Hugo Páez
Quizá no exista un disolvente más poderoso que el tiempo, a eso le apuestan en el caso de Pegasus, con elementos compra fraudulenta por 460 millones de pesos en la PGR de Jesús Murillo Karam en el 2014 a la empresa subsidiaria Techbull S.A. de C.V., que no soportó las mínimas pruebas de operación tecnológica.
El primer arranque del malware de espionaje, con 500 posiciones contratadas, lo cedió el entonces procurador, a Crisógono de Jesús Díaz Cervantes “Quicho”, titular de la Unidad Especializada de Análisis Financiero (UEAF), como servicio directo en dos computadoras, a la Sedena de Salvador Cienfuegos Zepeda, para la operación de 150 posiciones que le fueron retiradas a la llegada de Arely Gómez González a la PGR, en marzo del 2015, y se remitieron a la Agencia de Investigación Criminal de Tomás Zerón de Lucio, a través de Christian Ramírez Gutiérrez, Jefe de la Oficina de la procuradora, a pesar de que en algún momento en documentos pasó por el CENAPI y fue solicitado por la SEIDO y de nuevo por la UEAF.
En ese momento no se presentaron orden judicial, como requisito de ley para ese uso, a todas luces un delito tipificado. El peor de los absurdos es que la investigación de los números utilizados por Quicho correspondían a casi puras mujeres. Al parecer, el espionaje, al menos en el arranque, se utilizó con propósitos pasionales, sin embargo, me dicen fuentes muy confiables, que la adquisición de posiciones de Pegasus por Sedena y por el CISEN, elevan la cantidad erogada para la compra del malware que podría rebasar los mil millones de pesos, ya que la dependencia de Eugenio Imaz Gispert, adquirió 1500 posiciones.
¿Quien inoculó teléfonos de Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Juan Padinas, Salvador Camarena, Ricardo Anaya Cortés, Fernando Rodríguez Doval, y otras víctimas de espionaje..? con un simple análisis tecnológico se podría deducir el origen de la siembra de virus, a partir del dominio de la dirección IP de envío.
De hecho, Sedena sembró una pregunta con redacción mal hecha a propósito, a través de Transparencia, para responder que NO había espiado.
Si no fuera por el costo multimillonario del software adquirido por Murillo Karam, donde Gerardo Ruiz Dosal, hijo del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, jugó un papel clave interdependencias, lo que voy a narrar a continuación sería de humor involuntario.
A la salida de Jesús Murillo de PGR, se realizaron pruebas de inoculación del malware en una veintena de teléfonos, adquiridos para ese propósito.
Una de las pruebas era enviar a personal a distintos puntos de la ciudad para ver la efectividad de la inoculación. En los teléfonos Samsung y Sony, aún si activar conversación alguna, funcionó la geolocalización, la cámara enviaba señal al centro de control y el micrófono captó sonidos, peeero, NO funcionaron los Iphone 5, 6 y hora 7, el aparato de más uso en el perfil de los usuarios - objetivo, del espionaje.
La letra chiquita del contrato dice que solamente para ciertas versiones del sistema operativo IOS de Apple, funciona el malware, esto es, cada tres meses habría que comprar actualizaciones del software.
Estas fuentes confiables me aseguran que la Sedena jamás pudo operar con regularidad el sistema, a causa de estas restricciones tecnológicas, pero las mil 500 posiciones del CISEN, que extrapolado a 460 millones por cada 500 (32 millones de dólares), debe significar un costo superior a mil 200 millones, si opera el sistema de espionaje, y habrá de investigarse si hubo compra de actualizaciones.
La efectividad está probada, en imagen, voz y datos, y aún con los aparatos apagados y sin pila, funciona la geolocalización. Brutal y sórdido si se prueba el espionaje político.
¿Y las órdenes judiciales para intervenir las comunicaciones utilizadas en cada una de las posiciones..? Una buena pregunta para el Poder Judicial de Luis María Aguilar Morales.
