.

De igual forma la continuidad en Veracruz con el paso de Fidel Herrera Beltrán a Javier Duarte, permitió durante seis años diluir las atrocidades, también fue premiado con un Consulado, el de Barcelona España, pero Miguel Ángel Yunes lo obligó a abandonarlo en enero del año pasado, sin embargo, Duarte había borrado en lo posible las huellas de su antecesor y compañero de partido, enredó evidencias, ocultó y maquilló información para complicar al gobierno de Veracruz la investigación contra Fidel. Por supuesto, la PGR no tiene prisa en ninguno de los estados.

La agenda electoral es el elemento permisivo.

La agenda electoral del PRI en Veracruz obligó a la PGR y a Segob a esperar al conteo del último voto, para saltar sobre Javier y su esposa Karime Macías Tubilla.

La agenda electoral de Miguel Osorio Chong la condujo su manual de precampaña, abierta desde el banderazo del sexenio. Mantuvo aberraciones disfuncionales como la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública en una super dependencia. Ni siquiera la presunta ética que le atribuyen algunos importantes líderes sociales al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, tocó ese yerro burocrático que contribuyó en buena medida a los peores récords de la historia criminal de México, y ahora es una lápida para el precandidato del PRI José Meade Kuribreña.

De nuevo los líderes sociales agrupados en los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás que agrupa a 300 organizaciones, se congregaron el miércoles en el Ángel de la Independencia para exhortar a los precandidatos López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y Meade, a convencer a las bancadas parlamentarias de sus partidos en alianza, para reformar el 102 Constitucional, para garantizar autonomía total en la procuración de justicia.

El propósito es atajar cualquier simulación, hacer frente a los malabarismos de la bancada del PRI, PVEM y PANAL, y los reclutados panistas por Emilio Gamboa Patrón: Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano Alarcón (con licencia y fuera del PAN), Salvador Vega Casillas y Jorge Lavalle Maury, quienes ya hicieron esta faena con la Ley de Seguridad Interior, impugnada por las bancadas de los partidos en alianza con el Frente por México y Morena -Fernando Herrera, Luis Sánchez, Manuel Bartlett, Marko Cortés, Francisco Martínez Neri y Rocío Nahle-, por la CNDH de Luis Raúl González Pérez, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) Francisco Javier Acuña Llamas.

Ahí está el reto en espera de respuesta de los virtuales candidatos. Andrés Manuel se equivocó con las ternas, tal vez no con la currícula de cada uno, pero sí con el imperativo de escoger nombres, que para agudizar la torpeza, tienen relación cercana y de trabajo con el líder de Morena.

Aún es tiempo, hoy inicia el período ordinarios de sesiones, y lo menos que se espera es un albazo parlamentario, como el que avaló la Ley de Seguridad Interior, y anteriormente la militarización de los puertos como premio a la Secretaría de Marina de Vidal Soberón Sanz, y más para atrás, la unanimidad infame a la Ley Televisa que le dejó ganancias exorbitantes, por el pretexto del garrote de las cámaras contra los legisladores rebeldes.

Aún es tiempo, Andrés Manuel, Ricardo, José Antonio.

Militarización para bajarle negativos de inseguridad a Meade

Hugo Páez

En la urgencia por aprobar la Ley de Seguridad Interior, a costa de ‘seducir’ a fracciones de las bancadas de oposición, está la necesidad de bajarle los negativos del fracaso en la lucha anticrimen a José Meade Kuribreña, el candidato presidencial del PRI.

Pero en esa intentona ‘temporal’, según sus defensores, la vamos a pagar todos.

El riesgo de que la ley dispare la violación a los derechos humanos no es una presunción sin fundamentos, es una simple progresión de la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, desde que las echó a la calle Felipe Calderón Hinojosa, amén de las prioridades malentendidas que dejaron al desamparo a las policías del país, y la enorme tolerancia a la corrupción de los gobiernos estatales. El 22 de noviembre escribí en este espacio Policías echados de hoteles, en un país con crimen récord, y partidos y gobiernos millonarios, las infamias a que es sometida la Policía Federal de Manelich Castilla (http://ow.ly/DbTv30gXKvD).

El Senado NO va a detener la Ley, es un proyecto político ligado a un candidato que necesita al menos 10 puntos para afianzarse, y estará en la conocida habilidad de Emilio Gamboa Patrón el sacarla antes del 15 de diciembre. Para esos propósitos ya se adelantaron Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano Alarcón, de máscara panista, para justificar el ‘aval opositor’ a la “Militarización”, palabra que tiene muy nerviosos a los responsables de la imagen del gobierno federal y del PRI.

Como avanzada, las bancadas del PRI de César Camacho, del PVEM de Jesús Sesma y el PES de Alejandro González, y una bancada polarizada panista polarizada de Marko Cortés, hicieron lo suyo, así que los pronósticos hablan de la próxima semana.

La preocupación del gobierno federal se concentra en que la violencia y los asesinatos dolosos NO escalen en el electoral 2018, ya que los cuatro récords mensuales rotos en este año son verdaderamente escandalosos.

La Ley que se pretende aprobar en el Senado es tan peligrosa, que deja al criterio de la autoridad la posibilidad de reprimir manifestaciones con el ‘uso legal’ de la fuerza pública en manifestaciones que NO considere pacíficas.

Pero ese es sólo un pequeño ejemplo, otro retribuye la capacidad del Estado para espiar a ciudadanos y hacer labores de inteligencia sin rendir cuentas, además de que los habilita para pedir información sobre víctimas a las Comisiones de Derechos Humanos, de acuerdo al análisis de cientos de organizaciones civiles agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra.

Por supuesto que la Sedena de Salvador Cienfuegos Zepeda y la Secretaría de Marína de Vidal Soberón Sanz piden garantías jurídicas para actuar contra el crimen organizado en las calles. NO es su función, y ni siquiera están capacitados para hacerlo, y los grandes errores cometidos en realidad NO les corresponderían. En este escenario donde los metieron sin tener vela, la reacción natural es proteger a sus elementos.

Nadie, ni siquiera General, o el Almirante Secretario, protegen el actuar delincuencial o abusivo de algunos de sus elementos. Como pasó en la ejecución el 3 de mayo en Palmarito Tochapan Puebla de Raúl Jiménez Martínez, presunto ‘huachicolero’, por un elemento de la tropa, documentado en video.

Sin embargo, la fuerza excesiva es casi inevitable en un aparato institucional creado para funciones de guerra y salvaguarda de la Seguridad Nacional, NO de la seguridad interior en contacto con los ciudadanos.

La medida puede ser contraproducente, ya que la fuerza excesiva de los militares en las calles no se acabará por decreto de Ley. En los hechos, las Fuerzas Armadas van a pagar el fracaso del gobierno federal, en especial del Gabinete de Seguridad integrado por el titular de Segob Miguel Osorio Chong, Cienfuegos, Soberón, el procurador Alberto Elías Beltrán, Álvaro Vizcaíno del SESNSP y los gobernadores.

En la historia de los números récord, el interés político de algunos miembros del gabinete de seguridad crecieron el problema. No hubo mano firme, y SÍ demasiada burocracia, mediocridad y tolerancia a la corrupción de gobernadores.

Ahí están los ejemplos de Javier Duarte y Fidel Herrera en Veracruz, de César Duarte en Chihuahua, Mario López Valdez en Sinaloa, Egidio Torre en Tamaulipas, los Moreira en Coahuila, Fausto Vallejo en Michoacán, Roberto Borge en Quintana Roo, Rodrigo Medina en Nuevo León, Ángel Aguirre en Guerrero, y un largo etcétera que abona a la militarización iniciada por Felipe Calderón Hinojosa en el 2006.

Ahora se trata de proteger el año electoral a toda costa, de controlar los números que pegarán sin lugar a dudas al candidato Meade Kuribreña, a nadie más, por eso la declaración de Gil Zuarth y Lozano Alarcón a favor de la Ley, tal como está, si acaso con algún cambio simulador, que denote cierta ‘profundidad de análisis, con el objetivo de servir de coartada al PRI.

Esos mismos y la Segob negaron llevar a debate la separación de la Secretaría de Seguridad Pública, de Gobernación. El método y la fusión en supersecretaría, simplemente NO funciona, porque, como dijo María Elena Morera, presidenta de Causa en Común: la aspiración presidencial del titular de Gobernación estorba a la tarea institucional en la lucha contra el crimen organizado. Ahí están las consecuencias.

Se habla que la Ley de Seguridad Interior es una acción temporal, y que NO será uso discrecional del Ejecutivo la activación del protocolo de seguridad interior para la intervención de las Fuerzas Armadas en las calles.

La historia de este país está llena de ‘soluciones temporales’ que llegaron para quedarse. A mediados del 2008, el entonces Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, me dijo que el Ejército regresaría a los cuarteles, a finales del 2009.

Esa solución temporal lleva once años.

Ya se equivocaron en la lucha contra el crimen, NO lo hagan al imponer la Ley de Seguridad Interior

Hugo Páez

Para las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la seguridad pública no hay duda: la aprobación de reformas en materia de seguridad interior, tal como la promueven el Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el de Marina, Vidal Soberón Sanz, provocaría el aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, sin una discusión a fondo, y sin atender previamente la reforma de las fiscalías, y la crisis de las distintas policías.

ONG´s como México Unido Contra la Delincuencia aseguran que en las últimas semanas, diferentes funcionarios de gobierno federal, legisladores, gobiernos locales y el propios titulares castrenses, han insistido en medios de comunicación sobre la necesidad de regular un marco jurídico que proporcione certeza a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones.

El problema de la seguridad pública es una ecuación diferencial que se quiere resolver con una regla de tres simple. Con una respuesta violenta, que provoca mayor violencia, por un grupo de funcionarios que tienen mente y espíritu puestos en su futuro político, y calculan cada paso en razón del beneficio o perjuicio en imagen, en proyección de medios de comunicación.

Este sistema, hay que decirlo, mide constantemente su posicionamiento en la oferta electoral, en el escaparate que pervierte el propósito de la función, y ahí están los resultados con cifras récord en asesinatos en la historia de los registros, cuatro meses consecutivos este año, con un acumulado a octubre en el 2017 de 20 mil 878 carpetas de investigación, más de 13 mil que el sexenio pasado, y a este le falta arriba del año.

Escucho al Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia explicar algunas de las causas del pandemónium. Veo de nuevo ese tacto para no ‘herir’ a los implicados en esta solución ausente: los gobernadores, alcaldes, legisladores, policías y las Fuerzas Armadas. Habla solamente de los 22 cambios en gubernaturas en el sexenio, que complicaron la continuidad, de la falta de acuerdos para unificar mandos policiacos. La falta de disposición parlamentaria, solamente es tocada con un pétalo aterciopelado.

Justifica el tránsito de cocaína por el impasse en Colombia y la zona cocalera, donde se detuvo la fumigación de cultivos durante tres años, por los acuerdos con la guerrilla de las FARC. En ningún momento tocó el error de pasar al control del Ejército a erradicación de cultivos, donde antes también operaba la Policía Federal, ni aludió al disparo del 70% de plantíos de amapola, para la producción de heroína y opiáceos, en el Triángulo Dorado, del 2014 al 2016, en la confluencia de Sinaloa de Mario López Valdez, Durango de Jorge Herrera, y Chihuahua de César Duarte, zona de influencia de la III Región Militar.

Tampoco habló del error de fusionar la Secretaría de Seguridad Pública en Gobernación, y la exigencia de las ONG´s y los empresarios para separarla nuevamente.

Cero firmeza de Sales Heredia, cero presionar el dedo sobre la llaga que lo contamina todo: la corrupción y el mercantilismo político de gobernadores, alcaldes, diputados de todo tipo y colores, y senadores. Sin embargo, Renato se promueve como uno de los Fiscales vacantes, preferentemente el General de la República, y de hecho no es mal visto por algunas ONGs, por lo tanto, necesitará un Senado que NO esté molesto con sus reclamos.

Y ni se diga del proyecto presidencial del Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, causa por la cual María Elena Morera ha señalado tibieza y cálculo político en numerables ocasiones. Habrá que suponer que la molestia de Enrique Peña Nieto con la promoción desorbitada de José Meade Kuribreña por Luis Videgaray Caso y el sector empresarial, dan nuevos bríos a Osorio Chong, pero también a Aurelio Nuño Mayer y José Narro Robles, y a más con la frase presidencial de que “todos estamos despistados en la sucesión presidencial”, la del PRI, por supuesto, para delicia del Frente Ciudadano por México, de Ricardo Anaya Cortés, Alejandra Barrales Magdaleno y Dante Delgado Ranauro.

Nunca entendí la canonización a priori de Meade Kuribreña y su cofradía político financiera donde Videgaray se asume en el báculo, cuando el país decrece, en comparación con la tendencia internacional de más de 10 años, que ya va en el orden del 3.5% y 4%, mientras acá luchamos por el 2% y sin Tratado de Libre Comercio, estaremos en el 1.5%, si bien nos va.

Este lunes 27 de noviembre, el Colectivo #SeguridadSinGuerra se posicionará sobre las alternativas en modelos de seguridad, y los riesgos de un aumento mayor de la violencia y las violaciones a derechos humanos. Según las ONG´s las cifras oficiales sobre homicidios y otros delitos, proporcionadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Álvaro Vizcaíno, dan cuenta de los desastrosos resultados, durante la década de la militarización, iniciada por Felipe Calderón Hinojosa.

El jueves comenté en este espacio sobre las condiciones lastimosas de la Policía Federal, echados a la calle de hoteles donde no pueden cubrir el pago, con imágenes fotográficas para regocijo del crimen organizado: La sola imagen es absurda en un país con cifras récord de muertes del crimen organizado que rebasan la de todos los tiempos: Un grupo de infelices policías federales uniformados, echados a la calle de un hotel, sentados en el suelos con maletas y equipo, por falta de pago de la institución o de la promesa de cooperación de gobiernos estatales.

La fotografía forma parte de un álbum de la infamia que se repite una y otra vez para las divisiones de la Policía Federal, en Michoacán, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas y el estado de Héctor Astudillo.

Ridícula y humillante escena de la autoridad federal, mientras gastamos más de 5 mil millones de pesos en partidos políticos en el 2015, y en el 2018 el gasto rebasará los 11 mil millones. No hay duda, tenemos pervertidas las prioridades.

Permanecen secuestradas por intereses políticos que privilegian un sistema de beneficios incalculables, para una nomenclatura que brinca de un partido a otro, del Congreso a las Secretarías de Estado, a gubernaturas, a alcaldías, y visceversa, en un carrusel de tiempo inagotable, con esa esa especie de plaga impulsada por una dinámica de prebendas y corrupción.

Es la imagen de un estado débil, de costos incalculable en percepción de la autoridad federal frente a las corruptas policías estatales y municipales -para todos aquellos que tratan de desgarrar las vestiduras, voy a añadir ‘No todas’-.

Y a la vez es objeto de sarcasmo para todo tipo de cárteles, desde los pedestres hasta las firmas del Pacífico, Golfo, Nueva Generación, Zetas y más.

¿Por qué vemos a los Policías Federales durmiendo en campamentos insalubres, con innumerables carencias, comprando implementos de trabajo con dinero propio, y a otros con las maletas en la calle..? El fracaso histórico en seguridad pública será un arsenal para la oposición, para Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, Dante Delgado, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez.

La foto de los Policías Federales, con maletas en la calle me da vergüenza, y a la vez admiración por el estoicismo al mantenerse en pie, por aguantar lástima de los ciudadanos y burlas de los criminales. Todo se jode cuando los mañosos desbordan de presupuesto, y los eslabones de la seguridad son objeto de burla y abandono.

El gobierno federal se equivocó brutalmente en la lucha contra el crimen, los datos no mienten, sin embargo, avalar la Ley de Seguridad Interior, tal como está la propuesta, tolerante en grandes espacio para los abusos, que puede derivar en un estado policiaco con la aplicación del terror, ese sería un gran error histórico difícil de revertir.

José Meade, qué va a hacer con la corrupción y la delincuencia

Hugo Páez

Cuál es el proyecto de José Meade Kuribreña contra la delincuencia organizada y la corrupción, principales problemas en números y percepción, íntimamente ligados.

En los últimos 20 años, el mayor fracaso de los gobiernos federales se los lleva el PRI de este sexenio, con números récord en crímenes dolosos, en percepción y evidencia de corrupción.

En los último dos años señalé con números, el fracaso contra el crimen organizado, pero de enero a julio de este año, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 14 mil 190 carpetas de investigación por asesinatos dolosos, la cifra superan en 27.3% al 2016. Brutal, ya que el año pasado sorprendió el récord.

La pregunta vale para Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Miguel Mancera, Rafael Moreno Valle, Juan Carlos Romero Hicks y más, sin embargo, en cierta forma el priismo vende continuidad, o si se quiere, NO una ruptura profunda, no al menos en el discurso que trata de exaltar el ‘buen gobierno’.

No se entiende el binomio crimen - corrupción sin la complicidad de los Duarte, Javier y César en Veracruz y Chihuahua, Roberto Borge en Quintana Roo, Mario López Valdez en Sinaloa, Egidio Torre en Tamaulipas, los Moreira en Coahuila, Rodrigo Medina en Nuevo León, Fausto Vallejo en Michoacán y más.

¿Qué va a hacer Meade con la impunidad de la Conferencia de Gobernadores, una añeja queja desde Felipe Calderón hasta Enrique Peña Nieto, en voz de Miguel Osorio..?

Con más precisión ¿que va a hacer Meade con la fallida fusión de la Secretaría de Seguridad Pública en Gobernación..? sabemos que Osorio Chong y Renato Sales Heredia -este último tal vez por sintonía con su jefe- están satisfechos con los resultado del proyecto, tal vez sobrevaloran la credulidad ciudadana, y a partir de sus deducciones ilógicas llegan a concluir éxito, a pesar de la realidad y los gritos de Gustavo de Hoyos (Coparmex) y Francisco Torres Landa (México Unido Contra la Delincuencia) quienes exigen la separación de la SSP del natural tema político de Gobernación.

En la praxis, las ONG´s dedicadas al seguimiento del crimen organizado están convencidas que Osorio Chong politiza la toma de decisiones de seguridad pública, para favorecer, o no afectar, su aspiración presidencial.

¿Qué haría Meade Kuribreña en Los Pinos para impulsar la total autonomía del Sistema Nacional Anticorrupción, y el nombramiento del Fiscal del tema y la Fiscalía General de la República..?

No hay forma de eludir posiciones al respecto, ni siquiera bajo el argumento de la supuesta restricción electoral que no permite adelantar programas de gobierno.

Estamos ante proposiciones puntuales para solucionar problemas de primera prioridad, imposible que el INE de Lorenzo Córdova y consejeros se opongan a la exposición de ideas, vitales para la toma de decisiones del electorado.

Por ejemplo, las veces que hablé con candidatos a la gubernatura de Sinaloa, previamente deslizaban la sugerencia “Por favor NO toques el tema del narcotráfico”, imagine usted, charlar con aspirantes a la gubernatura de un estado ícono del narco, donde se refugió Joaquín “El Chapo” Guzmán las dos veces que se escapó de los penales de alta seguridad de Puente Grande y el Altiplano, sin tocar el tema.

Inaceptable cuando en los últimos dos años del sexenio de Mario López Valdez (2015-2016), se incrementó el 70% en los plantíos de amapola en el Triángulo Dorado, conformado por Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Dos preguntas fundamentales, de entrada, también para Aurelio Nuño, José Narro y Luis Videgaray.

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¿En dónde diablos está Culiacán, que nadie lo encuentra..?

Hugo Páez

Culiacán debe ser un lugar, recóndito, muy escondido, inexpugnable.

Ilegible en la cartografía nacional, por lo tanto, imposible de controlar por las Fuerzas Federales, donde grandes capos del narcotráfico tienen origen, y se mueven sin problema, como su ciudad santuario.

Así ocurre de antaño, pasando por los sexenios priistas de Leopoldo Sánchez Celis (1962), Alfredo Valdés Montoya (1968), Antonio Toledo Corro (1980), Francisco Labastida (1986), Juan Millán (1998), Jesús Aguilar Padilla (2004), Mario López Valdez (2010) y ahora Quirino Ordaz Coppel.

Culiacán, es lugar donde vivía El Chapo Guzmán hasta hace poco, ahí atraparon a Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo, después de que la Policía Federal esperó horas la llegada del Ejército.

Sitio de vivencias y convivencias de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, y de Nemesio López “El Licenciado” hasta que salió del santuario y fue capturado en la CDMX.

Culiacán, prisión para los privilegiados que se permiten escapar al día posterior de una gran fiesta de despedida en el penal de Aguaruto, la última, semanas atrás El Azulito Esparragoza, Pancho Chimal, Rafael Félix El Changuito Antrax y otros, salieron por la puerta franca.

Culiacán, donde asesinaron al periodista de Río Doce, Javier Valdez Cárdenas, de doce balazos, a las doce del día, el lunes 15 de mayo, el sexto abatido por el crimen en lo que va del año.

Las Fuerzas Federales toman ciudades como Zihuatanejo, en ocasiones Acapulco o alguna comunidad de Veracruz, desplazan a las policías locales, como en otras latitudes, pero NO en Culiacán.

Ocho meses atrás, un comando fuertemente armado masacró a cinco elementos de la Sedena de Salvador Cienfuegos, en el traslado de rescate de Julio Oscar Ortíz Vega El Kevin, posteriormente ejecutado en marzo de este año. Los militares fueron sometidos a fuego intenso durante más de 40 minutos, en medio de burlas con altavoces en las camionetas del cártel. La policía local apareció horas después, en el boulevard Orquideas, en donde creen… en Culiacán.

En el narcoestado mexicano, Culiacán debe ser el Shangri La, refugio y santuario, y al parecer el Gabinete de Seguridad entero desconoce sus coordenadas y lo que pasa ahí.

Imagino que en las juntas emergentes del gobierno federal, el mando máximo, debe preguntar a Miguel Osorio Chong, a Renato Sales Heredia, a Cienfuegos, al almirante Vidal Soberón Sanz: “¿Pues en dónde carajos está Culiacán, que ahí se fue refugiar El Chapo dos veces, y dos mil jóvenes protestaron por la avenida principal cuando fue recapturado?”.

Y Culiacán sigues escondido, escabulléndose entre la geografía de la corrupción, pero muy visitada por la pléyade de aspirantes a gobernador que se quedaron en el camino: Diva Gastélum, Alfredo Villegas, Amador Gaxiola, Aaron Irizar, Jesús Vizcarra, David López, Heriberto Galindo, Gerardo Vargas Landeros, Sergio Torres Félix y Óscar Lara Aréchiga, este último, ex Secretario de Finanzas de Juan Millán y Jesús Aguilar Padilla, investigado por una juez de Andorra España, por operaciones de lavado de dinero por 16.8 millones de dólares.

Así continúa Culiacán, como centro de operaciones del Triángulo Dorado que incrementó los plantíos de amapola en un 70% en los últimos dos años, para la producción a gran escala de heroína, y mucho más, con un nuevo comandante de la III Región Militar en sustitución del general Alfonso Duarte Mujica, quien permaneció en el cargo esos dos años, relevado por otro general, Juan Bernal Reyes, a días de tomar posesión Quirino Ordaz, y antes de una visita relámpago de Enrique Peña Nieto.

Culiacán, donde se instalan mujeres y hombres en franca vía pública para vender ‘dólares baratos’ a plena luz del día, unos con cajas de billetes verdes, y otros con carritos de hot dogs atiborrados de dólares con la frase “In God we Trust”, y por supuesto que la autoridad no ve.

Culiacán, donde un grupo de fieles a Jesús... Malverde, entran a la catedral del obispo Jonás Guerrero a descabezar santos y quemar bancas, el día del ‘Santo de los Narcos”.

Ahí, en esa zona etérea, hasta ahora imposible de encontrar en el mapa, quedó tendido el cuerpo del autor de los libros: Miss Narco, Los Morros del Narco, Narcoperiodismo y Levantones. Ahí, al medio día, en media avenida y con el sombrero alicaído.

   

   

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Sin transición NO hay rendición de cuentas de gobernadores

Hugo Páez

    

Insisto en la duda ¿Javier Duarte de Ochoa estaría enfrentando una investigación bajo procesado si hubiera ganado el candidato del PRI Héctor Yunes Landa la gubernatura de Veracruz..?

La historia habla de una continuidad cómplice en los estados, aún con evidencia brutal como la de Fidel Herrera Beltrán al entregar la estafeta de Duarte, y la de Tomás Yarrington Ruvalcaba con Eugenio Hernández Flores, y un larguísimo etcétera.

Los ex gobernadores detenidos o que enfrentan cargos, en entidades que no cambiaron de partido, lo hacen por presiones de Estados Unidos.  Ahí están los ejemplos de Mario Villanueva Madrid en Quintana Roo, de Yarrington y Hernández en Tamaulipas y el interino de Coahuila Jorge Torres López.

Pero NO todas las transiciones se apegan al Estado de Derecho, la más se han mostrado tolerantes, o simplemente en el desánimo de hacer justicia, por ejemplo, Silvano Aureoles Conejo se “olvidó” de Fausto Vallejo Figueroa con el pretexto del interinato de Salvador Jara Guerrero en Michoacán.

Quirino Ordaz Coppel hasta el momento NO toca a Mario López Valdez (Malova) ni con el pétalo de una investigación, a pesar del quebranto y el creciente nido de narcotráfico en Sinaloa y ‘estancia’ de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, en sus fugas.

La conclusión de botepronto es que la condición para aplicar la ley, como expresión de justicia para los ciudadanos saqueados y agraviados de los estados, es la transición, por lo tanto, la continuidad es parte de esa enfermedad sistémica, cómplice de la corrupción, sin importar el límite de la atrocidad.

Bajo esas premisas vemos los casos de Andrés Granier Melo (PRI) detenido bajo la intervención de Arturo Núñez Jiménez (PRD), de Javier Duarte (PRI) por Miguel Ángel Yunes Linares (PAN), los procesos contra César Duarte Jáquez (PRI) con la transición de Javier Corral Jurado (PAN); el de la gobernadora sonorense Claudia Pavlovich Arellano (PRI) con la detención de Guillermo Padrés Elías (PAN), Rodrigo Medina (PRI) con Jaime Rodríguez (Independiente) en Nuevo León, y habrá que darle tiempo a las señales de Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN) para ver qué hace con Egidio Torre Cantú (PRI) en Tamaulipas, a quien ya señaló por proteger con escoltas a Yarrington (PRI) y Eugenio Hernández (PRI), además de esperar el recaudo de pruebas de panista José Rosas Aispuro (PAN) contra Jorge Herrera Caldera (PRI) y una docena de funcionarios de Durango.

  La detención del Fiscal de Nayarit Edgar Villaseñor Veytia en Estados Unidos por narcotráfico a gran escala, no ha originado alguna investigación de la PGR de Raúl Cervantes Andrade contra el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, sin embargo, puede ser la oportunidad para el candidato del PRI Manuel Cota Jiménez o de el panista Antonio Echevarría García, una vez que se decida la elección.

Ni el más pintado de ingenuo piensa en Sandoval como el jefe del estado que se mantuvo al margen de las operaciones de su Fiscal, señalado durante años de nexos con el crimen organizado.

La continuidad ha jugado en contra, sin un Sistema Nacional Anticorrupción efectivo y totalmente autónomo, la aplicación de la ley será a voluntad del gobernador entrante, ahí está la historia del paraíso de Conago.

    

   

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El narco se burla y rebasa a Quirino en Sinaloa, ‘reventón’ y fuga del Azulito

Hugo Páez

     

Quirino Ordaz Coppel vive pendiente de lo políticamente correcto, y NO de los problemas reales de Sinaloa. El principal: el dominio del crimen organizado, exhibido en la arrogancia de organizar una fiesta con alcohol, drogas y mujeres en el penal de Aguaruto, horas antes de la fuga de Juan José Esparragoza Monzón, hijo de “El Azul”, uno de los íconos del Cártel de Sinaloa.

Como en todas las historias de corrupción, de inmediato el Secretario de Seguridad Pública, el General Genaro Robles Casillas, trató de culpar a los jueces, primero y cuarto, por amparar a los reos fugados, junto al “Azulito”: Alfonso Limón Sánchez, “El Limón”; Jesús Peña Gonzalez, “El 20”; Rafael Guadalupe Felix Núñez, “Changuito Ántrax”, y Francisco Javier Zazueta Rosales, “El Pancho Chimal”, a conciencia de que la autoridad ministerial debió solicitar Juez de Procesos el traslado inmediato, para invalidar la suspensión del traslado de los reos a un penal de Alta Seguridad.

Según el Consejo de la Judicatura Federal, los jueces están obligados por ley a suspender el traslado de reos, como medida cautelar. Un proceso fácil de revertir, con la simple solicitud del Ministerio Público.

No se hizo, como tampoco el gobierno de Quirino fue capaz de supervisar las condiciones de lujo de los reclusos de alta peligrosidad, y, en consecuencia, la sospecha de contubernio de la autoridad penitenciaria de Aguaruto, a cargo del Ejecutivo.

Desde la toma de posesión, el gobierno de Ordaz Coppel decidió no intervenir contra la tiranía del crimen organizado, sino en ver la forma en que pueda acomodarse a sus maneras.

Eso mismo ocurrió al Jefe del Gabinete de Seguridad Miguel Osorio Chong con la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a quien los custodios del Altiplano le llamaban respetuosamente “Don Joaquín”, documentado en videos de la fuga. Osorio reintegró en noviembre nuevamente a Monte Alejandro Rubido a Gobernación, cesado de la Comisión Nacional de Seguridad, sector a cargo del penal.

El Chapo fue capturado en Mazatlán, y después de la fuga del Altiplano, en Los Mochis Sinaloa. Evidentemente se sentía protegido, seguro “en casa”, hasta el momento ningún alto mando de seguridad estatal tiene un proceso por eso, y nada molesta al ex gobernador Mario López Valdéz -avatar del triunfo del PRI en el estado- en sus paseos en Maserati en San Diego. Ni Quirino lo ha llamado a cuentas.

Hasta el momento, la corrección política del gobernador de Sinaloa no da señales de investigar a Malova. Julio Ortíz Vega “El Kevin” fue encontrado “encobijado con cinta canela”, cinco meses después de masacrar a cinco elementos del Ejército en la zona conurbada de Culiacán, los plantíos de amapola aumentaron 70% en dos años en el Triángulo Dorado, y en consecuencia la producción de heroína, donde domina Sinaloa.

La corrupción NO solo es dinero.

No tiene sentido ignorar el dominio de la violencia para blanquear la situación de rosa. La idea de culpar a los jueces por la fuga de cinco reos peligrosos fue un movimiento desesperado del General Genaro, que obligó a la reacción del Poder Judicial Federal de Luis María Aguilar.

Cinco días pasaron y el procurador Raúl Cervantes Andrade no decide atraer la investigación donde evidentemente la autoridad estatal es motivo de sospecha a los niveles más altos.

Pero sí hay que aventarle todo el aparato federal a Andrés Manuel López Obrador por atreverse a sospechar de la sacralidad de las Fuerzas Federales.

    

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